“Comenzó un nuevo diálogo”, así lo anunció el presidente Gustavo Petro, esta vez entre el gobierno y las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco. El primer acercamiento ocurrió este sábado en zona rural de Caquetáy dos fotografías registran el momento en que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Ronsende, y Dag Nagoda, delegado del gobierno de Noruega, estuvieron cara a cara en una misma mesa con cuatro voceros de la la organización criminal. Del encuentro resultó un comunicado firmado en conjunto donde pactaron un objetivo.
“Las dos partes expresamos la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada”. Cese de hostilidades en el que, según el comunicado, insiste el grupo alzado en armas.
“Un primer paso en un segundo acercamiento debe ser la declaratoria -lo antes posible- de un cese al fuego bilateral acordado por las partes, evitando así más dolor en la familia colombiana”, agrega la información.
Pero los delegados del grupo armado también le manifestaron al gobierno sus inquietudes y afinidades con el concepto de la paz total, que el inicio de las conversaciones será consultado con otras estructuras y debe contar con la participación de terceros como garantía.
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"Consideramos que como nunca antes, en la historia de nuestro país, se están generando las condiciones para dejar atrás por siempre décadas de violencia fratricida”, dice el comunicado.
La reunión sirvió para que el alto comisionado les explicara el concepto que plantea Gustavo Petro con la paz total, su marco constitucional y jurídico. Además, acordaron valorar el inicio de unos diálogos exploratorios.
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“Las partes acordaron firmar un protocolo confidencial para garantizar una reunión de los mandos del EMC de las FARC-EP".
En el comunicado, producto de la reunión, no se les da el trato de disidencia, sino de guerrilla al nombrarlos como “delegados del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP".
Precisamente, las condiciones de la negociación con las disidencias de las FARC es un tema que abrió un profundo debate político en el país.
Iván Cepeda, uno de los hombres que le habla al oído al presidente Petro en temas de paz, considera acertado que el gobierno evalúe si a las disidencias en una posible negociación se les dé tratamiento político como en su momento lo tuvo el secretariado de las FARC, que se desmovilizó en el 2016 bajo el acuerdo con la administración Santos en La Habana.
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“En el caso de las llamadas disidencias de las FARC se ha producido un acercamiento, el alto comisionado ha tenido un diálogo directo con personas que dirigen ese grupo, disidencias que nunca entraron oficialmente al proceso de negociación de paz que se llevó a cabo en la ciudad de La Habana”, indicó Cepeda.
Decisión respaldada por algunos de los exguerrilleros que se acogieron a ese acuerdo de paz, que hoy está en implementación y que les permite estar en la vida política.
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“Los anuncios que se han dado en estos primeros 40 días son positivos y, por lo tanto, saludamos todo avance que se pueda dar en esa dirección”, manifestó Carlos Antonio Lozada, senador de Comunes y exguerrillero de las FARC.
Pero también quienes aún siguen acogidos al acuerdo de paz piden al gobierno Petro diferenciarlos de quienes en su momento decidieron seguir en la criminalidad.
“El 98% de firmantes está en el acuerdo de paz, somos más de 12 mil personas que seguimos en el acuerdo de paz y firmamos como FARC-EP, ese es un tema que el gobierno tiene que clarificar”, señaló Pastor Alape, integrante de comunes y exguerrillero de las FARC.
Según analistas del conflicto, para calificar como guerrilla a las disidencias el gobierno tiene que considerar su accionar y en qué delitos han incurrido.
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“Hay que echarle la bendición y que le salga bien esto al gobierno. Yo era partidario de que no se le diera un estatus político porque esta gente se lanzó de frente a meterse de lleno en el narcotráfico”, explicó León Valencia, analista político y experto en conflicto.
Postura que comparten quienes negociaron con las FARC.
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“La Constitución Nacional, el acto legislativo que creó la JEP, establece claramente que para aquellos que volvieron a delinquir solo cabe la justicia ordinaria. Para que accedan a la justicia transicional tendría que modificarse la Constitución. Hay que castigar a quienes incumplieron con el acuerdo”, anotó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior.
Las críticas más férreas a la decisión del gobierno surgen desde el Centro Democrático.
“Esto no puede ser que no solamente haya segunda oportunidad, sino tercera, cuarta, quinta, y que sigan burlándose de los colombianos”, dijo la senadora Paloma Valencia.
Esta semana también se conocieron posibles acercamientos con la segunda Marquetalia de Iván Márquez, proceso sobre el que se genera el mismo debate.
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