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El brutal asesinato de Irina Zarutska, una joven ucraniana apuñalada a bordo de un tren ligero en Charlotte (Carolina del Norte) el pasado 22 de agosto, sigue generando repercusiones políticas y judiciales en Estados Unidos. Esta semana, el Departamento de Justicia presentó cargos federales contra DeCarlos Brown, de 34 años, acusado de cometer un acto con resultado de muerte en un sistema de transporte público, delito que lo expone a cadena perpetua o pena de muerte.
La denuncia fue radicada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, sumándose así a los cargos estatales por asesinato en primer grado que Brown ya enfrentaba en la justicia local. Carolina del Norte contempla tanto la cadena perpetua como la pena capital, aunque mantiene una moratoria de facto en ejecuciones desde 2006.
Brown, quien acumula al menos 14 arrestos previos por agresiones, robos y allanamientos desde 2011, atacó a Zarutska apuñalándola en el cuello durante un trayecto en tren. La joven, que había emigrado desde Ucrania en busca de nuevas oportunidades, murió desangrada ante la mirada atónita de otros pasajeros. El crimen desató indignación pública tras la difusión de imágenes que muestran los instantes previos al ataque.
El presidente Donald Trump reaccionó con dureza al caso y reclamó que Brown reciba la condena máxima. “El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania (…) debe recibir un juicio rápido y ser sentenciado únicamente con la pena de muerte. ¡No puede haber otra opción!”, escribió en su red social Truth Social.
El mandatario también instó a su Gobierno a ser “despiadado” en la lucha contra el crimen y advirtió que se necesita responder con “fuerza y determinación” frente a hechos de esta magnitud.
La fiscal general Pam Bondi confirmó que la pena capital está sobre la mesa y aseguró que la Fiscalía buscará “la máxima condena posible”. En palabras de la funcionaria: “Nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre”.
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El juez federal Christopher William Beale deberá decidir si la acusación avanza hacia un proceso que contemple la pena de muerte. En paralelo, Brown continúa bajo custodia a la espera de la definición de los cargos estatales.
El caso Zarutska reaviva la controversia sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Aunque en diciembre de 2024 el expresidente Joe Biden conmutó la condena de la mayoría de presos federales en el corredor de la muerte, en enero de este año Trump firmó una orden ejecutiva para reactivar la pena de muerte a nivel federal.
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Con este crimen, el mandatario ha encontrado un ejemplo que alimenta su narrativa contra lo que llama “políticas indulgentes con los delincuentes”, señalando directamente al Partido Demócrata como responsable de priorizar a los criminales sobre las víctimas.
LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL
Con información de EFE.