Tras las recientes revelaciones de la revista Semana sobre un presunto entramado de corrupción, Juliana Guerrero, a través de un comunicado de su firma de abogados (Alzate Hernández), rompió el silencio para desmentir cualquier vínculo con actividades ilegales o tráfico de influencias.
En su respuesta oficial, Guerrero afirma que nunca se ha reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como "empresarios" para gestionar contratos o influir en decisiones administrativas. Rechaza haber recibido dinero, comisiones o cualquier beneficio económico relacionado con gestiones ante el sector público, calificando las acusaciones de "injustas y reiteradas".
Frente a las denuncias que señalan que ella y su hermana Verónica operaban desde adentro del poder, Juliana Guerrero aclaró que “no ostenta ningún vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional” desde hace más de un año. Manifestó que, desde su renuncia, se ha mantenido apartada de cualquier actividad relacionada con el ámbito estatal. Expresó agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la oportunidad brindada durante su paso por la función pública.
A pesar de su defensa, la investigación de Semana sostiene que la red, supuestamente integrada también por su hermana Verónica, cobraba tarifas de hasta 200 millones de pesos por gestión y un 10% del valor de los contratos adjudicados en ministerios como el de Interior y Vivienda. Algunos empresarios alegan haber entregado más de 600 millones de pesos sin que se les cumplieran las promesas de proyectos de seguridad o acueductos.
En su mensaje, Guerrero se refirió a la investigación que la Fiscalía adelanta en su contra y por la cual, en abril de 2026, se le imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica debido a presuntos títulos académicos falsos, los cuales no fueron aceptados por ella.
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El 22 de julio de 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación formal para llevarla a juicio. La audiencia de acusación está programada para el próximo 5 de agosto de 2026, donde se dará inicio oficial a la etapa de juicio penal.
La exfuncionaria explicó que su silencio previo no debe interpretarse como una aceptación de cargos, sino como un respeto a las investigaciones en curso. Aseguró que el escenario para esclarecer los hechos es la administración de justicia y no los "escenarios mediáticos", reafirmando su compromiso de comparecer ante las autoridades las veces que sea necesario.
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