El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes 16 de septiembre el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país donde hay focos de protestas. Conforme con el mandatario, la decisión se dio por una "grave conmoción interna" tras registrarse bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad.
Frente a las manifestaciones, Noboa resolvió "declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna", según el decreto firmado este martes. La medida se extenderá por 60 días. Al respecto, el gobierno argumentó que los bloqueos "han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos" y afectan el "libre tránsito de las personas, ocasionando la paralización de varios sectores que afectan a la economía".
Se debe destacar que decretar un estado de excepción en algunas provincias de Ecuador significa que el presidente, en uso de sus facultades constitucionales, suspende temporalmente ciertas garantías y derechos para enfrentar una situación que amenaza la seguridad pública, como pueden ser crisis de violencia, terrorismo, catástrofes naturales o conmoción interna. Bajo esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía reciben atribuciones especiales para restablecer el orden, lo que incluye la posibilidad de realizar controles más estrictos, operativos militares en las calles, allanamientos sin orden judicial en casos específicos y restricciones a la movilidad.
En la práctica, esto implica que los ciudadanos pueden ver limitadas libertades como el derecho a la libre circulación o la reunión en lugares públicos durante el tiempo que dure el decreto. También se suelen imponer toques de queda y reforzar la seguridad en puntos estratégicos de las provincias afectadas.
¿Por qué se decretó estado de excepción en Ecuador?
Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia, en tanto que a Cotopaxi se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia.
Este 16 de septiembre, además, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra. En conjunto, conductores de camiones vienen cerrando algunas vías contra la eliminación del subsidio al diésel y la inseguridad en las vías al denunciar ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros.
Se debe destacar que, con la eliminación del subsidio, los precios de este combustible -usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera- pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares. Los colectivos de trabajadores y estudiantes protestan porque estas medidas afectan el costo de vida en el país.
El intento de elevar el precio del diésel ya había sido intentado por los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) quienes enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie). Pese al descontento, el Gobierno ecuatoriano avanza con la eliminación del subsidio, junto a la entrega de las compensaciones e incentivos ofrecidos a la par de la decisión. Así lo indicó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien reiteró este martes que la decisión no tiene marcha atrás.
Conforme con datos de EFE, ya se depositó más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial. Mientras que 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de mil dólares.
En un pronunciamiento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) exigió al Gobierno derogar de forma "inmediata" el decreto que elimina el subsidio y "que perjudica al sector más empobrecido, al pueblo ecuatoriano", según dijo el presidente de la Conaie, Marlon Vargas.
El jefe de esta confederación convocó a la unidad de las comunas, comunidades, federaciones, organizaciones, nacionalidades y toda la estructura del movimiento indígena ante la situación que atraviesa el país y expresó su respaldo a quienes "se encuentran movilizados en todo el territorio nacional", pues al retirar el subsidio al diésel "nos quita más de 1.100 millones de dólares, que ha sido una política pública de todos los gobiernos de turno, que han venido respetando", dijo. En su intervención, Vargas recordó que cuando Noboa fue candidato dijo que no tocaría el precio del diésel. "Hoy acaba de mentirle usted al pueblo ecuatoriano", subrayó.
El máximo representante de la Conaie convocó a una Asamblea Extraordinaria de la Confederación para el próximo jueves, con el objetivo de "que las bases tomen decisiones ante esta situación crítica que atraviesa el país". Así mismo, Vargas indicó que la Conaie plantea asambleas permanentes, territoriales "para poder rechazar rotundamente este atropello a los derechos del pueblo".
¿Qué cambiará en Ecuador con el estado de excepción?
La declaratoria del presidente se da en momentos en que se evidencian "paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas", señala el decreto suscrito por Noboa.
La medida, según dice el documento, busca "detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana", anota el decreto en momentos en los que se mantienen bloqueos parciales de vías en dos de las veinticuatro provincias del país.
La declaratoria se circunscribe a las mencionadas provincias "por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías", indica el texto.
"Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social", apunta el documento; mientras sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan el alza del precio del diésel a raíz de la eliminación del subsidio.
La vigencia de la medida por dos meses se fundamenta "en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados".
En las mencionadas provincias se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
La medida no implica restricción al derecho a manifestarse "siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía", aclara el decreto.
*Con información de EFE y AFP
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