Ministerio de Justicia solicita a Fiscalía iniciar trámites de extradición de Carlos Ramón González

El Ministerio de Justicia informó en la noche de este viernes que el titular de esa cartera, Eduardo Montealegre, le solicitó formalmente a la Fiscalía iniciar los trámites de extradición desde Nicaragua del exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta acción, se lee en un comunicado, "se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929". "El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente", agrega.

Esta solicitud se conoce horas después de que se desató el escándalo por denuncias en medios de comunicación que alertaron sobre la posible estadía de González en Nicaragua, a pesar de tener una solicitud de circular roja de Interpol en su contra desde el pasado 6 de agosto, cuando un juez ordenó su captura. Según se conoció, el pasado 21 de mayo, el mismo día en que la Fiscalía le imputaba cargos a González por el saqueo a la UNGRD, la embajada de Colombia en Nicaragua hacía gestiones diplomáticas para que el país centroamericano le renovara la residencia al alto exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Así quedó consignado en documentos a los cuales tuvo acceso este noticiero. "Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González (...) toda vez que la misma está para vencer el 14 de junio de 2025", señala uno de esos documentos.

El exdirector del DAPRE había llegado a ese país en noviembre de 2024, cuando los coletazos judiciales del expediente de la UNGRD ya empezaban a tocarlo y su nombre rondaba en las confesiones de los testigos del caso como el gran articulador de la estrategia de la Casa de Nariño para comprar algunos parlamentarios a fin de que los proyectos del Ejecutivo tuvieran un tránsito exitoso en el Congreso. De acuerdo con los documentos oficiales, ese mismo miércoles 21 de mayo de 2025 el gobierno de Nicaragua contestó afirmativamente la solicitud de renovación de la cédula de residencia de Carlos Ramón González. Por ese trámite el exfuncionario, hoy prófugo, pagó 56 dólares.

Hasta esa fecha Carlos Ramón Gonzalez no tenía ningún requerimiento judicial, pues un juez solo avaló la medida de aseguramiento en su contra mes y medio después, es decir el 3 de julio pasado. No obstante, la cronología de las fechas de su proceso penal sí revela que González jamás tuvo intención de regresar al país y que la embajada de Colombia en Managua sí le ayudó a renovar su residencia en ese país el mismo día que la Fiscalía lo calificaba como uno de los protagonistas del peor caso de corrupción del Gobierno Petro. En todo caso, la Cancillería expidió un comunicado en el que sostuvo que esa gestión de la embajada de Colombia en Nicaragua no se consultó al Ministerio.

González, por su parte, aseguró en audiencia que es una víctima de la difamación de los testigos estelares del proceso de la UNGRD y ha insistido en su inocencia. Noticias Caracol buscó al abogado de González, el penalista Iván Cancino, pero no quiso dar declaraciones.

Por lo pronto, la Procuraduría abrió una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería que presuntamente facilitaron la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González. Según el Ministerio Público, la investigación es "contra funcionarios por determinar" y busca establecer si se realizaron trámites para que González obtuviera cédula de residencia, permiso de ingreso y uso del vehículo y la casa oficial de la Embajada en Managua. Para ello, la Sala Disciplinaria ordenó inspecciones a Migración Colombia y a los procedimientos adelantados por la Cancillería o la Embajada en Nicaragua.

El presidente, Gustavo Petro, desmarcó a su Gobierno de cualquier responsabilidad y aseguró que, de ser cierta la información, pedirá al país centroamericano la entrega de González.

González es señalado por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo. La UNGRD, adscrita al Dapre, es la entidad encargada de dirigir y coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país, y está en el centro del mayor escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de Petro. La Fiscalía imputó a González por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos por presuntamente ordenar el pago de millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso. Parte de ese dinero, según el ente acusador, provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL