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Durante las últimas décadas, el acceso al crédito en Colombia ha estado profundamente vinculado al historial financiero de las personas, medido a través de reportes en centrales de riesgo como Datacrédito, TransUnion y Cifin. Estos reportes recogen toda clase de comportamiento en el pago de obligaciones: desde compromisos puntuales hasta moras prolongadas.
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La permanencia de datos negativos ha sido durante años una barrera sustancial para quienes intentan acceder a productos financieros, arrendar vivienda, acceder a servicios públicos o incluso estudiar. Fue precisamente este contexto adverso el factor detonante que llevó a la sanción de la primera Ley Borrón y Cuenta Nueva. Este 2025, se debate en el Congreso una alternativa que da continuidad a esta primera ley, y es la Borrón y Cuenta Nueva 2.0.
El proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 fue radicado en el Congreso por el representante Alejandro Ocampo, del partido Pacto Histórico, y ha avanzado en su trámite legislativo desde mediados de 2025. En su primer debate, realizado el 10 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la iniciativa fue aprobada con un consenso amplio. Una de las innovaciones clave es el llamado régimen especial excepcional que permite eliminar los reportes negativos en un máximo de dos meses después de saldar la deuda, a quienes paguen dentro del año siguiente a la vigencia de la norma, o incluso a quienes ya lo hicieron antes de su entrada en vigor.
Este proyecto de ley estatutaria, identificado como el PL 205 de 2024, extiende los beneficios del régimen transitorio por un año adicional y agiliza el proceso de limpieza de historial. Calcula que cerca de 14 millones de colombianos podrían verse beneficiados, no sólo por deudas financieras, sino también por obligaciones con Icetex, créditos de vivienda, micro y pequeñas empresas, productores agropecuarios, sector turístico e independientes. El propósito es que estas personas puedan reintegrarse con mayor facilidad al sistema crediticio formal y que se promueva una inclusión financiera más equilibrada.
El articulado del proyecto establece cinco medidas principales. En primer lugar, fija el plazo de hasta un año desde la promulgación de la ley para que los deudores se pongan al día. En segundo lugar, contempla la eliminación acelerada en un plazo máximo de dos meses tras pagar. En tercera instancia, incluye efecto retroactivo: quienes ya hayan liquidado sus obligaciones antes de aprobarse la norma podrán también eliminar los reportes negativos.
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Cuarto, incorpora un tratamiento especial para obligaciones de Icetex, con enfoque en jóvenes y familias vulnerables. Y, finalmente, modifica los plazos máximos de permanencia: donde antes podían registrar moras hasta por cuatro años tras el pago, ahora se reduce a seis meses incluso para nuevos reportes.
Para acceder a los beneficios de esta ley 2.0, el proyecto establece ciertos requisitos básicos. El primero y fundamental es haber saldado la deuda dentro del plazo transitorio (doce meses desde la promulgación o haberla pagado antes). También es primordial no estar reportado por fraude o delitos financieros; además, las deudas deben ser con entidades autorizadas y el titular de la información debe cumplir condiciones claras y específicas aún en definición. A su vez, la norma prioriza deudas menores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que amplía su alcance sobre sectores como vivienda de interés social y créditos educativos.
Un aspecto central es la eliminación inmediata del reporte negativo tras la confirmación del pago. Según el proyecto, una vez que el deudor cumpla, las centrales de riesgo deben limpiar el historial en un plazo que no supere los dos meses, lo que busca eliminar la penalidad excesiva actual y devolver más rápidamente el perfil crediticio de la persona. En el caso de obligaciones preexistentes, el proceso es aún más expedito, pues se eliminan tan pronto se apruebe la ley.
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Además, se han identificado beneficios adicionales. Por ejemplo, quienes paguen responsabilidad y sistemáticamente sus obligaciones de vivienda o educativos durante seis meses seguidos podrían tener un régimen preferente para limpieza inmediata.
El respaldo y reconocimiento a esta propuesta han sido amplios. En el Congreso, la aprobación del primer debate contó con 30 proposiciones avaladas de un total de 46. También obtuvo el apoyo informal de la Corte Constitucional, que respaldó que el mecanismo no implique condonación de deudas sino una corrección equitativa en favor de quienes han cumplido con su responsabilidad económica.
Promulgada en octubre de 2021 mediante la Ley 2157, la primera versión de esta normativa introdujo una especie de amnistía condicionada que permitió a los colombianos limpiar parcialmente su historial crediticio. La medida estableció que las personas que pagaran deudas reportadas con mora dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigor podrían reducir el tiempo de permanencia del reporte negativo.
De ese modo, una deuda con mora superior a seis meses, si se saldaba dentro de ese año transitorio, solo permanecía en el sistema entre seis meses, contados desde el pago. En tanto, moras menores a seis meses mantenían la misma duración en el reporte. Por su parte, quienes ya hubiesen cancelado sus obligaciones antes del inicio de la vigencia y cumplían seis meses tras la mora, podían solicitar la eliminación inmediata del dato negativo.
A partir de esa norma, más de 2,5 millones de compromisos financieros con reporte adverso fueron corregidos en los primeros dos meses de aplicación, según cifras de Datacrédito Experian. No obstante, el alcance real de este mecanismo fue limitado: de las aproximadamente 16 millones de personas con reportes negativos, solo 1,7 millones lograron beneficiarse realmente de la medida. La insuficiencia del alcance se atribuyó a diversos factores: altas tasas de interés, dificultades económicas todavía latentes por la pandemia y, en general, impedimentos para que muchos lograran ponerse al día y cumplir con los requisitos dentro del plazo establecido.
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Hay quienes señalaron que la norma, si bien positiva en su intención, no fue lo suficientemente contundente para impulsar una verdadera reactivación del acceso al crédito en sectores vulnerables. En esencia, si bien abrió una puerta para quienes lograron salir de mora, millones siguieron excluidos por motivos económicos o estructurales. Esto promovió el surgimiento del proyecto de ley “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, cuyo objetivo es, precisamente, cerrar es brechas identificadas.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL