¿Por qué la JEP en su fallo habla de toma de rehenes y no de secuestro?

¿Qué implicaciones políticas y penales tiene para estos ocho exjefes de las FARC que la imputación de las JEP denomine toma de rehenes y que sean delitos de lesa humanidad?

María Alejandra Villamizar: El cambio en la denominación del delito viene así de la Fiscalía, ha dicho la JEP. Que así estaban abiertos los casos en la justicia ordinaria.

Para las víctimas es clave el nombre que tiene. Ellos estuvieron sometidos a un crimen, es de una gravedad contundente lo que está incluido en la imputación de la JEP.

Secuestro es un término más común para llamar este tipo de delito, pero jurídicamente es así como está determinado que deba decirse.

Ahí no hay un asunto que pueda caracterizarse como quitarle peso a la imputación de la JEP. Esto no es un tema semántico, es como corresponde a los temas jurídicos.

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¿Por qué los delitos de lesa humanidad no prescriben?

MAV: Los delitos de lesa humanidad son tan graves que deben seguir investigándose. Por esto, por ejemplo, en el caso de magnicidios como el de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez, la Fiscalía los ha denominado de lesa humanidad.

Tenemos muchos delitos de lesa humanidad, lamentablemente, en Colombia.

La dureza de esta imputación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad da cuenta de la seriedad que este tribunal de Justicia Especial para la Paz le da a ejercer justicia en el marco de un acuerdo de paz.

Tenemos que entender que no es una justicia ordinaria la que está tramitando un paso tan importante de pasar de un conflicto armado a un proceso de reconciliación.

¿Si estos ocho exjefes de las FARC aceptan estos cargos, se cierra este capítulo?

MAV: El proceso en la JEP es largo. Es la primera imputación.

Recordemos que la JEP tiene un plazo de 15 años, con 5 años más que se pueden prorrogar, para el trabajo alrededor de establecer la verdad.

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Estos ocho exmiembros de las FARC tienen ahora 30 días para responder a la imputación.

MAV: Tienen varios caminos. Por un lado, aceptar la responsabilidad. Si aceptan, empezará un proceso de sanción que la JEP evaluará en su momento.

Si aceptan parcialmente, tienen que interponer un alegato. El tribunal procesará ese alegato y esas pruebas, teniendo siempre en cuenta a las víctimas.

Si no aceptan, y la JEP comprueba que faltan a la verdad, podrían perder beneficios e ir a la justicia ordinaria. Perder los derechos que han adquirido por ser parte del proceso de paz.

Las sanciones en el caso de que lo acepten y asuman la responsabilidad de los casos que hoy se imputan están entre 5 y 8 años de una sanción propia que será privación de la libertad en sitios que no sean espacios carcelarios.

Cuál es el futuro de los exjefes de las FARC que hoy son congresistas al tener que responder por delitos de lesa humanidad, ¿podrían perder esas curules?

MAV: En el acuerdo de paz quedo explicito que ninguna sanción hará perder los derechos políticos. Esto pese a que puede ser muy doloroso y uno de los pasos más difíciles de entender. El proceso del paso de un conflicto armado a un proceso de paz tiene unos costos.

Estas personas seguirían haciendo política, no tienen ningún impedimento.