El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que la decisión de la Corte Constitucional sobre la deducibilidad de las regalías por parte de las empresas petroleras significa una reducción de ingresos de más de 3 billones de pesos y que iba a generar el congelamiento de los altos salarios del Estado.
En algunos sectores se interpretó esa declaración como una especie de castigo a los magistrados de las altas cortes, a quienes ya les había advertido recortes en las tres ramas del poder público.
Sin embargo, Código Caracol consultó con fuentes del Palacio de Justicia que dijeron que no se sienten aludidos, pues el salario de los magistrados es el mismo de los congresistas y estos incrementan sus ingresos en forma automática en función al promedio del aumento de todos los funcionarios públicos del Estado.
Así que ni los congresistas, ni los magistrados, ni funcionarios de Procuraduría o Contraloría se verían afectados a pesar del anuncio presidencial.
Expertos dijeron que la Constitución y la ley tienen previstos estos incrementos automáticos para garantizar la independencia del poder judicial y los órganos de control.
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