El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, envió el pasado 27 de febrero una carta dirigida a la canciller Rosa Villavicencio para pedir que se acelere la extradición de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa de estar detrás del envenenamiento y posterior muerte de dos menores de edad, quienes ingirieron frambuesas contaminadas con talio.
En la misiva, cuyo sello de recibido tiene como fecha el 2 de marzo, el jefe de la cartera pide que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunique a Reino Unido la importancia y prioridad que tiene la extradición de Castro a territorio colombiano. Cuervo argumenta que esta diligencia es clave para “evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos”.
Lo más reciente del caso
El Ministerio de Justicia ha seguido de cerca este caso, especialmente después de que Guzmán fuera encontrada en las aguas del río Támesis el 16 de diciembre. Lo que en ese momento significó un vuelco en la investigación en Colombia quedó en suspenso cuando la empresaria fue cobijada por la ley de salud mental del Reino Unido, a pesar de que existía una circular roja de Interpol en su contra.
Dicha normativa dejó en “veremos” el proceso de extradición, hasta que los médicos que atendían a Guzmán finalmente le dieron de alta, lo que permitió avanzar en el trámite judicial. Las autoridades británicas la detuvieron el 6 de enero en Londres y le notificaron el requerimiento internacional de captura.
El freno más reciente en el proceso de extradición
La defensa de Guzmán Castro utilizó recientemente una estrategia para frenar la extradición. Según reveló el programa Los Informantes, los abogados citaron el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes hacia personas privadas de la libertad. Con base en esta norma, los litigantes argumentan que las cárceles en Colombia no garantizarían la integridad de la empresaria.
Por esta razón, el caso suma un nuevo capítulo de trámites legales, pues Reino Unido solicitó información detallada del centro penitenciario al que llegaría Guzmán en caso de ser trasladada y también autorización para realizar una inspección técnica del lugar.
Paralelo a este proceso entre Colombia y Reino Unido, donde Guzmán se encuentra recluida en la prisión MP Bronzefield, la justicia colombiana ya recopiló el acervo probatorio, que está en manos de la juez asignada al caso. “Es una prioridad para el Gobierno que, una vez se surtan estos procedimientos internos en el Reino Unido, esta persona sea traída a Colombia”, dijo el ministro Cuervo en entrevista con Blu Radio.
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María Paula Rodríguez Rozo
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