La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa mediante la formulación de cargos en contra de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC (Movistar). De acuerdo con la entidad, la importante empresa recibió múltiples denuncias de usuarios que manifestaron inconformidad ante cobros efectuados sin su consentimiento.
La entidad comenzó la investigación en el ejercicio de sus funciones como autoridad de vigilancia, inspección y control para la protección de los usuarios de servicios de comunicaciones. "Mediante la formulación de cargos contenida en la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026. Lo anterior, como resultado de múltiples denuncias presentadas por usuarios que manifestaron su inconformidad ante cobros efectuados por equipos repetidores Baseport, realizados sin su consentimiento previo y expreso, conducta que podría vulnerar el derecho de libre elección de los consumidores", según se lee en un comunicado compartido este 9 de abril de 2026.
¿Qué es lo que investiga la SIC sobre Movistar?
La SIC explicó que se inició la etapa de averiguación preliminar. "Como resultado del análisis de la información aportada por los denunciantes y la recaudada por esta Entidad, se formuló pliego de cargos para establecer si Movistar vulneró el derecho que tienen los usuarios a elegir en todo momento los equipos utilizados para acceder al servicio, sin que pueda presumirse de su voluntad, teniendo en cuenta que al parecer se les habría estado facturando equipos repetidores de WiFi", explicaron.
La empresa no habría contado con el expreso consentimiento de los usuarios para realizar el cobro por los repetidores. Los hechos fueron reportados como que habrían ocurrido entre agosto de 2020 y mayo de 2024. "El operador habría infringido el derecho de los usuarios de conocer las tarifas aplicables a los servicios contratados, si se tiene en cuenta que habría generado cobros sorpresa, al facturar cargos que no habían sido informados ni aceptados con anterioridad por los quejosos", agregó la entidad.
La SIC dijo que también se formuló como cargo el presunto desconocimiento del derecho de los usuarios a recibir información suficiente, oportuna y comprobable "al no mantener el contrato único de prestación de servicios fijos actualizado y garantizar el acceso de su contenido a los usuarios". En caso de comprobarse, la entidad podrá imponer multas de hasta 15.000 SMLM por cada infracción al investigado. "A partir de su notificación el investigado cuenta con el término legal de 15 días para ejercer su derecho de defensa y contradicción", concluyó la entidad en el comunicado.
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MATEO MEDINA ESCOBAR
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