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Pocas horas después de que se informara la liberación de Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, dos soldados que habían sido retenidos el lunes 3 de noviembre en medio de un operativo en zona rural de la vereda de Getsemaní, en La Macarena, Meta, los militares volvieron a ser retenidos.
Los uniformados habían hecho parte de una operación de acompañamiento al CTI de la Fiscalía General de la Nación, donde ingresaron a una vivienda en la que encontraron droga, armamento, munición y dinero en efectivo. Por los hechos detuvieron a una mujer, que fue extraída en un helicóptero.
Tras la captura, los militares fueron rodeados por unas 400 personas y secuestraron a cuatro de ellos "bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarcá", jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), lo que confirma "la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades", señaló en su momento el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El Ejército detalló que un teniente y un soldado fueron liberados, pero los otros uniformados quedaron bajo poder de presuntos disidentes, quienes los obligaron “a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil”.
Este martes, poco antes del mediodía, se informó que los miembros de la fuerza pública fueron entregados a un sacerdote, a 22 kilómetros de donde habían sido secuestrados.
Cuando la comisión de la MAPP/OEA se desplazaba en camionetas hacia el punto donde estaban los militares, se conoció que habían vuelto a ser secuestrados.
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A través de un comunicado, la “delegación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, las FARC EP y comunidades” exigieron la liberación de la mujer capturada un día antes.
Según el texto, se trata de “Liceth Daza Hoyos, quien se encontraba presente en el lugar. Por este motivo como prenda de garantía las comunidades realizaron la detención de dos soldados en lugar”.
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Asegura la comunidad “que la señora Daza Hoyos no es responsable de los hechos que motivaron el operativo, ya que no era el objetivo de la intervención ni figura como propietaria del predio en cuestión. Además, es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a tres menores de edad, lo que la ubica en una situación de especial vulnerabilidad”.
Una de las peticiones para entregar a los militares es “que la señora Liceth Daza Hoyos esté presente en cualquier proceso de negociación relacionado con la liberación de los soldados, en reconocimiento de su condición y para asegurar un diálogo justo y transparente”.
Por su parte, el Ejército expresó su rechazo por “el secuestro de nuestros soldados de la Fuerza de Tarea Omega”, quienes “cumplen con la misión constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad en el territorio. Exigimos su liberación inmediata y el respeto por su vida e integridad. Ningún integrante de la Fuerza Pública debe ser usado como medio de presión por estructuras criminales o ante pretensiones ilógicas”.
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE STEPHANIE VALENCIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL