Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura. Desde la perspectiva del congresista, este dinero se destinaría para la creación de nuevos despachos o formalización de cargos en la planta de ese organismo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Sus indicadores de resultados son desastrosos”, mencionó Gómez Martínez sobre la JEP. Insistió, además, que mientras tanto los colombianos sufren porque la justicia ha quedado rezagada para atender cerca de 2.2 millones de procesos. Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella compartió el comunicado del congresista, agregando: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.Ante esta propuesta, la JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pidió que se garanticen los recursos indispensables para su operación. “La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes”, indicaron en un comunicado.En otro punto, la JEP indicó que en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.(Le recomendamos: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)Respecto a esta situación, manifestaron que “estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”.Finalmente, señalaron que la JEP pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.¿Qué dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP?En diálogo con Noticias Caracol, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, manifestó que esta reducción presupuestal deja “inoperante a la JEP”. Señaló que lo que están tramitando es una reducción de hasta 185.000 millones de pesos en total, por lo que hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que vean las implicaciones que tienen esas decisiones.“Están afectando el funcionamiento y entonces tocaría que trabaje cada uno en su casa”, señaló sobre el posible cierre de la sede. Explicó que le envío 190 páginas al senador Enrique Gómez respondiendo a un derecho petición. “Están todos los resultados de la JEP, que no son solo sentencias, sino denuncias, amnistías y resultados intangibles en términos de verdad”, explicó acerca de los 60 años de guerra que investiga el órgano.En cuanto a las críticas sobre el tiempo de investigación de la JEP, recordó que son casos macro y que ya hay sentencias en viarios de estos. Incluso planteó que hay 21.000 secuestros investigados. “Hemos sido más rápidos que la justicia ordinaria investigando esa cantidad de casos”, manifestó.También hizo énfasis en la reducción planteada por Gómez Martínez, indicando que la JEP quedaría “básicamente sin presupuesto”, anotando que habría que entregar la sede, no habría seguridad e incluso que “no habría forma de funcionar”. “Si quieren acabar la JEP, la están acabando con el presupuesto”, puntualizó.NOTICIAS CARACOL
La Cancillería declaró un estado de "urgencia manifiesta" para evitar cualquier interrupción en la entrega de pasaportes y visas en Colombia. Esta medida legal, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido este viernes, responde a una orden judicial que suspendió el proceso de implementación de un nuevo modelo de emisión de documentos de viaje. El Gobierno nacional asegura, sin embargo, que la atención en consulados y oficinas se mantiene con total normalidad, respetando las citas ya programadas por los ciudadanos. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe igual forma, se utilizarán contratos temporales exclusivamente para sostener la operación mientras se organiza una nueva licitación pública transparente. Todas las acciones tomadas bajo esta emergencia, explica el documento, serán supervisadas por la Contraloría General para garantizar el manejo correcto de los recursos estatales.La urgencia manifiesta, como explica la Cancillería, es un mecanismo excepcional previsto por el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata."La medida se adopta en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026, proferido en el marco de una acción popular. A través de esta providencia, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio", explica el documento, que detalla que "la decisión judicial señaló, entre otros aspectos, la necesidad de acreditar plenamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras, así como la de esclarecer aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación".En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las solicitudes de aclaración presentadas por las partes involucradas en el contrato de los nuevos pasaportes, elaborado en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y ratificó la suspensión provisional de esos convenios. El tribunal consideró que esas solicitudes no buscaban aclarar “aspectos confusos” de la decisión sino obtener instrucciones concretas sobre la manera en que las entidades debían ejecutar sus competencias administrativas, contractuales y operativas frente a la medida cautelar. Según el despacho, definir esas alternativas corresponde a las autoridades responsables del servicio, quienes deberían estar preparadas ante eventuales contingencias, y no al juez.“No le compete al juez popular sustituir a la Administración en la dirección, planeación o ejecución de las medidas de contingencia que resulten procedentes, ni determinar de manera previa cuáles mecanismos contractuales, presupuestales o logísticos deben implementarse para cumplir la orden impartida, pues ello implicaría trasladar al órgano judicial competencias que corresponden exclusivamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio”, señaló la providencia. Y agregó que es deber de cada autoridad establecer dentro de sus competencias jurídicas y operativas las decisiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público.NOTICIAS CARACOL
El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá le ordenó al Ministerio de Defensa que dé información detallada sobre los viajes aéreos que ha realizado el presidente Abelardo de la Espriella en aeronaves de la Fuerza Pública desde el 7 de agosto hasta el mes de septiembre. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa sentencia viene de una tutela que interpuso el representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, quien reveló el pasado 8 de septiembre los detalles sobre la operación aérea presidencial y cuestionó desde viajes que han durado menos de 10 minutos hasta visitas a la sede deportiva del Junior de Barranquilla.Si bien el representante realizó la denuncia con datos que fueron suministrados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tras un derecho de petición, la entidad solo dio cuenta de los viajes efectuados entre el 7 de agosto y el 24 de agosto de 2026. El juzgado determinó que la respuesta del Ministerio, ofrecida el 8 de septiembre, fue “incompleta y no congruente con lo solicitado”. Por ello, ordenó al ministro de Defensa suministrar la información faltante en un plazo de 48 horas, es decir, debe complementar con la información de los viajes realizados entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre. La tutela busca proteger los derechos fundamentales de petición y acceso a la información del accionante, el representante Bohórquez.El Ministerio de Defensa había solicitado en el proceso que se declarara como improcedente la acción de tutela, argumentando que había carencia actual de objeto por hecho superado. Y es que la entidad sostenía que sí se le había dado una respuesta de fondo al accionante, usando los insumos provenientes de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Además, afirmaba que entregó la información solicitada y dio una respuesta oportuna. Pese a ello, el juez no falló a su favor.Costos y hallazgos de la Operación Aérea PresidencialEl representante José Luis Bohórquez trajo a colación los datos que le suministró la FAC y denunció que, en solo 18 días, los apoyos aéreos prestados a De la Espriella —que han sido 103 viajes entre el 7 y el 24 de agosto— costaron más de mil cien millones de pesos, exactamente $1.117.705.478,79. En su denuncia, el congresista cuestionó algunos hechos que, a su juicio, merecen ser explicados. La cifra y el periodo de los 103 desplazamientos también fueron reportados por Caracol Radio a partir de la información entregada en el proceso.Y es que de los 103 trayectos, 34 aparecen registrados con cero pasajeros. Dichos vuelos por sí solos costarían cerca de 132 millones de pesos. Ahora bien, el congresista no dice que sean vuelos injustificados, sino que podrían enmarcarse en motivos de seguridad, posicionamiento o logística, pero reafirma que el Gobierno nacional debe explicar la razón de cada uno de estos 34 vuelos y por qué es necesario asumir el costo.Adicional a esto, en el cuadro suministrado por la FAC figuran 64 trayectos que tienen como duración menos de 10 minutos. Incluso hay registro de viajes que duraron por mínimo cuatro minutos. Por citar un ejemplo, el 12 de agosto hubo varios movimientos de un helicóptero que estuvo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Escuela Militar, la Casa de Nariño y el Cantón Norte. Todos los viajes fueron dentro de la ciudad. Noticias Caracol tuvo acceso al cuadro de la FAC enviado al representante y constató que hay más de 36 vuelos que tuvieron como origen o destino Sabanilla-Sede Deportiva Adelita de Char, donde entrena el Junior de Barranquilla. Solo el 9 de agosto hubo dos desplazamientos de ida y vuelta hacia el lugar en horas de la mañana y la tarde. El caso se repite el 15 de agosto, cuando fue tres veces a la sede Adelita. Lo mismo ocurrió el 24 de agosto, cuando se registraron dos aterrizajes en la mañana y en la noche. De hecho, 17 de estos movimientos tienen 0 pasajeros y habrían costado 61 millones de pesos. “¿Qué actividad oficial, logística o de seguridad explica esta concentración de operaciones aéreas hacia una sede deportiva en Sabanilla?”, cuestionó Bohórquez en su momento.Cabe recordar que durante el mes de agosto se pudo ver a De la Espriella en varias partes de Colombia después que el terremoto del pasado 10 de agosto afectara a varios municipios y ciudades que él y su gabinete visitaron. Chocó, Cali, Pereira hicieron parte de los destinos acreditados en la tabla suministrada por la FAC y tuvieron desde 26 hasta más de 30 pasajeros que viajaron a bordo.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves 17 de septiembre a cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, con lo que se completan las vacantes existentes en esta dependencia de la alta corporación. El proceso de selección contó inicialmente con 450 aspirantes, entre ellos 190 mujeres y 260 hombres. Con la elección, la Corte busca garantizar la continuidad del funcionamiento de la Sala Especial de Instrucción, encargada de adelantar las investigaciones contra congresistas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Cuál es la importancia de la Sala Especial de Instrucción?La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es una de las instancias más importantes del sistema de justicia penal colombiano porque se encarga de investigar a los congresistas y, cuando encuentra mérito, acusarlos ante otra sala de la propia Corte. Y es que en Colombia, los congresistas no son investigados penalmente por la Fiscalía como cualquier ciudadano. Por su fuero, las investigaciones por delitos que se les atribuyan corresponden a la Corte Suprema. En el caso de los congresistas, esa función está específicamente en la Sala Especial de Instrucción. Por ejemplo, si un senador o representante es señalado de corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito, esta Sala puede abrir una investigación, practicar pruebas y determinar si existe fundamento para formular una acusación.¿Quiénes son los nuevos magistrados?Los cinco juristas cuentan con experiencia en distintas áreas del derecho penal y en entidades de la Rama Judicial y el Ministerio Público.Andrea Nataly Bermúdez Sánchez es abogada y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el Ministerio Público. Se desempeñó como procuradora judicial en asuntos penales y también como procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.Patricia del Socorro Hernández Zambrano tiene experiencia en la Fiscalía General de la Nación. Ha ocupado cargos como fiscal delegada ante tribunales superiores y, desde 2025, se desempeña como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especializado en derecho penal y cuenta con experiencia como litigante y consultor en asuntos relacionados con el derecho penal financiero y bursátil. También ha ejercido como conjuez de la Sala Especial de Instrucción y fue subdirector de la Fiscalía General de la Nación.Susana Quiroz Hernández tiene trayectoria en la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Además, hizo parte de la lista de candidatos considerada para ocupar la vacante que dejó el magistrado César Augusto Reyes Medina.Adriana Cecilia Alarcón Gallego cuenta con más de 20 años de experiencia en la Rama Judicial. Durante su trayectoria ha sido asistente y abogada auxiliar de magistrado, magistrada encargada y magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Colpensiones tiene más de 7 millones de afiliados y cerca de 1,9 millones de pensionados. Solo en marzo de este año las mesadas pagadas por la entidad sumaron 5,4 billones de pesos. Y es sobre esas obligaciones que hoy está la discusión: el Gobierno nacional calcuca que para 2027 necesita cerca de 4,8 billones de pesos adicionales al presupuesto que tiene proyectado de 57 billones, a fin de garantizar el pago de las mesadas durante todo el año proximo. "Colpensiones hoy requiere de 58 billones de pesos y tenemos un déficit para cerrar el año noviembre diciembre de 5 millones de pesos para pagarle la pensión a los colombianos está la plata no están los recursos", afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López, ante la la Comisión Séptima del Senado.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl 82% de las mesadas en Colpensones están entre uno y dos salarios mínimos. Por eso, lo que está en discusión no es solamente cuánto dinero necesita Colpensiones para cerrar este año sino también cuánto tendrá que aportar la nación para sostener el pago de las pensiones en los próximos. "En Colombia nos gastamos 100 billones al año en pensiones y solo uno de cada cuatro colombianos en edad se pensiona. Nos toca empezar a hablar de verdad de lo que se viene en material pensional", afirmó Andrés Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, quien agregó que "el costo de la nómina mensual de Colpensiones son 5,5 billones de pesos, una cifra que cada vez desborda más las finanzas de la nación".Además de los recursos para Colpensiones, la ministra pidió 500 mil millones de pesos para el Sena, más de 16 mil millones para el servicio público de empleo y 44 mil millones para la Superintendencia del Subsidio Familiar.Durante su intervención, la ministra reiteró que los recursos para las pensiones no pueden ser vistos simplemente como una cifra del presupuesto, pues son la forma para garantizar que las personas que trabajaron durante toda su vida tengan una vejez digna. "Cada peso debe tener un propósito, llegar donde se necesita y responder a las prioridades de los colombianos", señaló López.NOTICIAS CARACOL
El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene como objetivo económico un crecimiento del 6 % en el Producto Interno Bruto (PIB). Para esta labor, el presidente le designó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, varias responsabilidades en la coordinación interinstitucional e intersectorial. Este miércoles, Restrepo compartió la propuesta a la que llegó con otros miembros del gabinete para alcanzar esos objetivos.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"Presidente, por su instrucción hicimos la reunión con 10 actores del gabinete, los que tienen relación con el desarrollo de crecimiento y productivo del país", comenzó diciendo el vicepresidente Restrepo en el video compartido en sus redes sociales oficiales. La mano derecha del presidente agregó que tras una reunión con los ministros desarrollaron lo que denominaron como la "Misión Crecer".Los 4 frentes que lidera el vicepresidente para el crecimiento económicoEl vicepresidente habló sobre cuatro frentes para alcanzar el objetivo de crecimiento económico que tiene proyectado su gobierno: Incentivos y modelos de estabilidad jurídica.Registro y portafolio de los bancos de proyectos de inversión más importante del país y de alto valor agregado.Avanzar en simplificación de normas, trabas y trámites innecesarios.Trabajar productividad de la mano de obra y formalización."De aquí antes de diciembre usted va a tener una propuesta de crecimiento para este país", le aseguró el vicepresidente Restrepo al presidente Abelardo de la Espriella. Por otra parte, el vocero del Gobierno, Miller Soto, explicó las responsabilidades de Restrepo y el decreto que le ordenó la misión de coordinación interinstitucional e intersectorial. "El decreto precisa que esta labor no sustituye ni subordina las competencias de las entidades públicas. Por el contrario, busca articular a las entidades nacionales, las ramas y órganos autónomos del Estado, las entidades territoriales, la ciudadanía y la comunidad internacional", dijo Soto.¿Cuáles son las misiones especiales del vicepresidente Restrepo?El vocero añadió que el vicepresidente puede expedir instructivos, circulares o documentos necesarios para cumplir las misiones, entre las que mencionó cinco principales asignadas por el presidente De la Espriella:Coordinar la estrategia Talento Colombia enfocada en cerrar brechas entre la formación, la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, la tecnología y la exportación de servicios.Promover la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante la inteligencia artificial, la analítica de datos y la gestión basada en evidencia.Dinamizar proyectos relacionados con energía, con hidrocarburos, con minerales críticos y con energías renovables.Facilitar y acelerar inversiones estratégicas, incluidos los proyectos de interés nacional estratégico, así como la internacionalización de la economía.Apoyar la productividad, la competitividad, la agroindustria, la innovación financiera, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El Gobierno de EE. UU. anunció que vuelve a descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas. Sin embargo, señala que mantendrá la asistencia económica a la nación, así como a Bolivia y Birmania porque “es actualmente vital para los intereses nacionales” del país norteamericano.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn el comunicado dado a conocer el Gobierno de Donald Trump, identifica “a los siguientes países como principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela”. Precisa que “la inclusión de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en materia de lucha contra las drogas ni su coordinación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de país principal de tránsito o de producción de drogas establecida en la Ley de Asistencia Exterior de 1961, los países principales de tránsito o de producción de drogas ilícitas se incluyen en la lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso cuando un gobierno ha implementado medidas enérgicas y diligentes de control de narcóticos y de aplicación de la ley”.¿Podrían retirar la descertificación antes de un año?En el texto, se resalta que “Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Él se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, actividades que alcanzaron niveles récord bajo las fracasadas políticas socialistas de su predecesor. Colombia está preparada para retomar su lugar como nuestro principal aliado en materia de seguridad en el hemisferio; además, las fuerzas armadas, la policía, los fiscales y los tribunales del país cuentan por fin con un defensor digno en la figura del presidente De la Espriella”. (Lea también: Petro respondió a señalamientos del Gobierno De la Espriella: "Nos endeudamos para pagar la deuda")“Si, tal como se espera, Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación decidida de cultivos de coca y en el desmantelamiento de las redes de narcoterrorismo, consideraré revocar la calificación de país que ha ‘fracasado demostrablemente’, una etiqueta que se mantiene vigente únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del año pasado”, indica.¿Por qué no retiró la descertificación?La decisión se toma sobre la base de las labores realizadas por Colombia contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. Es decir, que no se tiene en cuenta el primer mes de la política antinarcóticos del Gobierno De la Espriella. “Se esperaba la noticia”, recalca la analista internacional Teresita Aya, quien indica que al Congreso de EE. UU. se le presenta una lista de países que han cumplido o no con lo que el país pide y, desde la percepción del Gobierno Trump, no está llevando a cabo los compromisos.No obstante, el Departamento de Estado considera que la nación, “por cuestiones de seguridad nacional para nosotros, sigue siendo muy importante, entonces hagamos la excepción para que siga recibiendo ayuda con algunas condiciones” y “si le va muy bien lo sacamos de la lista”, explicó la experta, quien destacó que Colombia haya “recibido un apoyo muy fuerte e importante” con el mensaje dedicado a De la Espriella.Reacción del Gobierno colombianoLa embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, reiteró que “la determinación evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. El resultado de dicha determinación es un claro reflejo del desgobierno de los últimos 4 años”. Indica, por otro lado, que “el gobierno del presidente De la Espriella asumió el mandato popular de corregir ese deterioro, y desde el primer día ha adoptado acciones concretas y decisivas para restablecer la seguridad, fortalecer la autoridad del Estado, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. Su gobierno ha establecido como prioridades la seguridad y el imperio de la ley, la reducción de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, así como la lucha contra las organizaciones criminales”.Según la diplomática, durante los primeros 36 días de esta nueva administración, “la Fuerza Pública realizó 17.147 capturas, incautó 75.613 kilogramos de estupefacientes, se registraron 463 sometimientos y 73 extradiciones. El gobierno ha dispuesto una estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, con intervención focalizada en zonas estratégicas y mediante programas piloto. Nuestro propósito es enfrentar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos, laboratorios y precursores químicos, hasta las rutas, las finanzas criminales, las estructuras de mando y las redes internacionales. Al mismo tiempo, Colombia ha renovado su cooperación operacional y judicial con los Estados Unidos”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, le presentó, este miércoles 15 de septiembre, sus credenciales al presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. La diplomática detalló las prioridades de su misión en el país norteamericano: seguridad, estabilidad y prosperidad. Además, dio a conocer algunos de los temas que abordó con el mandatario.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con la embajadora, “en nombre del presidente Abelardo de La Espriella expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado por su gobierno y por el pueblo de Estados Unidos en nuestra reciente tragedia nacional”, refiriéndose al terremoto en Colombia, que dejó más de 300 muertos. Agregó que también le transmitió “el firme propósito del presidente De la Espriella de devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de la seguridad la base de una nueva etapa de prosperidad económica. Es un propósito que trasciende nuestras fronteras. Junto con Estados Unidos, pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio”.Certificación antidrogasSu encuentro se dio cuando Colombia está a la expectativa de si Estados Unidos entrega la certificación de la lucha antinarcóticos a Colombia y otros países. Cabe recordar que la nación suramericana está descertificada desde 2025, la primera vez en 30 años y por tercera vez en la historia, por haber fallado demostrablemente en sus esfuerzos en la lucha antidrogas, según Washington. "En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo", señaló hace un año.Es de resaltar que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, indicó que la decisión de este 2026 se toma sobre la base de las labores realizadas por Colombia contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. Es decir, no se va a evaluar el primer mes de la política antinarcóticos del Gobierno De la Espriella, por lo que se presumiría que la determinación fuera nuevamente una desertificación.Pese a esto, se mantendrían los recursos de cooperación, teniendo en cuenta también que el Gobierno Trump ya ha dicho que es su voluntad proponer al Congreso de los Estados Unidos 1.000 millones de dólares de asistencia para el país suramericano.NOTICIAS CARACOL
En una intervención transmitida en cumplimiento con el Estatuto de la Oposición, el expresidente Gustavo Petro presentó una réplica frente a los recientes pronunciamientos del presidente Abelardo de la Espriella. Durante su discurso, exmandatario abordó los cuestionamientos de su Gobierno sobre el gasto presupuestal, el manejo de la deuda pública, la política de subsidios a los combustibles y los ajustes en la inversión social planteados en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso de la República.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Respecto a los señalamientos sobre el gasto de recursos durante su administración, Petro rechazó los cuestionamientos referidos al desembolso de 10 billones de pesos en una semana. El exmandatario argumentó que la cifra responde a una operación matemática básica sobre el monto global aprobado por el legislativo. "Solo hay que hacer una división: ¿cuánto es el total del presupuesto para este año aprobado por ley en el Congreso de la República? 548 billones. ¿Cuántas semanas tiene un año? 48. Solo hay que hacer una división simple... da 11 billones y pico. Es decir, con un presupuesto como el que aprobó el Congreso, es promedio de todas las semanas del año poder gastar unos 11 billones de pesos", afirmó el expresidente.En materia de deuda pública, el exjefe de Estado presentó un balance histórico del endeudamiento externo e interno del país, señalando decisiones de administraciones anteriores y defendiendo los indicadores alcanzados durante su gestión. "Nosotros no nos endeudamos para hacer carreteras, no nos endeudamos para hacer hospitales o para hacer colegios; nosotros solo nos endeudamos para pagar la deuda tratando de aprovechar que las tasas de interés fueran más baratas... redujimos el porcentaje de la deuda externa respecto al valor total de la economía colombiana... bajamos del 61% el endeudamiento respecto al valor total de la economía al 57%", sostuvo.Durante la réplica también se analizaron los cambios planteados en el nuevo monto presupuestal propuesto por el Gobierno De la Espriella, el cual asciende a 635 billones de pesos, en comparación con la propuesta previa de 575 billones de pesos. El exmandatario cuestionó el incremento de 37 billones de pesos destinados al pago del servicio de la deuda, asegurando que los compromisos financieros ya se encontraban cubiertos. Asimismo, Petro abordó la política en torno a la gasolina y las implicaciones fiscales del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El dirigente sostuvo que la reactivación o mantenimiento de aportes a este mecanismo afecta los recursos destinados a otros rubros del Estado."Solo el 15% de la población colombiana usa gasolina, el 100% de la población colombiana usa energía eléctrica, come todos los días. ¿Cómo vamos a sacrificar la comida de todos los días haciéndola más cara, más inalcanzable, por mover una camioneta cuatro puertas?", aseveró Gustavo Petro. En cuanto a la distribución del gasto, el exjefe de Estado manifestó su preocupación por las reducciones en los montos destinados a sectores estratégicos como la agricultura, la cultura, el deporte y la transición energética. Indicó que el recorte en el sector agropecuario se produce en vísperas de fenómenos climáticos de sequía que afectan la producción nacional de alimentos. "Se reduce en cultura, deporte, agricultura cuando viene una megasequía que nos va a dejar sin alimentos y sus precios van a crecer, y lo que hay es que invertir para producir más alimentos... bajan esas inversiones que nosotros habíamos puesto más altas... quita los paneles solares cuando más sol va a haber en la sequía y cuando la energía generada por el panel solar es diez veces más barata", advirtió. En la parte final de la réplica, el expresidente Petro advirtió sobre la posibilidad de que se ejecuten recortes al gasto social por un monto cercano a los 17 billones de pesos mediante decretos reglamentarios, afectando rubros de educación pública, el sistema preventivo en salud y la ampliación de cobertura para los subsidios a la población adulta mayor.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Con 61 votos por el no y 27 por el sí, fue negada la moción de censura al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán. El jefe de la cartera había sido citado al Congreso de la República luego de ser visto de vacaciones en Santa Marta a menos de una semana del terremoto de 7.4 que sacudió el país, causó cientos de fallecidos y dejó miles de familias afectadas.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Cuando fue citado el pasado 9 de septiembre, Beltrán manifestó que veía la moción de censura como “una oportunidad de contarle al país lo que está pasando”, y reiteró que “si alguien se sintió ofendido, mil disculpas”. Sin embargo, dijo que no lamentaba que le "hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo”.En su momento, el ministro centro sus palabras en otras personas. “Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas”, aseguró. El jefe de la cartera también explicó en su momento la forma en la que tuvieron que actuar. “¿Saben por qué nos tocó levantar la mano para pedirle apoyo al sector privado? Porque la olla la dejaron raspada, porque cada uno de los ministerios los dejaron completamente pelados, no había recursos”. Pero ahora, afirmó “tenemos más de 2 billones (…) y no público, sino de manera privada”. Recalcó que hay “16 departamentos afectados, esa es la mitad del país”, y “nos están pidiendo que en cuatro semanas hagamos lo que no hicieron en cuatro años”. Pero “la reconstrucción no se trata simplemente de levantar viviendas, se trata de garantizar que la normatividad se cumpla”.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Ricardo Valencia habló este martes en Noticias Caracol En vivo de su salida de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó esa decisión al declararlo insubsistente menos de un mes después de su nombramiento por presuntas anomalías en las cifras oficiales de los indicadores de julio, el último mes del gobierno del expresidente Gustavo Petro. "No recibí información alguna de inconformidad", afirmó Valencia, quien defendió la autonomía de la entidad y aclaró los motivos expresados por la Presidencia de la República para su retiro.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn un comunicado, la Presidencia señaló que "la decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio". El Dane, encargado de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia, entre ellas las de inflación, desempleo, crecimiento económico, pobreza y población, es un organismo público que forma parte del Estado y que debe mantener independencia técnica en la elaboración de sus datos.Según explicó Valencia, la única información oficial con la que cuenta sobre su remoción es ese comunicado emitido por la Presidencia de la República. En ese documento se argumentaron molestias por sus declaraciones del 31 de agosto, cuando afirmó no tener evidencias de anomalías en los cálculos de los indicadores del mercado laboral correspondientes al mes de julio. De igual forma, la Presidencia señaló un presunto desacato a una directiva que restringía la realización de ruedas de prensa.Sin embargo, el exdirector precisó la discrepancia temporal entre las declaraciones y la norma invocada: “La rueda de prensa donde contesté la pregunta sobre que hasta el momento yo no había encontrado anomalías ocurrió el 31 de agosto y la directiva de presidencia tuvo lugar el 3 de septiembre”. Valencia enfatizó además que la Ley de Estadísticas garantiza la autonomía de la institución, la cual “cubre toda la cadena de valor de la producción de datos desde la recolección, el procesamiento y las decisiones sobre cómo divulgar las estadísticas del país”.En efecto, en esa rueda de prensa, Valencia aseguró que no había encontrado "ninguna anomalía en el cálculo de los indicadores de mercado laboral". Esa intervención, en la que el director respaldó las cifras correspondientes al último mes del Gobierno de Petro, también es cuestionada por la Presidencia por incumplir una "directiva presidencial" que establece reglas para las comunicaciones públicas de los funcionarios. La norma fue aplicada posteriormente por el propio Dane, que canceló una rueda de prensa prevista para presentar las cifras de inflación de agosto. En ese sentido, su salida se produce en medio de las acusaciones del presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, contra el Gobierno de Petro por la gestión de las cuentas y las cifras económicas que recibió su Administración.El domingo pasado, el presidente De la Espriella aseguró en una alocución que su Gobierno "perseguirá a los que mintieron en las cifras, a quienes comprometieron el futuro de Colombia y a quienes convirtieron el erario en botín; van a responder".Valencia relató en entrevista con Noticias Caracol En vivo la manera en que fue notificado de la decisión mientras trabajaba en su despacho: “Estando en mi oficina a las 3 de la tarde [...] se acercó la secretaria general encargada y me avisó verbalmente que había sido declarado insubsistente y a continuación me mostró en su celular el decreto”. Ante la noticia, asumió la situación entregando “lo más prolijamente posible el computador” y los implementos de trabajo asignados. Manifestó no estar sorprendido por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, aunque aclaró que es la primera vez en su carrera profesional que afronta una declaratoria de insubsistencia. Asimismo, confirmó que no conoce personalmente al presidente de la República.Consultado sobre si reiteraría sus afirmaciones sobre la transparencia de las cifras, Valencia aseguró que lo haría sin dudar, argumentando que el DANE se debe estrictamente al método científico y solo predica cosas sobre las cuales tiene evidencia al momento de emitir un juicio. “Haría bien la sociedad toda en defender la independencia técnica y la confianza en el DANE”, aseveró, destacando que la institución representa “un bien público valiosísimo para la democracia”.Pese a la brevedad de su gestión —tras haber tomado posesión el pasado 20 de agosto—, desestimó sentir frustración: “Desesperanza y decepción no son las palabras que yo usaría. Yo tenía la ilusión de estar los 4 años aquí porque los proyectos que tenía el DANE para estos 4 años eran fascinantes”. Entre sus metas figuraban el fortalecimiento de la pedagogía en la presentación de datos, la actualización del ciclo censal (agropecuario y de población), la integración de datos entre el sector público y privado, y la aceleración de los sistemas estadísticos territoriales.Al ser indagado sobre qué le diría al jefe de Estado, concluyó: “Le diría que le deseo el mayor de los éxitos en su tarea de resolver los grandes problemas que aquejan al país”. Tras este paso por el sector público, confirmó que retoma de inmediato sus funciones al frente de su empresa Álgebra Labs, dedicada a la tecnología y gestión de datos.Valencia deja el cargo con un perfil ligado al Dane y a la producción estadística. Antes de asumir la dirección había sido subdirector general de la entidad entre 2018 y 2022, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque. El nuevo director de ese organismo será Juan Manuel Alvarado, un economista del Caribe colombiano cuya trayectoria está más vinculada a la planeación, el desarrollo territorial y la gestión pública.NOTICIAS CARACOL
Luego de la salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el nuevo director de ese organismo estadístico será Juan Manuel Alvarado, un economista y empresario del Caribe cuya trayectoria está más vinculada a la planeación, el desarrollo territorial y la gestión pública. Según se conoció, Alvarado hizo parte del grupo de empresarios que gestionó ayudas para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto y fue ahí cuando De la Espriella consideró su nombre.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl nuevo director del Dane, según un sitio web que recoge su hoja de vida, es economista con maestría en Economía de la Universidad del Norte y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. También fue secretario de Planeación de Barranquilla, donde lideró iniciativas estratégicas como Así Vivo mi Barrio y Barranquilla 2100, enfocadas en el desarrollo urbano. Alvaro ocupó ese cargo durante la alcaldía de Jaime Pumarejo, quien hoy es representante de Colombia ante el BID. El nuevo director publicó el primer anuario estadístico de Barranquilla y ha adelantado investigaciones sobre impacto socioeconómico. El Dane, encargado de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia, entre ellas las de inflación, desempleo, crecimiento económico, pobreza y población, es un organismo público que forma parte del Estado y que debe mantener independencia técnica en la elaboración de sus datos.¿Por qué salió Ricardo Valencia?La llegada de Juan Manuel Alvarado ocurre luego de que el Gobierno relevó este lunes a Ricardo Valencia menos de un mes después de su nombramiento por presuntas anomalías en las cifras oficiales de los indicadores de julio, el último mes del ejecutivo de Gustavo Petro. "La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio", afirmó la Presidencia en un comunicado."Sin embargo, la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración", agrega el documento. En una rueda de prensa en las últimas semanas, Valencia aseguró que no había encontrado "ninguna anomalía en el cálculo de los indicadores de mercado laboral".Esa intervención, en la que el director respaldó las cifras correspondientes al último mes del gobierno de Petro, también es cuestionada por la Presidencia por incumplir una "directiva presidencial" que establece reglas para las comunicaciones públicas de los funcionarios. La norma fue aplicada posteriormente por el propio Dane, que canceló una rueda de prensa prevista para presentar las cifras de inflación de agosto. En ese sentido, su salida se produce en medio de las acusaciones de De La Espriella contra el gobierno de Petro por la gestión de las cuentas y las cifras económicas que recibió su Administración.Valencia deja el cargo con un perfil ligado al Dane y a la producción estadística. Antes de asumir la dirección había sido subdirector general de la entidad entre 2018 y 2022, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.NOTICIAS CARACOL
Horas antes de la aprobación del monto del Presupuesto Nacional para 2027, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, le explicó al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el muy complejo panorama de las finanzas públicas. Según él, el Gobierno de Gustavo Petro radicó un presupuesto en el que “los ingresos no cuadraban con los gastos”. Se trató de un "presupuesto de la mentira, que fue lo que presentó el gobierno Petro antes de entregar las funciones" y por primera vez, “en un hecho que no tiene precedentes en la historia del país, el Congreso dijo ese presupuesto no puede ser considerado porque está desfinanciado en 30 billones de pesos, entonces nos devolvieron el presupuesto” y al revisarlo descubrieron “que no eran 30, sino más bien 60 billones de pesos porque faltaba plata para la nómina, faltaban recursos para la salud, faltaban recursos para los subsidios eléctricos, no estaban totalmente financiadas las universidades públicas, faltaba incluir el fondo de estabilización del precio de los combustibles”, más “el servicio de la deuda calculado realmente”.Para el ministro eso “es una falta de responsabilidad. El presupuesto tiene que incluir todas las partidas de ingresos y gastos de la nación, no puede dejar por fuera cosas que cree que no tiene por qué sumar” y por eso se presentó un presupuesto con gastos adicionales por esos 60 billones de pesos, siendo de $635 billones y el que fue aprobado por el Congreso este lunes 14 de septiembre. Reconoció que “lo que me molesta del gobierno anterior es que cogió el dinero del esfuerzo de los colombianos y lo dilapidó en una parranda que duró 4 años y hoy en día pues estamos sintiendo las consecuencias de eso. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en eso”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEndeudamiento de ColombiaSegún el Gobierno de De la Espriella, la administración anterior presentó “ingresos inflados” y en 8 meses acabaron con el cupo de endeudamiento de 2026 y de acuerdo con el ministro de Hacienda “hicieron subastas en las últimas semanas inmensas, cada semana 6 billones, 4 billones de pesos y mientras tanto las finanzas públicas aumentaban no solo en su nivel de deuda sino de sangre”. El nivel de deuda es de 80 billones de pesos. Por eso, “nuestro reto en términos de financiación es supremamente alto” porque “llevamos años acumulando deuda y hoy representa más del 60 % del PIB”.Adicional a esto, una semana después del terremoto, “cuando volvimos a tener un poco de espacio, me dijeron que aumentó la ejecución 10 billones” porque “seguía moviéndose la inercia de gasto y seguíamos gastando, y tocó tomar una decisión muy dura que fue congelar el presupuesto. Me tocó en la primera semana terremoto, que me devolvieran el presupuesto general de la Nación, que se me agotara el cupo de endeudamiento y, adicionalmente me tocó congelar el presupuesto para que no siguiéramos gastando ni agravando la situación del país”. Añadió que “si no se implementa una política de austeridad, este modelo no es sostenible”.¿De dónde va a salir la plata?Miguel Gómez Martínez explicó que “para el presupuesto actual ya bajamos 22 billones de pesos, para el próximo año vamos a recortar 21,4 billones de pesos adicionales. 20 billones es el 1 % del PIB”. Uno de los recortes que se está haciendo es de 2,8 billones en compras del Gobierno como “computadores, papel, servicios eléctricos; cortar duro ahí que es lo que podemos hacer en el corto plazo”. También se hará recorte en “una cifra muy importante que se llama otras transferencias”, donde hay “más de 260 leyes que han creado obligaciones al presupuesto general de la Nación; (…) leyes, a veces con objetivos muy loables, son como gastos hormiga, que es difícil de controlarlos, no se sabe si cumplen o no su función”.Sobre el lado de ingresos, detalló que hay 19 impuestos nacionales, sin contar los de entes territoriales, por lo que “nuestra capacidad de fiscalización es muy limitada. Lo ideal sería que tuviéramos 3 o 4 impuestos grandes” que “no recaudan mucho, pero sí distraen mucho la atención de la DIAN para la fiscalización y no generan grandes ingresos para el país. El gasto es rígido y el sistema tributario es ineficiente y está desestructurado y así es difícil que el presupuesto salga bien”. Además, dice el ministro, “este presupuesto que estamos presentando crece en funcionamiento 2,8 % en términos reales; lo que sí crece 48 % en términos reales es el servicio a la deuda. Tenemos un desbalance, ese es el problema que tiene a la economía en jaque”. Por eso también habrá recorte en cargos, pero “cada ministerio tiene que presentar su plan, que tiene que ser ambicioso” y “en el tema de las órdenes de prestación de servicios es muy variable”. Reconoce que “liquidar personas no es fácil”.¿Qué tanto se endeudará el Estado?“La deuda depende primero de que los mercados internacionales confíen en que nuestro plan de austeridad es viable, y yo creo que una labor que tenemos que hacer desde el gobierno es mostrar que tenemos una estrategia de corto plazo y una de mediano plazo. En el corto plazo hay tres tiempos que están muy claros: uno, la aprobación del presupuesto; dos, una ley especial, una ley fiscal, que llamamos la ley de rescate de la economía; y el tercer tiempo viene en el primer bimestre del año próximo, que es el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo el ministro Gómez.Tras la aprobación del presupuesto, ahora viene “la ley de rescate, que es una ley donde disminuimos más gastos, más austeridad, porque no tenemos otra opción. Y después vendrá el Plan Nacional de Desarrollo donde queremos incorporar una serie de medidas que estimulen el crecimiento”, indicó, y citó ejemplos: “Obras por impuestos, en eso hay que ser muy agresivo. Hoy en día las obras por impuestos se pueden realizar únicamente en un pequeño número de municipios del país, queremos extenderlo a todos los municipios del país. Eso consiste en que una empresa que tiene que pagar impuestos, en lugar de pagar impuestos, hace una obra, un puente, una calzada”. Aseguró que “el sector privado no está sometido a las normas de contratación del sector público, las licitaciones; lo hacen muy rápido, es fácil de auditar y tiene una ventaja importante, es la velocidad con la que esas obras se pueden hacer”.También está la propuesta de obras por regalías, para que con ese dinero “se hagan obras de carácter regional” y un proyecto podría ser “reacondicionar la red eléctrica de la costa Caribe, que está en muy mal estado, que no se le ha hecho mantenimiento”.Ley de rescate“Esto no es una reforma tributaria, es una reforma fiscal, arranca fundamentalmente con el gasto”, explicó Miguel Gómez Martínez, recordando que “desde 1991 hemos tenido 21 reformas tributarias”. Por eso el mensaje debe ser, expresó, es que “vamos a disminuir el gasto. Lo que la gente tiene que entender es que tenemos un Estado que no podemos financiar y lo primero que tiene que hacer el Estado es dar el ejemplo”. Esta ley es complementaria al recorte “porque con el déficit que tenemos lo único que nos puede pasar es seguir endeudándonos y aumentado el peso de la deuda”, sostuvo.“Necesitamos crecer más rápidamente y le estamos apostando a la inversión privada. El gobierno en los próximos años no va a tener capacidad de hacer más gasto ni más inversión, lo tiene que hacer el sector privado y esa es la apuesta absoluta”, señaló Gómez, quien se mostró optimista al respecto. Sin embargo, lamentó que Colombia exportara en los últimos años “las cosas más valiosas de una economía: capitales, por la inseguridad hubo gente que se fue”, así como por los impuestos. “Y lo otro que estamos exportando, que es más doloroso aún, es gente” y eso “es una catástrofe”, aseveró, recalcando que “perder gente es perder capacidad de crecimiento, porque no solo es la capacidad de producción, sino la de consumo. Usted está perdiendo las dos cosas. Entonces, para nosotros esto es una tragedia. Si nosotros no volvemos a generar en Colombia unas condiciones de seguridad que permitan la inversión, nuestro futuro va a ser muy difícil de sacar adelante. Pero yo soy optimista porque creo que la política y la coherencia de la política de lograr más seguridad y de generar condiciones para traer inversión nos va a generar más crecimiento”.Terremoto en Colombia“Es un desafío económico adicional en un momento que no estaba en la carpeta” y ahora “pudimos conseguir los recursos rápidamente para dedicarlos a la fase de corto plazo y en eso logramos conseguir el dinero que necesitábamos. Viene ahora la segunda fase que es la fase de reconstrucción que va a tardar varios años. Eso no se va a hacer en un año, no se va a hacer en dos, hay que hacerlo lo más rápido que se pueda”, indicó el ministro de Hacienda. (Lea también: A un mes del terremoto, las decisiones del Gobierno tras Consejo de Ministros: firmaron 11 decretos)Fenómeno de El Niño y la crisis energética“Nos toca esperar un poco a ver cuál es realmente el impacto de El Niño sobre los precios”, dijo Miguel Gómez, quien cuestionó que “el 23 de julio de este año el gobierno Petro declaró la emergencia por el fenómeno de El Niño. Eso debió haberse hecho probablemente en febrero de este año. Perdimos un tiempo valiosísimo en eso. Faltando 15 días para entregar el poder sí dijo que El Niño era una cosa importante. Si hubiéramos hecho medidas preventivas en febrero o en marzo, habríamos podido activar la generación eléctrica y disminuir el consumo de agua de nuestras represas, sabiendo que El Niño genera un verano importante y no estaríamos obviamente con la preocupación del futuro energético. Eso no se hizo durante los 4 años de Petro. Toda la modernización de las redes eléctricas, todos los proyectos que había en energía quedaron medio congelados y se estancaron, y hoy estamos necesitando más generación de energía de fuentes que tienen que ser diversas, (…) entonces perdimos un tiempo muy valioso”. (Lea también: Ideam advierte sobre fortalecimiento del fenómeno de El Niño con calor récord en varios municipios)Como medida inicial, el Gobierno De la Espriella “le inyecta 300.000 millones de pesos a las empresas de energía para que puedan las centrales térmicas empezar a generar. Vamos a incorporar unos recursos adicionales de 1,2 billones de pesos para eso. Necesitamos que eso funcione al máximo y que logremos naturalmente pasar la fase crítica de El Niño sin tener problemas de abastecimiento de energía. Es un reto muy grande, pero yo estoy seguro de que lo vamos a lograr”, dijo.“Lo primero que hay que decir es la verdad. Estamos diciendo la verdad”, concluyó.NOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al director del Dane, Ricardo Valencia. “La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del Gobierno anterior”, señaló un comunicado divulgado por la Presidencia de la República, en el que se recalcó que “para el Gobierno Nacional, resulta indispensable realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAdicional a esto, Valencia, que se había posesionado el pasado 20 de agosto, “hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento. Las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz”. Dicha normativa está dirigida a "ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional" y establece que “las decisiones, anuncios, políticas y cifras de gestión tengan como canal primordial las plataformas institucionales de la Presidencia, la vocería, los ministerios y demás entidades competentes, de modo que el país cuente con una sola voz institucional”. Además, señala “que las cuentas personales de los funcionarios no serán el canal primario ni la fuente oficial para anticipar o comunicar determinaciones del Ejecutivo, garantizando que lo público permanezca accesible en igualdad de condiciones para la ciudadanía”. Es de recordar que Valencia ofreció una rueda de prensa en la que se refería a que no había encontrado “anomalía en los indicadores del mercado laboral”.“El Gobierno Nacional reitera que la independencia técnica del DANE será respetada y garantizada. Nadie interferirá en su rigor científico, en sus metodologías ni en la producción objetiva de las estadísticas oficiales. Sin embargo, la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración. Independencia técnica, sí. Posición política de un organismo técnico, no”, se lee en el texto. (Lea también: Congreso aprueba monto del presupuesto nacional para 2027 del Gobierno De la Espriella)Juan Manuel Alvarado Nivia reemplazará al director del DaneEl nuevo funcionario, informa Presidencia, es un “economista del Caribe, cuya trayectoria profesional y hoja de vida respaldan su designación”. Agrega que De la Espriella “conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas las víctimas del terremoto, donde pudo constatar directamente su capacidad de gestión y compromiso con el servicio público”. Entre las primeras funciones que asumirá Alvarado estará adelantar “una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar con transparencia su resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones fundamentales para la toma de decisiones del Estado”.“El propósito es llevar al DANE plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos. Cifras independientes y reales, unidad de Gobierno y disciplina administrativa son bases fundamentales de la gobernanza”, culmina el comunicado.NOTICIAS CARACOL
Este lunes 14 de septiembre se aprobó en el Congreso de la República el monto del presupuesto para el 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella de $634,9 billones de pesos. La votación fue aprobada en las cuatro comisiones económicas del Congreso: comisiones Tercera y Cuarta del Senado y Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes. Ahora, con el monto aprobado, se pasará a debatir cómo se llevará a cabo la distribución del presupuesto. Las comisiones tendrán diez días para organizar el gasto del dinero.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Este presupuesto no es óptimo": MinhaciendaMiguel Gómez, ministro de Hacienda, habló una vez se aprobó el monto del presupuesto y dijo que “este presupuesto no es óptimo. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos falta todavía mucho trabajo por hacer, que adicionalmente existe un espacio para hacer modificaciones y cambios que son necesarios. Ustedes (el Congreso) y el Gobierno quisiéramos más inversión, quisiéramos que la deuda no pesara tanto, quisiéramos menos burocracia. Este no es el presupuesto con el cual hubiésemos querido iniciar el mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos dadas las condiciones en las que está la economía nacional”.Agregó Gómez que, “desde hace décadas, sabemos que nuestro presupuesto es rígido, que le falta flexibilidad para adecuarse a los cambios de la coyuntura. Hemos hecho muy poco o nada. Hace años que nos quejamos de que el presupuesto se volvió una especie de camisa de fuerza y la verdad muy poco se ha hecho para corregir esa situación. Desde hace décadas sabemos que nuestra estructura tributaria es inconveniente y, por lo tanto, los ingresos son insuficientes para financiar las necesidades del país. Hemos hecho 21 reformas tributarias desde 1991 y no hemos resuelto el problema de los ingresos”.Según el ministro Gómez, el estatuto de presupuesto con el cual se realizó “es de 1996, del siglo pasado; en un momento en el cual las realidades eran distintas, en el cual teníamos una economía completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Por eso, necesitamos hacer reformas y este es un primer paso”.Finalmente, el ministro explicó que “cada niño que nace hoy en Colombia ya tiene una deuda de 23 millones de pesos. El problema más serio que tenemos hoy en la economía es el tamaño de la deuda y es en ese sentido que estamos orientando nuestra política de austeridad y obviamente la política de crecimiento que es necesaria para que podamos superar estas dificultades”."Hay mayorías sólidas para aprobar normas fiscales": Rodrigo LaraEl ministro del Interior, Rodrigo Lara, también habló después de conocerse el resultado de las votaciones y mencionó que “nos es grato y satisfactorio saber que el Congreso de la República, sus comisiones económicas y el Gobierno Nacional pueden concertar los elementos más importantes de la política pública en Colombia. De esta aprobación, se desprende ante el país y el mundo que existe una toma de consciencia muy clara frente a las dificultades fiscales que enfrenta el Gobierno, que enfrenta el Congreso y que son el proceso de una acumulación de factores y de un factor de descontrol del gato en los últimos años recientes”.Añadió Lara que “lo importante de sincerar el monto, de sincerar el costo de la deuda y de imputarlo particularmente al año siguiente es que aquí estamos conscientes y poniéndole la cara al país y al mundo frente al problema fiscal. El hecho de que hayamos sincerado esta situación significa que vamos a trabajar de la mano el Congreso y el Gobierno para hacer un recorte de gasto importante en los términos que señale el ministro de Hacienda en los próximos dos meses porque la responsabilidad en esta decisión atañe básicamente la sostenibilidad fiscal de nuestro país. En segundo lugar, esta decisión también es expresión de que hay unas mayorías sólidas y claras para aprobar las normas fiscales más importantes y esto significa, frente a los mercados nacionales e internacionales y frente a los tenedores de bono que existe capacidad de hacer y de garantizar las obligaciones por parte de Colombia. Colombia es un destino fiscal seguro y Colombia honra su tradición de responsabilidad y honra su costumbre de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que el excandidato ganó con el 65,09 % de los votos frente a frente al 28,83 % que obtuvo la exministra Carolina Corcho. (Lea también: El Pacto Histórico presentó el 'Gabinete por la vida': así lo explicaron Petro y Cepeda)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATASegún el documento, el alto tribunal indagará los aportes que hicieron el empresario Javier Antonio Pérez Páez y la compañía Samat Publicidad -116 millones y 609 millones respectivamente-, con lo que presuntamente se habrían sobrepasado los límites de finaciación. Sin embargo, aclara el despacho que para establecer si las presuntas irregularidades denunciadas se presentaron, se ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones.La decisión que había emitido el CNE sobre el casoEn una resolución dada a conocer el 18 de agosto, el Consejo Nacional Electoral indicó que “se ABSTIENE DE INICIAR una investigación administrativa contra IVÁN CEPEDA CASTRO por la presunta infracción del régimen de financiación, en el marco de las consultas populares celebradas el 26 de octubre de 2025”. Según el CNE, “del análisis conjunto de los medios de prueba allegados a la foliatura no se encuentra acreditado que SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ hubiesen realizado donaciones a la campaña de IVÁN CEPEDA, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación”.Precisa que “no encuentra esta Corporación que los aportes atribuidos a SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y a JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ desconozcan el régimen de financiación de campañas; razón por la que, no habiéndose acreditado a partir del material probatorio allegado una posible infracción, no existe mérito para iniciar la investigación administrativa sancionatoria ni para formular cargos contra el candidato IVÁN CEPEDA CASTRO, razón por la cual esta Corporación se abstendrá de iniciar investigación administrativa y dispondrá la terminación de la actuación” por lo que se abstuvo “de iniciar investigación administrativa contra IVÁN CEPEDA CASTRO por la presunta infracción del régimen de financiación”.NOTICIAS CARACOL
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo y aseguró que la autonomía universitaria no está por encima del orden público. "La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAsimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. "No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó.Las voces tras el anuncio de De la EspriellaDiego Alejandro Torres, representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, respaldó la iniciativa señalando que «la autonomía universitaria no está por encima del orden público ni de la Constitución». Aclaró que los actos delictivos provienen de factores externos a la comunidad académica: “La violencia de la universidad no se origina en la universidad viene desde afuera”.Respecto al papel de las autoridades, remarcó que el ingreso policial debe ser una medida extrema y que “la búsqueda del protocolo es para evitar precisamente eso. El protocolo tiene que buscar la defensa de los ciudadanos y los estudiantes son ciudadanos”.Finalmente, instó a la comunidad estudiantil a involucrarse activamente manifestando que “hay que participar en la creación del protocolo, pero también hay que apoyar a las autoridades universitarias”.Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), hizo un llamado a preservar la esencia del espacio universitario sosteniendo que “la universidad por naturaleza es un escenario para la inteligencia la racionalidad el desarrollo de la ciencia”. Si bien rechazó categóricamente cualquier expresión violenta, advirtió sobre los antecedentes de la intervención policial al afirmar que “cuando la fuerza pública interviene en los campos universitarios... han sido intervenciones desproporcionadas y terminan afectando pues la misma institución”.Por ello, exigió una construcción concertada de las reglas de juego: “Esos protocolos tienen que ser diseñados conjuntamente”, añadiendo que “esperamos se dialogue con las universidades y podamos construir estrategias y métodos que efectivamente minimicen el impacto que puedan generar mucha más violencia”.Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, apoyó firmemente la propuesta del Gobierno de De la Espriella diferenciando los componentes de la autonomía académica e institucional: «nosotros respetamos la autonomía universitaria frente a lo administrativo y lo académico, pero algunos han aprovechado eso como un telón básicamente para permitir que se permee las universidades».El mandatario denunció la infiltración de grupos armados al margen de la ley y enfatizó que “las universidades hay que recuperarlas y los que más necesitan que sean recuperadas son los mismos estudiantes”.Sobre la aplicación de los operativos de seguridad, sugirió dar prioridad a la inteligencia previa indicando que “lo primero que tiene que pasar es que a través de inteligencia y con la colaboración de los rectores y comunidad académica se saque a quienes no son de la universidad”.¿Cómo debe ser el protocolo?En el análisis de la coyuntura, Gabriel Cifuentes precisó que la autonomía universitaria es una garantía consagrada en el artículo 69 de la Constitución y desarrollada por la Ley 30 de 1992, la cual otorga competencias de gestión académica, administrativa y financiera.No obstante, aclaró que esta no constituye un derecho absoluto y tiene límites marcados por la protección de los derechos fundamentales y las exigencias del orden público. Cifuentes enfatizó que no existe una prohibición legal que impida la entrada de la fuerza pública ante situaciones delictivas o de terrorismo, pero subrayó que es urgente fijar protocolos transparentes con guías de operación claras para evitar tanto la inacción institucional como eventuales abusos de autoridad en los campus.Por su parte, el analista Pedro Viveros argumentó que en los últimos años las universidades públicas atravesaron por un periodo de desorden e inestabilidad administrativa, donde la autonomía fue distorsionada y utilizada como refugio o botín político por diversos sectores.Añadió que es oportuno el propósito de establecer orden planteado por De la Espriella, pero sostuvo que el protocolo resulta indispensable para delimitar la actuación de la Policía y prevenir cualquier exceso de fuerza.NOTICIAS CARACOL
En una alocución transmitida en sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, enfatizó que su administración no otorgará consideraciones ni tratamientos especiales a los denominados "delincuentes de cuello blanco" y afirmó que la ley se aplicará con igual rigor sin importar la posición social, política o los contactos de los procesados. El mandatario ordenó revisar y proceder de inmediato, conforme a la ley y sin contemplaciones, al traslado de las personas privadas de la libertad por delitos de corrupción que permanecen en guarniciones militares o estaciones de policía sin cumplir las condiciones legales requeridas. Según De la Espriella, el Estado no puede permitir que el cumplimiento de una condena por saquear los fondos públicos se transforme en una "estadía privilegiada".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl jefe de Estado también rechazó la idea de que los procesados que delinquieron vistiendo "saco y corbata" pertenezcan a una categoría penal superior, subrayando que las actuaciones corruptas generan consecuencias devastadoras sobre miles de ciudadanos. De la Espriella sostuvo que el desvío de recursos públicos sustrae directamente la comida de la niñez, desfinancia la atención en salud, destruye oportunidades educativas y priva a las comunidades de obras de infraestructura y agua potable.En ese sentido, el presidente aseveró que es indispensable erradicar la percepción de que en el país la cárcel depende "del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan". Asimismo, ratificó su compromiso de perseguir "sin cuartel" a los responsables de las irregularidades en el manejo presupuestal y de las cifras fiscales falsas presentadas por la administración saliente, advirtiendo que en su gobierno "el poder no será un salvoconducto para la impunidad".Como medida preventiva frente a la malversación de fondos, el Gobierno avanza en la evaluación de 83 perfiles profesionales para asumir las jefaturas de control interno en las entidades del Estado. La iniciativa busca vigilar la ejecución del presupuesto, detectar riesgos y prevenir actos de corrupción directamente desde el interior de las instituciones públicas.En su alocución de este domingo, el presidente presentó también un balance sobre el estado financiero de Colombia, y denunció un desfalco económico y un endeudamiento irresponsable heredado de la administración anterior. Dio detalles de la implementación del "Presupuesto de la Verdad" para el año 2027, el cual busca priorizar la inversión social y la transparencia frente al déficit fiscal actual. Y, en materia de seguridad, el mandatario destacó la captura de cabecillas criminales y reafirmó su intención de intervenir en universidades públicas para combatir el vandalismo y el terrorismo urbano.NOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella tocó nueve puntos durante la alocución de este domingo 13 de septiembre, que duró cerca de una hora. Habló de: presupuesto, protesta social, relaciones con EE. UU., acuerdos por el Chocó entre el Gobierno y los empresarios, seguridad, respeto a la justicia, corrupción, terremoto y Banco de Talentos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAPresupuesto nacional para 2027En el primer asunto estuvo enfocado en el presupuesto nacional para 2027 que se discutirá este lunes en el Congreso y que es por $635 billones, $59 billones más alto que el que había presentado el Gobierno de Gustavo Petro antes de terminar su mandato. De la Espriella aseguró que el monto se debe a que “la crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos, es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su despilfarro y de su corrupción”.Explicó que el presupuesto “asciende a 635 billones de pesos, y hay una cifra que muestra con toda claridad la gravedad de lo que recibimos: 281 billones, el 44 % de los recursos del presupuesto, provienen de deuda, casi la mitad, apenas 300 billones provienen de ingresos corrientes”. Aseveró que “estamos pagando con intereses de gota a gota, para 2027 el servicio de la deuda llegará a 155 billones de pesos, solo frente a 2026 aumenta en cerca de 55 billones” y “no se pueden esconder las obligaciones”, por lo que se “incorporó gastos que habían quedado desfinanciados, paradójicamente aquellos que van a los más necesitados, a quienes el gobierno anterior decía defender. (…) Esos 6,5 billones adicionales para pensiones, por ejemplo; los 2 billones de pesos para salud y los 700 mil millones para universidades públicas que el gobierno Petro dejó sin plata estén ahí para garantizar el trabajo social”.Protesta social en universidades públicasEl presidente indicó que, si bien las universidades tienen autonomía, "la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución de la Ley o la autoridad legítima del Estado. Por eso he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades".Y envió un mensaje a los vándalos: “A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, a agredir ciudadanos o a miembros de la Fuerza Pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. (Lea también: De la Espriella hace advertencia a quienes cometan actos vandálicos y se oculten en universidades)Relación con EE. UU.De la Espriella dijo que los “acuerdos de Barranquilla” con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tiene tres objetivos: “Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. Recalcó que el país norteamericano ha demostrado su solidaridad al donar 26,5 millones de dólares a los afectados por el terremoto, y ahora se recibirá “ayuda inmediata” para atraer inversión en diferentes campos. “Colombia no puede resignarse a exportar materias primas, queremos inversión, procesamiento, transferencia tecnológica, industrialización y sobre todo, empleo digno para los colombianos”, añadió.Además, según el presidente, le propuso a Rubio “el Plan Patriota Siglo XXI para fortalecer y modernizar nuestras capacidades en aviación, radares, drones y sistemas antidrones, defensa área, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales”, así como un acuerdo “para enfrentar el narcoterrorismo”. Sobre el Escudo de las Américas, el mandatario manifestó que “Colombia colaborará decididamente en materia fronteriza, en la lucha contra el narcotráfico”. (Lea también: ¿Qué acordaron Colombia y Estados Unidos? Energía nuclear y minerales críticos, en la agenda)Acuerdos por el Chocó entre el Gobierno y los empresariosEl presidente dio un resumen de los proyectos emprendidos para el departamento tras el terremoto, como el malecón espejo, la infraestructura vial y estudiar el corredor la viabilidad del canal interoceánico en la región. Anunció una gerencia especial encabezada por José Leonidas Tobón para verificar que estos compromisos se cumplan.Balance de seguridadAseguró que en los primeros 36 días de su gobierno “hemos afectado a 24 cabecillas de las principales estructuras narcoterroristas del país, 19 de estos bandidos fueron capturados y cinco murieron en operaciones”. Entre los abatidos están alias Tigre o Pintado, alias Víctor, alias Ruso o Alemán, alias Bonito, alias Águila y alias Bendito Menor. Añadió que se han realizado más de 17 mil capturas, se han incautado más de 1.700 armas de fuego, 75.000 kilos de droga y erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca. Se redujo, además, en un 24,94 % el volumen de hidrocarburos sustraídos ilegalmente. Sobre extradiciones, De la Espriella dijo que ha firmado 73.Respeto a la justicia“Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente de la República”, expresó De la Espriella frente a dos decisiones judiciales recientes: bombardeos a campamentos ilegales donde haya menores de edad y plan piloto de aspersión aérea. “Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Este gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de derecho, pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirlas por las vías que establece la propia Constitución y la ley”, sobre todo “cuando una medida puede terminar interfiriendo con competencias que la Constitución le entregó expresamente al presidente de la República”, a quien, aseguró, “le corresponde dirigir la Fuerza Pública, conservar y restablecer el orden público, y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades tienen límites: deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Pero una cosa es el control judicial y otra sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”.Corrupción en Colombia“Se acabaron los privilegios para los corruptos”, manifestó el jefe de Estado, por lo que anunció que ordenó “revisar y proceder, conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones, al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”. Añadió que se negaba “a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear recursos públicos, que son del pueblo, pretendan después convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada”.“Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador porque sus víctimas se cuentan por miles”, sostuvo, por lo que se debe acabar “con la percepción de que en Colombia la cárcel depende del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan. La ley debe ser igual para todos”.Terremoto en Colombia y ayudas que ya están llegandoDe la Espriella citó “resultados” que ya están recibiendo los damnificados, como la entrega en Quindío de 152 toneladas de materiales de construcción. También empezaron a pagarse las ayudas prometidas para quienes no tienen dónde vivir porque sus casas quedaron destruidas. Ese subsidio está aprobado inicialmente para tres meses, pero se puede prorrogar por tres meses más. En Valle del Cauca también se está trabajando en la restauración de instituciones educativas para que los niños vuelvan a clases, además de destinar 40 mil millones de pesos para ayudar a microempresarios y otros comerciantes afectados por la tragedia.“Reconstruir no es solamente volver a levantar paredes, es conseguir que una familia vuelva a tener techo, que un niño regrese a su colegio, que un comerciante vuelva a abrir la puerta de su negocio, que un trabajador conserve su empleo, que una carretera vuelva a comunicar a un campesino con su mercado”, expresó.Banco de TalentosDe la Espriella afirmó que “39 personas que llegaron a través del Banco de Talentos ya se encuentran posesionadas” y actualmente “hay 174 hojas de vida pendientes por posesión”, 83 perfiles se encuentran en evaluación para jefaturas de control interno. El propósito, dijo, es “fortalecer la lucha contra la corrupción”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Durante su alocución presidencial, Abelardo de la Espriella abordó nueve puntos: presupuesto, protesta social, relaciones con EE. UU., seguridad, el terremoto, entre otros. Uno de los temas que también tocó fue el de la justicia: “Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Este gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de derecho, pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirlas por las vías que establece la propia Constitución y la ley”. (Lea también: De la Espriella hace advertencia a quienes cometan actos vandálicos y se oculten en universidades)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl mandatario habló así al cuestionar dos recientes fallos, relacionados con suspensiones temporales del bombardeo a campamentos de grupos ilegales donde se crea que hay menores de edad y del plan piloto para realizar aspersión aérea con glufosinato -reemplazando el glifosato-.“Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente de la República”, expresó De la Espriella frente a estas “dos decisiones judiciales recientes que afectan asuntos fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo”. Insistió en que “las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Este gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de derecho, pero respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirlas por las vías que establece la propia Constitución y la ley”, sobre todo “cuando una medida puede terminar interfiriendo con competencias que la Constitución le entregó expresamente al presidente de la República”, a quien, aseguró, “le corresponde dirigir la Fuerza Pública, conservar y restablecer el orden público, y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades tienen límites: deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Pero una cosa es el control judicial y otra sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”. (Lea también: Puntos clave en discurso De la Espriella: protestas en universidades, fallos judiciales y corrupción)Reclutamiento de menores de edadEl presidente manifestó que “un niño reclutado es una víctima, un secuestrado, el Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra Fuerza Pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respecto”, pero “esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños, los que cometen el delito son esos bandidos. No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado” porque “premiaría al criminal” y “la respuesta no puede ser paralizar al Estado”. (Lea también: Habló autor de tutela que frena bombardeos por parte de FF. MM. en donde pueda haber menores)Aspersión aérea con glufosinato"Cualquier decisión de este gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse, lo que jurídicamente proceda o corresponda. Pero cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes. Por eso he dado instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza”, dijo sobre ese fallo. (Lea también: ¿En qué se diferencia el glufosinato del glifosato y qué riesgos habría con la aspersión aérea?)Recalcó que “no voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces, no es una discusión personal, es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi gobierno. Pero el Estado de derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó”.NOTICIAS CARACOL
Abelardo de la Espriella advirtió este domingo en alocución a quienes cometan actos vandálicos dentro de universidades del país. El mandatario señaló que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar".El jefe de Estado indicó que se refirió a la autonomía universitaria y sostuvo que "no está por encima del orden público. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantiza por mi gobierno. Pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y civil no son protestas, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe la Espriella anuncia un "protocolo nacional de actuación" para protestasAgregó De la Espriella que, si bien las universidades tienen autonomía, "la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución de la Ley o la autoridad legítima del Estado. Por eso he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades".Dicho "protocolo nacional", dijo el jefe de Estado, estará en primera medida a cargo de la Policía Nacional, la cual, señaló, "será la primera autoridad operativa para atender estas situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia. Esta decisión protege a los estudiantes".Finalmente, De la Espriella envió un mensaje para el estudiantado de las universidades: "A los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, todas las garantías, pero a quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, a agredir ciudadanos o a miembros de la Fuerza Pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y el debate; no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias