Defensores de DD. HH. son criminalizados, dice informe de relator especial de la ONU

Michael Forst puso como ejemplo la detención de protestantes contra la petrolera Frontera Energy, que tiene contratos con el Ministerio de Defensa y Fiscalía.

Dos mujeres que tienen detención domiciliaria fueron capturadas en el 2018 con otras seis personas sindicadas por la Fiscalía de pertenecer a una estructura criminal.

Las detenciones se dieron en medio de protestas contra la multinacional petrolera Frontera Energy, por posibles incumplimientos de compensación hacia las comunidades.

Estos casos están documentados en el capítulo de criminalización y estigmatización de defensores de derechos humanos que presentará mañana el relator de la ONU Michael Forst.

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Al relator especial le preocupa la aparente conexión entre Frontera Energy, la brigada XVI del Ejército y la estructura de apoyo de la Fiscalía en esta criminalización y el posible impacto del convenio entre Ecopetrol S.A. y la Fiscalía en la misma.

Según el relator Forst, Frontera Energy firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa por un monto de 1.343.106 dólares para que el Ejército proteja su actividad.

También dice que desde 2015 Ecopetrol firmó cinco convenios por 24 millones de dólares con la Fiscalía para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización sobre aquellos que bloqueen vías y hagan protestas que afecten a Ecopetrol y sus asociados como Frontera Energy.

La empresa aseguró que no fue consultada por el relator y rechazó las afirmaciones. Además, dice que los ocho integrantes no fueron capturados por ejercer liderazgo social ni por las protestas en contra de la compañía y que están siendo procesados por cinco delitos.

Por su parte, Ecopetrol asegura que los convenios con la fuerza pública solo tienen como objeto investigar delitos como el hurto de combustibles. Además dice que la empresa no tiene injerencia en las decisiones del poder judicial.