El negocio más ambicioso de Cemex Colombia quedó hace cinco años en un limbo judicial. A raíz de una denuncia que interpuso la propia compañía en septiembre del 2016 se puso al descubierto cómo el proyecto que buscaba producir un millón de toneladas de cemento se negoció con una cuestionada firma vinculada a José Aldemar Moncada, uno de los hombres claves del desfalco a la DIAN, asesinado en el 2016.
"Es evidente cómo los aquí denunciados llegaron a un acuerdo para defraudar a Cemex Colombia SA, a favor -en principio- de Eugenio Correa Díaz, aprovechando el desarrollo del proyecto Maceo y abusando de las facultades que tenían frente a los recursos de la empresa", dice un aparte del documento de la denuncia en poder de la Fiscalía.
La denuncia fue radicada ante el exfiscal Néstor Humberto Martínez y, según la multinacional, se pagaron fraudulentamente 20 millones de dólares en favor de Eugenio Correa Díaz, un tercero que sirvió de intermediario en el negocio para adquirir los terrenos de Maceo, en el Magdalena Medio. El millonario proyecto terminó enredado indefinidamente, pues los predios en donde se desarrolla resultaron estar afectados en un proceso de extinción de dominio.
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El escándalo produjo el desplome de los principales directivos de Cemex en Colombia. Hasta ahora, el único proceso que ha terminado en sentencia es el de Camilo González, exvicepresidente Jurídico de Cemex, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 32 meses.
“Aquí hace falta el señor Carlos Jacks, era el director país de Cemex Colombia. Era mi jefe directo. Yo le reportaba directamente, era parte de su equipo de trabajo”, señaló González en una declaración.
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La versión de este exdirectivo es ahora la base para una nueva imputación de cargos el próximo 20 de agosto. Esta vez contra el mexicano Carlos Jacks Chavarría, quien fue presidente de Cemex Colombia y duró más de 24 años vinculado a la multinacional dirigiendo sus oficinas en República Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico.
“El señor Carlos Jacks, para esa época presidente de Cemex Colombia y para esa época director de Cemex Latam Holdings, autoriza…no autoriza, él mismo toma la decisión de hacer un pago de 3 millones de dólares pese a que estaba enterado -porque así se lo puse de presente-, que había un proceso de extinción de dominio”, recalcó González.
Según el exvicepresidente jurídico, en el proceso para la compra del lote hubo ocultamiento de hechos al mercado público de valores en Colombia, México y Estados Unidos, alteración de estados financieros y pagos indebidos a funcionarios públicos (alcalde y concejales de Maceo).
“El señor Jacks conocía el negocio, sabía, estaba enterado; yo no actué a espaldas de él cuando firmé ese memorando de entendimiento. Yo simplemente cumplí con una instrucción que él me dio. Recuerdo mucho cuando el señor Carlos Jacks tomó la decisión de hacer este pago de 3 millones, el señor Édgar Ángeles y yo nos opusimos. Édgar Ángeles era el vicepresidente de Operaciones de toda la región. Nos opusimos a que se hiciera ese pago porque sabíamos que ya estaba en curso la extinción de dominio”, indicó el exfuncionario González.
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En el expediente en poder de la Fiscalía aparecen decenas de correos electrónicos que dan cuenta de cómo presuntamente Carlos Jacks era informado de los problemas legales que tenía el lote y autorizaba los pagos.
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“Sigue en proceso de liberación, por parte de la Fiscalía, el terreno donde se está construyendo la planta para la molienda de cemento”, precisa uno de los informes enviados a Jacks.
También se investiga su cercanía con Eugenio Correa Díaz, el intermediario quien tiene orden de captura en Colombia y estaría colaborando en Estados Unidos.
Jacks será imputado por el delito de administración desleal y su caso podría destapar para Colombia un capítulo de corrupción que toca a varias campañas políticas. Otros implicados en este caso ya han rendido su versión en Estados Unidos.