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El sueño de tener un inmueble propio se ha convertido en una trampa para cientos de familias que aseguran haber caído en millonarios engaños con supuestos remates de vivienda. A través de ofertas irresistibles, empresas y particulares prometen inmuebles a precios reducidos, pero detrás de esas propuestas se esconden documentos irregulares, cláusulas engañosas y promesas imposibles de cumplir.
Séptimo Día conoció los dolorosos casos de familias colombianas que entregaron sus ahorros confiando en supuestos abogados para acceder a un remate y terminaron perdiendo su dinero y su anhelado sueño. También consultó a expertos para explicar cómo evitar caer en este tipo de fraudes.
Isaías Garavito, un obrero de 55 años y padre soltero, soñaba con una casa propia, un lugar para ofrecerles un mejor ambiente a sus hijos. Sin embargo, su ilusión terminó convertida en una pesadilla. “Yo soñaba con mi casa propia, de cambiarle del ambiente a mis hijos. O sea, no es mentira. Yo vivo acá, es un estrato uno, pues acá se ve cuanta cosa. Y mira dónde estoy metido ahora, sin la casa, sin el dinero y metido en procesos judiciales”, relató.
Su caso no es aislado. En diferentes regiones de Colombia, familias aseguran haber sido víctimas de millonarios engaños con supuestos remates judiciales de vivienda, ofrecidos por empresas y particulares que aparentan ser confiables.
En Barranquilla, Laudy Montenegro, ama de casa, confió al igual que Isaías en la empresa GECE, que cobraba una membresía mensual de 400 mil pesos para acceder a su catálogo de supuestas casas en remate. “Es muy duro porque eso de no tener la vivienda y pagar el banco y uno también tiene que pagar la universidad de los hijos de uno. Entonces uno no sabe ni qué hacer”, afirmó Laudy.
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Ambos depositaron su confianza en el grupo empresarial, que contaba con 15 funcionarios y que, a primera vista, transmitía seriedad.
La promesa de adquirir una vivienda a un precio más bajo resultaba atractiva. “Quise una casa en remate porque una casa normalmente acá en Barranquilla pasa de 250 millones. Yo no tenía una casa de esa. Mi pensamiento era comprar una casa que estaba en remate y que esté legalmente constituida y mejorar las condiciones”, señaló Isaías.
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El hombre no solo consignó 145 millones de pesos al bufete de abogados, sino que ahora enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito, pues lo hicieron figurar como dueño de una propiedad desde 2013, mucho antes de que él supiera de su existencia.
Por su parte, Laudy pagó 170 millones de pesos por una casa en el barrio San José. Tras realizar la consignación, los asesores le aseguraron que tendría el inmueble en seis meses, pero nunca lo recibió.
De acuerdo con el abogado especialista en remates John Villamil, en Colombia los remates judiciales son efectivos, pero no requieren intermediarios. “Lo primero es que tienen que corroborar efectivamente que exista una diligencia de remate. Lo segundo, entender que en este tipo de procesos no existen terceros ni intermediarios. Hay páginas en internet que lo que hacen es recopilar la información a nivel nacional de todos esos archivos de remate”, explicó.
Aclaró que la figura del remate judicial funciona de manera exitosa en el país, pues solo en 2024 se realizaron más de 2.400 transacciones legales. En este punto coincide Óscar Casas, otro experto en el tema, quien advirtió que el verdadero problema radica en otra parte.
“El error número uno para mí es el más sencillo: es no leer, es decir, no cerciorarse de que ese documento o ese proceso que le están pasando, por ejemplo, exista en la vida real, en la rama judicial o en la entidad en la que se esté subastando ese inmueble”.
Lo primero es verificar en la Rama Judicial, ya que todo remate debe estar publicado en el sistema de información de la entidad y no existen listados privados ni exclusivos. También es fundamental desconfiar de intermediarios, como de abogados o empresas que prometen “garantizar” un inmueble suelen ser un foco de fraude.
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Antes de firmar cualquier documento, se recomienda revisar los contratos con un abogado independiente, ya que muchos contienen cláusulas que favorecen únicamente al oferente. De igual manera, es clave confirmar la existencia real del proceso y del inmueble solicitando directamente el expediente judicial.
Finalmente, si se sospecha de fraude, la persona debe denunciar de inmediato ante la Fiscalía, que es la autoridad competente para recibir la denuncia y adelantar la investigación correspondiente.
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Sobre los casos analizados en Séptimo Día, un experto explicó que: “Los pagarés suscritos contienen cláusulas contradictorias, no guardan ni siquiera coherencia con los espacios en blanco. Lo que impide su diligenciamiento por parte de los acreedores”.
Incluso, los contratos firmados por varias víctimas con el grupo empresarial GECE fueron revisados con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Según el experto Óscar Casas, se detectaron “vacíos legales, objeto del contrato ambiguo, condiciones suspensivas mal planteadas, ausencia de garantías reales, obligaciones desequilibradas, una cláusula penal sancionatoria débil o inexistente y la falta de referencia al marco legal aplicable”.
El exfiscal general y abogado penalista Mario Iguarán advirtió que este tipo de conductas encajan en la figura del delito de estafa. “Desafortunadamente, la estafa se ha considerado como un delito menor. En muchas ocasiones se dice que eso es un problema de negocios, de dinero, que no se puede resolver por la vía penal. Pero mire aquí cómo este proceder de estos timadores constituye un delito”, afirmó.
Las penas por este delito pueden ir de cuatro a ocho años de prisión. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades para imponer sanciones administrativas. “Se pueden imponer hasta 2.000 salarios mínimos como sanción a las personas jurídicas que están ejerciendo esta actividad... Incluso también se pueden iniciar investigaciones contra los representantes legales y administradores de esa sociedad”, explicó Diego Solano, jefe de asesores de la entidad.
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La Superintendencia también puede ordenar el cierre de establecimientos hasta por 180 días de manera preliminar, y si hay reincidencia, puede decretar cierres definitivos.
Asimismo, los expertos recomendaron revisar cuidadosamente los contratos y asesorarse de un abogado. “No hay entrega exprés. Nadie te puede prometer ni garantizarte que te va a entregar el inmueble 100% seguro, ni que te lo va a entregar en determinado tiempo”, declararon.
Para estas familias, lo que parecía una oportunidad terminó convertido en procesos judiciales, deudas impagables y la pérdida de los ahorros de toda una vida. A la incertidumbre económica se suma el impacto emocional de ver frustrado el sueño de tener casa propia, un proyecto construido durante años que hoy permanece suspendido entre trámites, denuncias y la espera de justicia.