De acuerdo con una investigación publicada por la revista Semana, Juliana Guerrero, quien fue funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, habría liderado una presunta red de corrupción aprovechando su supuesta influencia. Según las pesquisas, también estaría involucrada su hermana Verónica Guerrero. Las denuncias señalan que los hechos habrían ocurrido desde el 2024.
El informe, en el cual muestran testimonios, audios y chats de WhatsApp, expone un complejo entramado dedicado, supuestamente, a la gestión irregular de contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero. Entre los contratos en los cuales al parecer intervinieron está la iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, un proyecto para la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar con la plata del Ministerio de Vivienda y un plan de mejoramiento de hogares en varios pueblos, también con el dinero de la mencionada última entidad.
Según la revista, las hermanas habrían establecido una estructura para cobrar a empresarios por el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda e Interior. En la publicación señalan que, supuestamente, la primera cita con ellas tenía un costo de un millón de pesos, mientras que la adjudicación de proyectos requeriría un anticipo de 200 millones de pesos y el pago del 10 % del valor total de cada contrato.
Entre las pruebas que aporta la investigación aparece David Trespalacios, un joven cercano a las hermanas quien habría actuado como el recaudador de la red, recibiendo -al parecer- inicialmente los fondos para evitar que quedara registro en las cuentas de las Guerrero. No obstante, debido a presuntas desconfianzas internas, el dinero habría empezado a llegar directamente a las cuentas personales de las hermanas, incluyendo transferencias por plataformas como Nequi.
El reporte de la revista Semana sugiere que la influencia de las hermanas se habría extendido a entidades como el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Ambiente, la Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De otro lado, testimonios citados por la revista indican que Juliana Guerrero, sin ser funcionaria pública en algunos periodos, habría asistido a entidades a dar órdenes sobre contrataciones y vinculaciones de personal.
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En la denuncia se menciona incluso al exviceministro de Agua, Edward Libreros, como uno de los funcionarios con los que la red habría tenido contacto para facilitar estos trámites. Los empresarios que contactaron a la revista aseguran que, a pesar de haber entregado más de 600 millones de pesos, las hermanas Guerrero no habrían cumplido con la adjudicación de los contratos pactados, lo que ha derivado en reclamos por la devolución del dinero que, hasta el momento, no habrían sido atendidos. “Nos robaron y no quieren devolver la plata”, comentaron en Semana.
Tras la revelación de estos supuestos hechos, el presidente Gustavo Petro dijo que “las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados "empresarios” se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats porque no les cumplieron”. A renglón seguido, mencionó que “si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia”. Posteriormente, señaló que “la revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía”.
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