Fiscalía llama a imputación de cargos a Juliana Guerrero por títulos de la Fundación San José

La Fiscalía llamó este lunes a imputación de cargos a Juliana Guerrero, quien iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, por irregularidades en la obtención de dos títulos universitarios de la Fundación San José. También imputará cargos al exsecretario general de la institución académica, Luis Carlos Gutiérrez. Los delitos a imputar son fraude procesal y falsedad del documento público.

Cabe destacar que Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025 como contadora y tecnóloga en gestión contable, para obtener el cargo en el Ministerio de Igualdad. No obstante, meses después se conoció, gracias a una denuncia de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que la joven no asistió a sus clases ni presentó las Pruebas Saber para graduarse. La Fundación de Educación Superior San José anuló los títulos que le había otorgado luego de que se conoció el caso.

"A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de sí la estudiante presentó o no presentó las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo", indicó el abogado de la institución, Juan David Bazzani, a finales de septiembre para Noticias Caracol.

La anulación de los títulos se hizo efectiva en noviembre de 2025, cuando Guerrero concedió una entrevista para la revista Cambio indicando que ya no aspira a ningún cargo del Gobierno y que espera aclarar su situación académica. "No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué (...) Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica", aseguró.

La nueva denuncia contra Juliana Guerrero

En enero de este año, la representante Pedraza reveló una supuesta nueva irregularidad, y afirmó que Guerrero “realizó 3 pagos a la San José después de ‘graduada’”. La congresista detalló las fechas, cuantía y conceptos de dichos pagos:

• 28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.
• 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
• 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública.

De acuerdo con Pedraza, desde que denunció el caso de Juliana Guerrero ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación, hace 6 meses, “no ha habido avances reales". Ante ese panorama, y teniendo en cuenta que se han encontrado otras irregularidades en título, afirmó que solicitó "al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”.

“Los delitos están. Las responsabilidades son claras. Y la inacción del Estado también. ¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la dirección de inspección y vigilancia del Ministerio? Con estas pruebas no existe motivo alguno para que Gustavo Petro y Daniel Rojas mantengan a Juliana Guerrero como alta directiva de la Universidad Popular del Cesar. Exijo su destitución inmediata”, añadió Pedraza.

El Ministerio de Educación le respondió, e indicó que desde el 10 de noviembre de 2025 se dio apertura a un “proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”.

La cartera de Educación, frente a las denuncias en las irregularidades de expedición de títulos por parte de la Fundación San José, aclaró “que esta función recae exclusivamente en las Instituciones de Educación Superior en el marco del principio constitucional de la autonomía, debiendo garantizar la aplicación de las normas internas expedidas para tal fin, así como, también la normatividad de orden legal”.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL