Los recientes hechos de violencia en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander mantienen en alerta a la comunidad y a las autoridades en la región. El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la capital nortesantandereana y aspirante a la Alcaldía, así como un atentado cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, han generado preguntas sobre la seguridad, la presencia de grupos armados ilegales y la capacidad del Estado para garantizar el control territorial.
En Sala de Prensa, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, conversó con Ignacio Arango, periodista y director del medio digital Cúcuta 75, y Jairo Eduardo Oviedo, coordinador regional de la Misión de Observación Electoral (MOE) para Norte de Santander. Ambor expusieron diferentes aspectos del panorama de seguridad, entre ellos los ataques contra la Fuerza Pública, la violencia contra líderes sociales y políticos, las amenazas a periodistas y las dificultades para desarrollar actividades electorales en el departamento.
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Al referirse al panorama de la región, Arango fue contundente: “La situación es terrible”. El periodista explicó que los ataques contra la Fuerza Pública también preocupan a las autoridades y aseguró que, durante 2026, se habían registrado más de cuatro hechos violentos contra uniformados en Cúcuta y su área metropolitana.
Violencia contra líderes sociales y políticos
Las cifras presentadas por la MOE dan cuenta de las agresiones que afectan a quienes participan en la vida social y política del departamento. Según Jairo Eduardo Oviedo, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 17 hechos de violencia contra líderes sociales y políticos en Norte de Santander.
Estos casos incluyen asesinatos, atentados, amenazas y secuestros, situaciones que, de acuerdo con el funcionario, afectan las condiciones para el ejercicio político en la región.
Uno de los hechos más recientes fue el asesinato de Miguel Castellanos, quien había ocupado la Secretaría de Gobierno de Cúcuta y tenía aspiraciones de participar en las elecciones locales de octubre de 2027. Su homicidio se sumó al del periodista Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio de 2026, otro caso de sicariato en la capital del departamento.
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Herrera hacía parte del equipo de Cúcuta 75, que pasó de seis a cinco integrantes después de su muerte, ocurrida el 6 de junio de 2026. Al explicar por qué considera que su trabajo genera amenazas, Arango respondió: “El informar, el investigar, el profundizar la noticia”.
Por su parte, el coordinador regional recordó que, desde enero de 2025, la guerra entre grupos armados ilegales se recrudeció en el Catatumbo y tuvo consecuencias en otros territorios del departamento. “Y cuando hay estas espirales de violencia, los actores políticos, los actores institucionales, indudablemente caen en esta dinámica”, explicó.
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El funcionario también señaló que los grupos armados ilegales buscan ampliar su poder y, en ese proceso, afectan el funcionamiento de las instituciones y el ejercicio de la política.
A este escenario se suman factores como el tráfico de sustancias ilícitas, los cultivos ilegales y la presencia de estructuras delincuenciales, que inciden en la vida cotidiana de las comunidades y en las condiciones para ejercer funciones públicas.
Más de 20 bandas delincuenciales
En medio de la conversación, Ignacio Arango afirmó que en Cúcuta existen más de 20 bandas delincuenciales y advirtió sobre los riesgos que representa su presencia para el trabajo de los medios de comunicación.
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Según el periodista, estas estructuras intentan instrumentalizar a los medios y, en algunos casos, a actores políticos del departamento. También señaló que las disputas por las rentas ilegales generan enfrentamientos en distintos sectores de la ciudad.
Uno de los lugares mencionados fue El Escobal, donde ocurrió el atentado cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander. Arango explicó que allí existen varios pasos irregulares que conectan a Colombia con Venezuela. Según su relato, en esa zona delinque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se cobran pagos ilegales para permitir el paso del contrabando entre los dos países.
¿Por qué es difícil recuperar el control territorial?
Al explicar los antecedentes de la situación, Jairo Eduardo Oviedo se refirió a los cambios que se produjeron después del acuerdo de paz firmado hace diez años con las FARC.
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Según su análisis, aunque un sector importante de esa guerrilla dejó las armas y cumplió con el acuerdo, el Estado no llegó oportunamente con la inversión social y la presencia institucional necesarias a determinados territorios.
“Ese vacío que dejaron algunos sectores que se desmovilizaron fue ocupado rápidamente por otros actores armados al margen de la ley”, explicó.
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Además, señaló que, en el contexto de las disputas criminales, la salida o muerte de un líder ilegal puede desencadenar enfrentamientos por el control de los territorios y los mercados ilícitos.
El coordinador regional también mencionó la presencia de organizaciones delincuenciales provenientes de Venezuela como uno de los factores que, según su análisis, han contribuido al agravamiento de las condiciones de seguridad.
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En ese contexto, el funcionario sostuvo que la recuperación de la seguridad requiere fortalecer la presencia del Estado en las zonas donde los grupos armados ilegales ejercen control.
Las garantías para las elecciones de 2027, otra preocupación
La violencia en Norte de Santander también genera preocupación por las condiciones en las que se desarrollarán las próximas elecciones locales, previstas para octubre de 2027.
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Oviedo advirtió que los candidatos enfrentan dificultades para desplazarse por algunas zonas del departamento y recordó que aspirantes a las curules especiales de paz han denunciado retenciones en vías por parte de grupos armados ilegales.
A su juicio, estas condiciones pueden limitar el desarrollo de las campañas y dificultar que todos los aspirantes participen en igualdad de condiciones.
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Por esa razón, la MOE ha insistido en la necesidad de que las autoridades adopten medidas de protección para los candidatos, sus equipos y la ciudadanía.
“Es muy riesgoso para todos los actores políticos el ejercicio proselitista en el departamento”, afirmó Oviedo.
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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co