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Desde la noche del 24 de septiembre, Han ocurrido una serie de temblores en Venezuela que afectaron principalmente al estado Zulia. El más fuerte alcanzó una magnitud de 6,3, generando pánico entre la población y dejando daños materiales evidentes. En varias zonas se reportaron grietas en el suelo, afectaciones en estructuras residenciales, interrupciones eléctricas y daños en vías públicas. En algunos sectores, el piso literalmente se abrió, como lo documentaron medios locales y ciudadanos a través de imágenes y videos compartidos en redes sociales.
Mientras en países como Chile, México, Japón y hasta Colombia, los ciudadanos reciben notificaciones inmediatas en sus dispositivos móviles ante la ocurrencia de sismos, inundaciones o cualquier amenaza natural, en Venezuela el silencio del celular persiste incluso en momentos críticos. Esta carencia no solo representa una falla tecnológica, sino también una vulnerabilidad estructural que expone a millones de personas a riesgos innecesarios.
Venezuela cuenta con instituciones técnicas capaces de monitorear fenómenos naturales con precisión. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) realizan labores constantes de observación y análisis de variables geológicas y climáticas. Sin embargo, su trabajo se limita a emitir reportes a las autoridades de Protección Civil, sin que exista un mecanismo eficiente para que esa información llegue de forma inmediata y masiva a la población.
El eslabón final de la cadena de alerta —la difusión directa al ciudadano— está roto. En una era de hiperconectividad, donde el teléfono celular se ha convertido en el principal canal de comunicación, la ausencia de alertas por mensajes de texto (SMS) o notificaciones push representa una falla grave en la gestión de riesgos.
La principal herramienta utilizada en otros países para emitir alertas masivas es el sistema de Cell Broadcast, una tecnología que permite enviar mensajes simultáneos a todos los teléfonos móviles dentro de una zona geográfica específica, incluso si la red está saturada. Este sistema no requiere que el usuario tenga una aplicación instalada ni que esté conectado a internet; basta con que el dispositivo esté encendido y dentro del área de cobertura.
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En Venezuela, esta tecnología no ha sido implementada. La razón, según expertos y fuentes del sector, se encuentra en una combinación de factores: la brecha tecnológica, la falta de inversión en infraestructura y la ausencia de acuerdos entre el Estado y las operadoras de telefonía móvil.
La operatividad de un sistema de alerta temprana depende de una red de telecomunicaciones robusta y funcional. En Venezuela, la infraestructura de las operadoras móviles ha sufrido un deterioro progresivo debido a la crisis económica, la falta de mantenimiento y la escasez de divisas para adquirir equipos y tecnología.
Este debilitamiento de la red impide que se garantice la transmisión oportuna de alertas en momentos de emergencia, cuando la demanda de comunicación se dispara. En lugar de contar con un sistema nacional automatizado, muchas comunidades dependen de métodos convencionales o iniciativas locales para advertir sobre riesgos, como pluviómetros artesanales o murales de colores que indican el nivel de los ríos.
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Además de los obstáculos técnicos, existe una dimensión política que ha frenado la implementación de un sistema de alertas móviles. La coordinación entre el Estado y las empresas de telecomunicaciones requiere acuerdos institucionales, voluntad política y una visión estratégica de largo plazo. En un contexto marcado por la polarización, la desconfianza y la falta de planificación, estos acuerdos no han prosperado.
Aunque el Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su intención de “modernizar” los sistemas de alerta temprana, estas declaraciones no se han traducido en acciones concretas. Incluso se ha mencionado la posibilidad de cooperación con países como China para adquirir tecnología especializada, pero hasta ahora no se ha activado ninguna plataforma de difusión móvil.
La ausencia de alertas móviles no es solo una falla técnica; es una omisión que puede costar vidas. En situaciones de desastre, cada segundo cuenta. Una notificación oportuna puede permitir a una persona evacuar, buscar refugio o tomar decisiones que reduzcan el impacto del evento. Sin ese aviso, la población queda expuesta, dependiendo del “boca a boca”, de redes sociales o de la suerte.
Esta vulnerabilidad se agrava en zonas rurales o de difícil acceso, donde la conectividad es limitada y los canales informales de comunicación no siempre funcionan. En estos lugares, la falta de un sistema nacional de alertas representa una amenaza directa a la seguridad de las comunidades.
La experiencia de países vecinos demuestra que es posible implementar sistemas de alerta eficaces, incluso en contextos de limitaciones económicas. En Chile, por ejemplo, el sistema SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) permite enviar mensajes a todos los celulares ante eventos como tsunamis, incendios forestales o sismos. En México, el sistema SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano) ha sido clave para reducir el impacto de terremotos en zonas urbanas densamente pobladas.
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Estos sistemas no solo utilizan Cell Broadcast, sino que están integrados con redes de sensores, protocolos de evacuación y campañas de educación ciudadana. La clave ha sido la inversión sostenida, la cooperación entre sectores y la prioridad política otorgada a la gestión de riesgos.
Ante la falta de un sistema nacional, algunas comunidades han desarrollado sus propios mecanismos de alerta. En el estado Mérida, por ejemplo, se han instalado pluviómetros artesanales para monitorear el nivel de los ríos, y se utilizan murales de colores para indicar el riesgo de inundación. Estas iniciativas, aunque valiosas, no pueden sustituir una estrategia de alcance nacional.
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La resiliencia comunitaria ha sido clave en muchos casos, pero también evidencia la ausencia del Estado en áreas fundamentales como la prevención de desastres. La descentralización de la gestión de riesgos, sin apoyo institucional, deja a las comunidades en una situación de desprotección.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL