El panorama para las plataformas digitales de transporte en Colombia enfrenta un giro radical tras la radicación de un proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional. La iniciativa, que busca frenar la operación de estos servicios, no solo contempla la prohibición de la actividad, sino que establece un régimen de sanciones económicas y administrativas sin precedentes para conductores, usuarios e incluso unidades residenciales.
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El proyecto, que ahora pasará a ser debatido en el Congreso de la República (el cual decidirá si se regularán o se prohibirán estos servicios) contempla una escala de inmovilización de los vehículos que dejaría a miles de personas sin su herramienta de trabajo por periodos prolongados:
- Primera vez: 60 días de inmovilización.
- Segunda vez: 90 días.
- Tercera vez: Hasta 120 días (4 meses) sin el vehículo.
José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que agrupa a estas plataformas, calificó la medida de extrema: “Es un proyecto de ley completamente draconiano, autoritario, regresivo, que contempla un amplio menú de medidas que terminan afectando a conductores, a usuarios, a empresas de plataformas”. Sobre la inmovilización, manifestó: “A los conductores que trabajan honradamente con sus vehículos les imponen movilizaciones... 4 meses sin el carro con el cual llevan el sustento a la casa”.
Las multas que recibirían quienes usen aplicaciones de transporte
Uno de los puntos más polémicos del documento es el esquema de multas directas. Según el texto, tanto los conductores como los ciudadanos que utilicen estas aplicaciones podrían enfrentar sanciones de hasta 4,7 millones de pesos por cada servicio prestado o tomado.
La normativa extiende la responsabilidad a terceros, afectando directamente a los conjuntos residenciales. El proyecto autoriza multas para las copropiedades que faciliten el estacionamiento de vehículos vinculados a estas plataformas. “Llega el punto que a los conjuntos de propiedad horizontal, según el proyecto de ley, les pueden imponer multas de hasta más de 726 millones de pesos... por permitir el parqueo o facilitar el parqueo de estos servicios prestados con vehículo particular”, advirtió López.
Otras reacciones al proyecto de ley
Además de López, tanto ciudadanos como directamente las aplicaciones de transporte han reaccionado al proyecto de ley. Mientras algunos sectores piden igualdad de condiciones frente al servicio público tradicional, otros temen por su movilidad y sustento.
Un conductor consultado por Noticias Caracol manifestó que la regulación sería justa si se equiparan los costos: “Me parece que sí sería válido que regulen las plataformas en la medida en que pues también entren a participen también de los mismos costos que tiene el vehículo de servicio público el taxi... que está regulado a través de un seguro que es por ejemplo el seguro contractual y extracontractual”.
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Por el contrario, los usuarios defienden la libertad de elección basándose en la calidad del servicio. Una ciudadana entrevistada afirmó: “No estoy tan de acuerdo porqe el servicio que prestan los demás, aparte del Uber, son bastante malos. Entonces uno no toma Uber como porque sí, sino porque en verdad es la mejor opción que existe”.
La empresa Uber, por su parte, manifestó su rechazo y afirmó que el proyecto de ley "confunde la innovación con amenaza y traslada a la fuerza pública un debate que debería darse en el marco del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad del país".
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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL