¿Qué delitos serán indultados? ABC de ley de amnistía para FARC y FF. MM.

El Congreso de Colombia aprobó una ley de amnistía que el gobierno calificó de "histórica" y como el primer paso para la consolidación del acuerdo de paz alcanzado a finales de noviembre con la guerrilla FARC.

"Gracias al Congreso que con votación histórica aprobó Ley de Amnistía, primer paso para la consolidación de la paz", escribió el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta en Twitter.

La normativa, que otorga tratamiento jurídico especial, amnistía e indulto a miembros de las FARC señalados de delitos políticos y conexos, fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 0 en contra y más temprano en la Cámara de Representantes con 121 a favor y 0 en contra.

El derechista Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a lo sellado, participó en los debates pero abandonó ambos recintos antes de la votación.

"Saludamos aprobación de la Ley de Amnistía, este es un paso más, en el largo camino que tenemos que transitar los Colombianos hacia La Paz", tuiteó el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño ("Timochenko").

La norma hace parte del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre por el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la principal guerrilla del país, para superar un conflicto armado de más de medio siglo.

La ley excluye de sus beneficios a los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Según el acuerdo de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.

Ahora "5.700 guerrilleros comenzarán a bajar del monte y entregar sus armas", dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, citado en un comunicado de su despacho.

El trámite en ambas cámaras se realizó en sesiones extraordinarias a través de un mecanismo de vía rápida ("fast track") que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz.