En las últimas horas se agudizó el enfrenamiento entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. El jefe de Estado lo señala de preparar medidas contra varios funcionarios del gobierno, mientras la cabeza del ente acusador asegura que lo dicho es una amenaza para él y para la rama judicial.
El consenso entre juristas y analistas es que la pelea entre el presidente de la República y el fiscal general afecta las dignidades de los dos cargos y no le aporta a Colombia.
Para los expertos, los reiterados enfrentamientos entre dos de los más importantes funcionarios en Colombia lo único que le dejan al país es un mal ejemplo. La Paca Zuleta advierte que la tarea del fiscal no es buscar peleas con el presidente.
“Yo creo que al él se le han ido las luces en todo su periodo opinando sobre política en momentos donde no debería hacerlo, pero el presidente simplemente debería decir eso: ‘señor fiscal, cumpla su función. Las funciones de su cargo son las siguientes, no son opinar sobre las políticas públicas o las posiciones políticas del presidente de la República'”, afirma María Margarita Zuleta, directora de la Escuela Gobierno de la Universidad de los Andes.
Laura García, decana de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dice que las peleas del presidente con el fiscal afectan la majestad de los cargos.
“Ninguno de los dos está haciendo su papel en un país que necesita que el presidente de la República se concentre en todo lo que significan las dificultades que atraviesa el país y el fiscal también hacer su trabajo, que uno siente que está abandonando por hacer política”, puntualiza García.
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Una situación ante la cual exministros y expresidentes de altas cortes hacen un llamado a la cordura.
“Los dos andan deslenguados. Por un lado, el fiscal parece haciendo política desde hace rato y ahora la responde el presidente llamándolo sedicioso. No es un buen ejemplo para los ciudadanos, los ciudadanos esperan de sus dirigentes confianza, tranquilidad, prudencia y esto es un espectáculo antidemocrático”, indicó Jaime Arrubla, expresidente Corte Suprema de Justicia.
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Por su parte, el exministro de Justicia Pedro Medellín fue claro en afirmar que “lo que lleva es una pérdida de legitimidad en las instituciones. Es decir, cuándo hay pérdida de legitimidad, cuando la gente deja de creer que las entidades actúan con sentido público, cuando empiezan a actuar con sentido privado, el país está viendo cómo las instituciones se están privatizando de manera desproporcionada”.
Para estos decanos, exministros y juristas, uno de los puntos claves para poner fin a la pelea fiscal - presidente es que la Corte Suprema de Justicia no de más largas en la elección de la nueva jefe del ente investigador.