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El hallazgo de armamento y dinero en una caravana custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que viajaban siete jefes de disidencias de las Farc causó polémica en Colombia el pasado 23 de julio del 2024. El retén del Ejército fue en Anorí, Antioquia, y en esos vehículos estaba Alexander Díaz, alias Calarcá, quien finalmente quedó en libertad debido a que, en ese momento, era gestor de paz al adelantar un proceso de paz con el Gobierno.
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La propia Luz Adriana Camargo, fiscal general, ordenó la libertad de la mayoría de los detenidos debido a que eran gestores de paz y, por lo tanto, no podían ser capturados pese a la situación de flagrancia. Sin embargo, en esa operación del Ejército no solo se hallaron armas, sino que se encontraron aparatos electrónicos, celulares y computadores que quedaron en manos de la Fiscalía.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol rastreó esos archivos, hallando chats y documentos que hablan de unos supuestos nexos entre jefes de las disidencias de las Farc y dos altos funcionarios del Estado: el General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta colaboración incluye la propuesta detallada para montar una empresa de seguridad legal que operaría como fachada para legitimar y armar a la estructura disidente.
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El primer funcionario mencionado en los documentos obtenidos por este medio de comunicación es el general Juan Miguel Huertas. Actualmente, es el jefe del Comando de Personal del Ejército, la unidad responsable de nombrar, retirar y ordenar traslados de cualquier integrante de esa institución.
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No obstante, la propuesta para la empresa de seguridad habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la que Huertas estaba retirado del Ejército y fungía como un "poderoso asesor a la sombra" de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la DNI. Posteriormente, el fue reincorporado al servicio activo por el presidente Gustavo Petro.
El segundo alto funcionario nombrado en los documentos es Wilmar Mejía, un Licenciado en Educación Física que, durante el gobierno actual, se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado.
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Mejía fue designado en marzo de 2024 como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Catorce fuentes consultadas por Noticias Caracol lo señalan como el "verdadero poder en la DNI", un organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. Incluso, un testigo de las disidencias, en diálogo con este medio, afirmó que al funcionario lo apodan "el Chulo" debido a que se encontraba con "chulos" (oficiales del Ejército) y es el encargado de acercar, supuestamente, las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública.
Según los documentos de los archivos secretos de ‘Calarcá', la supuesta propuesta hecha por el general Huertas, cuando aún no era reintegrado al servicio del Ejército, era montar una empresa de seguridad legal para crear una fachada. La fórmula permitiría a los disidentes moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. Esta estrategia se asemeja a la táctica utilizada en los años noventa por los paramilitares con las denominadas Convivir.
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El modelo de negocios se propuso como "mita y mita" (50/50), donde Huertas sería, al parecer, el encargado de "conseguir los permisos" y los disidentes pondrían "los muchachos y las armas". Inicialmente, la compañía sería de un máximo de 20 hombres, buscando primero permisos para pistolas y luego para la circulación con fusiles.
Un jefe disidente, en diálogo con Noticias Caracol, dijo que supuestamente esos acuerdos se concretaron en reuniones en Venezuela con altos mandos de las disidentes y Wilmar Mejía. Además, señaló que posteriormente hubo reuniones en Bogotá para discutir el presupuesto y la adquisición de armas.
Los documentos incautados demuestran que la propuesta fue bien recibida por las disidencias, quienes anticipaban que los procesos de negociación de paz con el Gobierno fracasarían. El general Huertas argumentó, supuestamente, que esta era una "buena inversión" porque si los procesos fallaban, los disidentes quedaban con “hombres legales". Además de la legalidad de la empresa, los beneficios ofrecidos a los jefes disidentes eran:
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• Movilización y protección: Huertas ofreció, al parecer, protección para los desplazamientos de los disidentes, afirmando que los hombres de la compañía servirían para movilizar personal y heridos. Incluso, supuestamente se ofreció a asistir personalmente a las movilizaciones para que, si un retén pedía requisar, no se pudiera hacer sin una orden superior, lo cual le permitiría movilizar a los altos mandos disidentes "sin problema alguno".
• ¿Pacto de no agresión?: en reuniones en Bogotá, a las que supuestamente asistieron Mejía, Huertas y oficiales del Ejército vestidos de civil, se coordinó un "pacto de no agresión" entre la fuerza pública y las disidencias en Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar, con la idea de "no chocar con el Ejército", según le dijo a Noticias Caracol un alto mando del grupo ilegal.
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• Información reservada: para ejecutar el pacto, los oficiales del Ejército supuestamente entregaron a las disidencias "los códigos de las frecuencias radiales del Ejército, los cuales son secretos", además de números de celulares y correos, permitiendo a los disidentes conocer las operaciones militares en curso y coordinar con las principales unidades militares. El testigo disidente aseguró que no habían tenido bajas (muertes) de parte del Ejército.
Luego de las revelaciones de estos archivos de alias Calarcá en los cuales se habla de supuestos nexos de las disidencias de las Farc con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, el Gobierno colombiano anunció acciones para investigar el caso.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que ordenó adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la fuerza pública. “Así mismo, hemos dispuesto todo lo que requiera la Fiscalía para acelerar la investigación que está adelantando”, anotó.
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Noticias Caracol consultó al general Juan Miguel Huertas sobre estos señalamientos, respondiendo que nunca se ha reunido con integrantes de las disidencias de las Farc. “Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieres es hacerme un montaje”, aseguró.
En tanto, Wilmer Mejía dijo que no ha viajado a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. También mencionó que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad y aseguró que se trata de un montaje en contra de Huertas y de él.
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UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL