Ley de sometimiento a la justicia: ¿qué pasará con quienes han cometido delitos de lesa humanidad?

El gobierno presentó su proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, que ahora se llamarán estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

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El proyecto tiene tres ejes fundamentales: las condiciones que deben cumplir esas estructuras para poder acogerse, las penas y beneficios que recibirán y la ruta o el proceso que deben seguir.

¿Cuáles son las condiciones que el gobierno exigiría para el sometimiento a la justicia?

El proyecto tiene 50 artículos, la ley estará vigente dos años y el presidente podrá prorrogarla por un año más. Lo primero que hace la iniciativa es establecer las condiciones que deben cumplir las denominadas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Lo primero es que, de aprobarse, no pueden acceder organizaciones con carácter político y quienes se sometan serán tratados por la justicia ordinaria. Pero, además, quienes quieran someterse deben cumplir con:

• Ser una organización criminal conformada por varias personas
• Que tengan una organización jerárquica
• Que su actividad ilícita sea permanente
• Que cometa acciones que afecten a la población civil

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Además, estos grupos deberán reconocer su responsabilidad, entregar la verdad a las víctimas, desmantelar la organización, entregar armas y secuestrados y dar información sobre personas desaparecidas, si la tienen.

¿Las penas y beneficios que recibirían las bandas criminales en la ley de sometimiento a la justicia?

El punto que tal vez más polémica causa en este proyecto de ley son las penas y los beneficios que recibirían quienes se sometan a la norma si esta es aprobada tal como está hoy.

El proyecto de ley contempla penas efectivas de cárcel y pena restaurativa y funcionaría así:

• Quien se someta recibirá entre 6 y 8 años de cárcel efectiva.
• Luego de cumplir esa pena obtiene libertad condicional y debe cumplir con cuatro años adicionales de justicia restaurativa, tiempo durante el cual estará monitoreado.
• Aunque recibe el beneficio, al momento de la condena quedará establecida la pena real de acuerdo a las normas de la justicia ordinaria y esta se aplica si el beneficiado viola la ley luego del sometimiento.
• Quienes son parte de las bandas criminales y se encuentran en la cárcel se podrán someter, según el proyecto, sin libertades automáticas. La Fiscalía revisará durante un año su situación y evaluará si cumple con todos los requisitos como el de verdad, justicia, reparación, entrega de armas, rutas, y cómplices, entre otros.
• El proyecto también establece que se respetarán las normas internacionales y los tratados firmados por Colombia. Es decir, se mantiene la extradición.

Además de los beneficios en la reducción de las penas también se contempla que quien se acoja conserve el 6% por ciento de los bienes que reporte a la justicia.

¿Cuál es la ruta de quienes quieran acogerse a ley de sometimiento a la justicia?

El primer paso para el sometimiento será el acercamiento del gobierno con los grupos para alcanzar un preacuerdo. Según el proyecto, lo haría el presidente o el comisionado de paz. Esos acuerdos serán revisados por el fiscal general. Con este paso se busca evitar colados.

En una segunda fase estará la imputación. Allí la Fiscalía contrastará la información aportada por los sometidos contra lo que ellos hayan aportado en armas, bienes e información sobre secuestrados, desaparecidos, negocio ilegal.

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Y luego vendrá la pena a imponer, que será aplicada por un juez ordinario, ya que no habrá una justicia especializada para estas bandas criminales.

Hay que tener en cuenta que la ley cobija a mandos altos y medios, y también a los integrantes rasos y les permite acogerse al llamado principio de oportunidad.

¿Dónde están ubicados las bandas criminales que hoy podrían acogerse a la ley de sometimiento y cuál sería su impacto?

Lo primero que hay que precisar es que se trata de una ley diseñada para estructuras o grupos armados ilegales que no tengan carácter político.

En consecuencia, para el caso del ELN, que adelanta en este momento conversaciones con el gobierno, no aplica, en cambio podrían entrar las Autodefensas de la sierra nevada de Santa Marta, las AGC o el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.

No es claro aún que va a pasar con el Estado Mayor Central de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y si el gobierno le va a conceder estatus político.

¿Qué pasará con quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad?

Estas personas pueden entrar a este paquete y seguramente van a tener una condena de 40, 50 años, según el Código Penal que es la condena, digamos, ordinaria.

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Y esa pena se puede sustituir por la pena alternativa de los 8 años, como pasó en Justicia y Paz. Y si llegan a incumplir con las condiciones perderían los beneficios y cumplirían la pena total”, explica el representante Alirio Uribe, uno de los ponentes del proyecto en el Congreso.