Por primera vez, los presidentes de las tres más importantes cortes de Colombia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se sentaron al tiempo para hablar, sin tapujos, sobre la transición de gobierno que se avecina en el país. Los magistrados dialogaron francamente con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el estado en el que quedaron las relaciones de la rama judicial con el poder ejecutivo, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y de las expectativas que tienen frente a la administración entrante con Abelardo de la Espriella.
Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “esperaría con este nuevo Gobierno que haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma que se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y la justicia. (…) Esperamos que esa sea la dinámica durante estos cuatro años”.
Por su parte, Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, reconoció que “siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ese no es un tema de estos momentos, esto ocurre cuando hay que ejercer competencias donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo”, refiriéndose a los momentos en que deben declarar la inconstitucionalidad de algún decreto, por lo que subrayó que “respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con que defendemos las propias”.
Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, agregó frente a lo dicho por su par que “es legítimo que se hagan críticas; sin embargo, una cosa en no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplir”, explicando que las decisiones “tienen que ser cumplidas” aunque “a veces no les gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas”.
¿El Gobierno Petro respetó los límites de los poderes públicos?
El magistrado Lenis, “los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles” y “ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control”, por lo que instó a “los gobernantes a respetar las competencias de los otros poderes públicos”, asegurando que cuando se toma una “decisión frente a una acción de poder público, Ejecutivo o Legislativo, no se debe entender que es un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes”. Por otro lado, recordó el “hecho desafortunado” en que se bloqueó la salida de los magistrados cuando estaban eligiendo al fiscal que reemplazaría a Francisco Barbosa. Respecto al Gobierno actual, consideró que “no se facilitó ese diálogo institucional de manera armónica, eso fue tensionante”.
La togada Meneses reiteró que siempre hay tensiones con los gobiernos, “pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y la ley. De manera que en estos cuatro años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad sólida y una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado Social y democrático de Derecho”.
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El presidente del Consejo de Estado manifestó que “sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo” porque “la rama judicial en general tuvo que hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y al respeto por las decisiones judiciales”. En el caso de su despacho, incluso “hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le pusimos de presente a la comisión esas reacciones del presidente”, ya que “decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial, como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, en materia de designación, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales ni deseables”.
¿Qué debe tener una reforma a la justicia?
El presidente de la Corte Suprema recordó la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, “como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y como funciona el procedimiento abreviado penal. Esa es una discusión que podemos dar. Pero no se trata de eliminar una audiencia sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y otras prerrogativas del proceso penal, eso implicará una reforma más integral”. Agregó que espera que “la justicia sea más cercana y más oportuna, y que los métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos”.
En el concepto del magistrado Montaña “debemos ser muy prudentes porque son reformas que tienen que ver con nosotros”, pero “también debemos ser participativos en los problemas y en lo estructural” como “la congestión, donde hay que tomar medidas”, refiriéndose a “los jueces individuales, que este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando más”, señalando que hay jueces que tienen 5.000 procesos.
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La presidenta de la Corte Constitucional habló de las tutelas, indicando que reciben a diario, en promedio, 5.650. “Cada mes hay dos magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tenemos que revisar un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas” al mes para decidir cuáles se van a seleccionar, explicó. Por ello acuden al Consejo Superior de la Judicatura y actualmente hay “226.000 tutelas pendientes por radicar para hacer la selección”, agregó. También se refirió al tema del derecho a la salud, el segundo que más tutelas tiene, el primero es de petición.
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