El nombre de René Higuita sonó en esta segunda semana de julio por cuenta de la decisión de un juzgado en Medellín que ordenó la extinción de dominio de una propiedad que figura a nombre del otrora portero de la Selección Colombia. Y es que la Fiscalía General de la Nación asegura que este inmueble fue adquirido con dineros del narcotráfico que tuvieron su origen en el Cartel de Medellín.
La casa, que se encuentra en el exclusivo sector de El Poblado, hizo parte de un esquema de testaferrato, según definió el juez especializado en un fallo de primera instancia. “Durante la investigación se evidenció que la propiedad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, que pertenecieron al Cartel de Medellín”.
Luis Giraldo, abogado de René Higuita, habló con Noticias Caracol sobre cómo recibe esta noticia y las acciones que entablará para apelar la decisión y revertir el perjuicio que se le causa a Higuita. Giraldo aclaró que la casa en El Poblado todavía pertenece al exfutbolista y que la decisión aún no ha sido ejecutada. En ese sentido, todavía se puede acceder a un recurso de apelación, que se presentará en los próximos días.
Este miércoles, Higuita publicó un comunicado con una serie de aclaraciones. Entre ellas, el guardameta recalca que el juez reconoció su condición de “tercero de buena fe” y que el predio fue adquirido de manera legal. Sobre esta afirmación y la condición que reviste a Higuita, el abogado explicó que en los procesos de extinción de dominio se protege al tercero de buena fe exento de culpa calificada. En este caso, en palabras de Giraldo, no se le da a Higuita la calidad de estar exento de culpa y se dice que no hizo investigaciones adicionales para determinar quiénes eran las personas que figuraban en la cadena de tradición.
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Esto sostiene la defensa
La defensa sostiene que Higuita no adquirió el inmueble en cabeza de Gustavo Cuartas, quien es señalado de ser testaferro de los hermanos Moncada, sino de una ciudadana llamada María Victoria. Además, sostiene que en 1992 Higuita, ni nadie en el país, tenía las vías para poder investigar a las personas con las que hizo el trato para obtener la casa. De haber sabido quiénes eran, asegura Giraldo, Higuita no habría hecho negocios con ellos.
“La Fiscalía determina que este señor, Gustavo, tenía vínculos familiares con los hermanos Moncada solo a partir de 1994, dos años después de que se celebró el negocio jurídico entre Higuita y María Victoria”, dice el abogado defensor, quien sostiene que, aunque se hubiera hecho una investigación, no se habrían encontrado antecedentes algunos, pues solo hay registro de ellos desde 1994.
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El abogado aclara que este proceso no quiere decir que René Higuita esté siendo investigado por ningún delito. “La extinción de dominio es una acción patrimonial, no es una acción personal”, aclara. “Por el contrario, creemos que René Higuita es una víctima dentro de este proceso, en el que entregó dos bienes inmuebles de su propiedad a cambio de esta propiedad, y al día de hoy el único perjudicado de la decisión adoptada es René Higuita”, sostuvo en la entrevista.
El bien hasta entonces estuvo bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes y luego de la SAE. Pero el inmueble es visto como “improductivo” por el estado en que se encuentra. A través de los años, asegura Giraldo, ha sido invadido y ha sido blanco de robos. “El bien no es habitable y no puede generar productividad”, señala. Aun así, Higuita tiene deudas por el impuesto predial de este lugar, a pesar de haber pasado a manos del Estado, según Giraldo.
María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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