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Israel permitió finalmente que los abogados de los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras la operación contra los barcos puedan asistir en las audiencias que se están llevando a cabo sobre órdenes de deportación y detención. "Después de que las autoridades israelíes inicialmente denegaran el acceso e iniciaran audiencias sin consulta previa, el equipo legal de Adalah ya ha ingresado al puerto y realizará consultas", explicó Adalah, el equipo jurídico de la flotilla. Hay más de 500 activistas detenidos, entre ellas dos ciudadanas colombianas.
Por parte del Gobierno israelí solo el Ministerio de Exteriores informó de que los activistas se encontraban "en buen estado de salud" y que estaba siendo trasladados a territorio israelí. Sin embargo, el Gobierno israelí todavía no ha confirmado de forma oficial ni de la llegada de los buques al puerto de Ashdod ni del inicio de estas audiencias sobre la deportación. Todos estos activistas, en función de los delitos de los que se les acuse, se exponen a tener la entrada prohibida a Israel durante años.
Más temprano, Adalah expresó que una de sus principales preocupaciones precisamente es el estado de salud de los activistas. "Durante el período en el que perdemos el contacto con los activistas desde que la Armada los detiene en los barcos hasta que llegan ante las autoridades israelíes es muy difícil conseguir información", explicó Loubna Tuma, abogada israelí del equipo jurídico de la Flotilla.
En las anteriores ocasiones que Adalah representó a la flotilla, los tripulantes "estaban exhaustos" porque "son secuestrados de una manera muy cruel, violando sus derechos básicos y limitando su capacidad para continuar en su misión humanitaria", recuerda Tuma, que añade que el sol y la falta de sueño también repercuten en la salud de los activistas. Además, esperan que algunos de los tripulantes que viajaban hacia Gaza se declaren en huelga de hambre.
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Otra de las cuestiones sobre las que interrogarán a los detenidos es si han sido sometidos a "algún tipo de violencia o tortura" por parte de las autoridades israelíes, hechos que han sido denunciados en misiones anteriores.
Bajo la premisa de que aquellos que entren a Israel "ilegalmente" serán capturados y deportados, una vez que los activistas lleguen a Asdod -donde se espera que sean llevados- comenzará un proceso mediante dos vías para expulsarlos del país, explica la abogada.
La primera opción es que el detenido firme un documento estableciendo que desea ser deportado lo antes posible, por lo que la persona no tendría que presentarse ante un juez y las autoridades iniciarían el proceso de expulsión inmediatamente. Si los activistas se negasen a firmar este documento, se abriría una segunda vía, por la que comparecerían ante un juez, que examinaría la legalidad de su detención y deportación.
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"Generalmente el juez confirma la legalidad de la decisión de las autoridades israelíes (...) y creemos que es la que sucederá en esta ocasión", recuerda Tuma basándose en su experiencia con las anteriores flotillas humanitarias que han intentado llegar a Gaza para romper el bloqueo.
EFE