En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó este martes la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán "por desconocer los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes". El Ministerio Público ratificó que "la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado". Al tratarse de un fallo de segunda instancia, no admite ningún tipo de recurso.
El ente de control ratificó, además, que la determinación adoptada por el exministro se fundamentó en el hecho de que al proceso únicamente se presentó un único oferente, con lo que ya estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, dado que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.
En ese sentido, el Ministerio Público confirmó que Leyva desconoció con su actuación "los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó su falta disciplinaria de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo".
A finales de 2023 Leyva, entonces canciller, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque a ese contrato le quedaban todavía tres años. En medio de las discusiones sobre a quién darle el nuevo contrato, la Procuraduría suspendió a Leyva del cargo, y su sucesores, Luis Gilberto Murillo, y Laura Sarabia, tampoco lograron resolver el problema de los pasaportes.
Cabe señalar que la Procuraduría amplió la semana pasada a seis funcionarios de distintas áreas del Gobierno la investigación abierta a la canciller Rosa Villavicencio por supuestas irregularidades en el manejo del contrato para la emisión de pasaportes. La ampliación de la investigación se anunció un día después de que el Gobierno firmó con la empresa Thomas Greg & Sons una prórroga por ocho meses, hasta el 30 de abril de 2026, del contrato para la fabricación de pasaportes, con lo cual se evita la escasez de esos documentos de viaje.
La investigación inicial fue ordenada el pasado 29 de julio contra la canciller "por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes". Según el Ministerio Público, se "revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación (...) para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar (...) al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual".
Para sustituir a Thomas Greg & Sons el Gobierno decidió que la fabricación de pasaportes debe hacerla la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que ha sido objeto de numerosas críticas, incluso de Sarabia, quien denunció que la Imprenta carece de capacidad técnica para producir los documentos de viaje. Mientras avanzan las investigaciones, la fabricación de los pasaportes seguirá a cargo de Thomas Greg & Sons, al menos hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que el Gobierno espera que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal puedan asumir esa tarea.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL
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