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Por lo menos 119 personas murieron -cuatro de ellas policías- en el megaoperativo adelantado en las barriadas de Alemao y Penha en Río de Janeiro, en Brasil, donde se desplegaron 2.500 efectivos para ejecutar 100 órdenes de captura contra miembros del Comando Vermelho.
Las autoridades informaron sobre 113 detenidos y la incautación de 91 fusiles, así como "una gran cantidad de droga", según el gobernador Cláudio Castro. Sin embargo, hasta ahora no se detalló la cantidad ni el tipo de estupefaciente. (Lea también: Fotos y videos | Desgarradoras escenas que dejó operativo en Río de Janeiro: más de 100 muertos)
La llamada Operación Contención adelantada el martes 28 de octubre buscó debilitar al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río de Janeiro y el que más se ha expandido en los últimos años en Brasil, según las autoridades.
Tiene su principal base en las zonas marginadas de Río de Janeiro y se ha expandido recientemente a otras partes del país, como regiones de la Amazonía próximas a las fronteras con Colombia y Perú.
Las fuerzas de seguridad invadieron los complejos de favelas de Alemao y Penha, en el norte de la ciudad, considerados bases centrales del Comando Vermelho.
Esta organización superó recientemente a las milicias (grupos parapoliciales) en su extensión territorial, aunque la hegemonía del crimen organizado en Río sigue en disputa, de acuerdo con expertos.
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Según informes de inteligencia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, publicados en el medio brasilero Band, el grupo delincuencial “es un subproducto directo de una política penitenciaria mal planificada durante la dictadura militar”.
De acuerdo con esa información, el Comando Vermelho surgió en la década de 1970, en el Instituto Penal Cândido Mendes, una prisión de máxima seguridad ubicada en Ilha Grande, donde había delincuentes comunes, como ladrones de bancos, y presos políticos que lucharon contra el régimen militar.
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“Los documentos históricos y los análisis de seguridad indican que la decisión del gobierno de fusionar estos dos grupos fue el detonante. En un contexto de extrema violencia y opresión, se forjó una alianza improbable”, señala el medio citado.
Fue así como los activistas instruyeron a los delincuentes en “técnicas de organización, disciplina, planificación de acciones y, fundamentalmente, una ideología de oposición al ‘sistema opresivo’”, agrega la investigacion.
Su primer nombre, detalla, fue Red Phalanx, e inicialmente obtenían recursos principalmente de robos a bancos. Los informes oficiales dicen que tuvo un cambio en la década de 1980, cuando el grupo vio en la cocaína una fuente de ingresos más lucrativa y se convirtió en una red más estructurada.
Su modelo delincuencial fue copiado por otros grupos en Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC), en São Paulo, su principal rival, detalla el medio. Ambos han sofisticado su accionar y han logrado expandir su dominio más allá del narcotráfico, transformándose en empresas criminales con tentáculos en los sectores económicos formales.
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Operativos policiales del último año han investigado la presencia del PCC en el mercado de los combustibles, los transportes, moteles e, inclusive, el mercado inmobiliario, entre otros ramos.
El hecho está por encima de los 111 muertos que dejó la masacre de Carandiru de 1992, cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron a presos en una cárcel.
En Río de Janeiro, el segundo y tercer operativo más letales ocurrieron en 2021 y 2022, en las comunidades de Jacarezinho y Vila Cruzeiro, con 28 y 25 muertos respectivamente. Entonces también gobernaba el conservador Castro.
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Por ahora se desconoce la identidad de la mayoría de los muertos, por lo que no se sabe si todos ellos eran o no sospechosos buscados con orden judicial. Tampoco se divulgó la identidad de la gran mayoría de los detenidos, lo que impide conocer el nivel de impacto sufrido por la estructura del Comando Vermelho.
Según medios brasileños, uno de los capturados sería Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, apuntado como ladero de Edgar Alves de Andrade, alias Doca, supuesto jefe del Comando Vermelho en la región, quien logró escapar.
Los otros objetivos principales eran Júlio Souza Silva, alias Baiano, que habría fallecido en el operativo, y Wilton Carlos Quintanilha, alias Abelha, otros de los capturados.
Los residentes denuncian "ejecuciones" y el juez del Supremo brasileño reclamó al gobernador Castro detalles sobre la operación, para determinar si la actuación de la policía se ajustó a la ley; lo convocó a una audiencia. No obstante, el gobernador se defendió diciendo que "es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo".
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El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se investigue "inmediatamente" lo ocurrido. (Lea también: Lula da Silva dice estar "horrorizado" con número de muertos que dejó operativo en Río de Janeiro)
Entretanto, el Ministerio de Justicia presentó en días pasados para análisis del Gobierno nacional un proyecto de ley que crea el tipo penal de organización criminal calificada y endurece las penas para líderes e integrantes de los grupos criminales, hasta los 30 años de prisión.
El proyecto, titulado Antifacción, fue presentado por el ministro Ricardo Lewandowski, quien justificó la propuesta ante la creciente sofisticación de los grupos delictivos, afirmando que el Estado enfrenta el desafío de "estar más organizado que el crimen".
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El proyecto, que actualiza la legislación vigente de 2013, deberá ser sometido a votación en el Congreso Nacional tras el visto bueno del Ejecutivo. De aprobarse en todas las instancias, el proyecto instaurará el tipo penal de "organización criminal calificada", que implica un control de territorio o de actividades económicas a través del uso de la violencia, y los condenados por este delito enfrentarán penas que irán de 8 a 15 años de prisión, con la posibilidad de duplicar la condena si se comprueba la participación de niños, adolescentes o funcionarios públicos en el esquema, el uso de armas de fuego prohibidas, entre otros agravantes.
En el caso de organización criminal simple, la pena subirá de 3 a 8 años, como establece la legislación actual, hasta los 5 a 10 años de prisión; y los homicidios por orden o beneficio de una organización criminal pasarán a ser tipificados como crimen hediondo, es decir, no serán plausibles de indulto, fianza o amnistía.
Mientras tanto, Río de Janeiro intenta volver a la calma, sus habitantes se preguntan si en los próximos días habrá coletazos de violencia.
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE Y BRAND DE BRASIL