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El sueño de adquirir vivienda propia hace parte del día a día de muchos colombianos, quienes con sus ahorros buscan diferentes opciones para cumplirlo. Una opción interesante y atractiva para muchos es adquirir vivienda que están en remate, un modelo en el que los precios suelen ser más bajos que en el mercado tradicional.
Sin embargo, la venta de propiedades a través de remates judiciales se transformó en un negocio lucrativo para el Grupo Empresarial Confidesarrollo Expres (GECE), un bufete de abogados en Barranquilla representado legalmente por Karla Alarcón y Raúl Cano y señalado por múltiples víctimas de estafa. Más allá de los testimonios de familias engañadas, un extrabajador —bajo el nombre ficticio de 'Luis'— reveló con detalle el modus operandi de la organización.
El primer paso para captar clientes, según el exasesor de GECE, era ofrecer una membresía por 400.000 pesos. Con ese pago, la persona obtenía acceso a un catálogo semanal de supuestas viviendas en remate o en sucesión. Además, está la fachada confiable en su oficina física. "Habían como 10 abogados en las instalaciones, todo me dio credibilidad. Los busqué en redes y aparecían entregando viviendas", dijo una de las víctimas a Séptimo Día.
Según 'Luis', GECE mostraba listados de hasta 300 casas disponibles, cuando en la práctica no existen tantos procesos judiciales en un mes. Los asesores comerciales —no necesariamente abogados— eran los encargados de convencer a los interesados de que, a través de ellos, podrían asegurar la exclusividad de la vivienda elegida.
"Ellos decían que habían entregado 300 o 400 casas, pero en un año que estuve en esa empresa nunca vi una entrega y al mes podían llegar entre 6 u 8 personas a reclamar su dinero porque tenían 4 o 5 años esperando una casa que nunca estaba", indicó 'Luis'. GECE ofrece exclusividad a sus clientes, asegurándoles que nadie más va a poder adquirir las casas que ellos elijan, pero después de recibir el dinero empezaban las excusas.
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Con ese argumento, decenas de clientes consignaron sumas que iban desde 45 hasta 170 millones de pesos, convencidos de que en seis u ocho meses tendrían las llaves de su nuevo hogar. 'Luis' confirmó que esa promesa era falsa. "Son casas que no están legalizadas y que por algún motivo ellos obtienen la información y la ofrecen como casas de remate".
En la práctica, esto obligaba a firmar un nuevo contrato, dejando sin efecto el anterior. “Con los contratos que hacen se blindan la espalda, se aseguran para que no los puedan demandar por estafa. Cuando le cambian de casa a un cliente no le explican la diferencia de un contrato a otro, ya cuando el cliente firma el segundo contrato el primero pierde validez y cuando la persona demanda por estafa pierde la demanda porque legalmente existe un proceso. Existe un vacío legal que ellos aprovechan”, explicó Luis.
'Luis' detalla que, precisamente, lograr que las personas se cansaran de reclamar es el objetivo del grupo de abogados y si reclaman su dinero igual van a perder. Uno de los mecanismos más comunes era notificar al cliente que la vivienda inicial “ya no estaba disponible” y ofrecerle otra. "Si la persona se cansaba de esperar le ofrecían otra casa, luego otra, hasta que la persona finalmente se cansara y pidiera la devolución, ellos le quitaban hasta el 28% del dinero que consignaban".
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Efectivamente, Eliana Pereira contó que en el bufete le dijeron que le iban a descontar el 20% de su inversión cuando fue a pedir la devolución de su dinero al ver que no recibía su casa. “Ellos decían que como yo desistí del proceso me iban a quitar el 20% de lo que les entregué”. De la misma forma, a Aleidis Rodríguez señaló que "según ellos me querían entregar de a cinco o dos millones cada año o cada seis meses. Yo les dije que no, que así como yo había entregado el dinero completo, lo quería así”.
'Luis' recordó también que Karla Alarcón tenía una frase que les decía constantemente a sus empleados: “El chicharrón entre más jugoso, más sabroso”.
El Grupo GECE está dividido en dos frentes clave para funcionar: los asesores comerciales, dedicados únicamente a vender la idea de las casas en remate, y los abogados, encargados de “resolver” los problemas posteriores, incluyendo demandas y reclamos. Esa combinación —una fachada empresarial bien presentada, un discurso legalista y contratos blindados— convirtió a GECE en una maquinaria difícil de enfrentar para las víctimas.
Las historias de Isaias Garavito, Laudy Montenegro, Vanessa Isa, Eliana Pereira, Aleidis Rodríguez y Gloria Reyes reflejan el impacto de este modus operandi. Estas personas enfrentaron pérdidas millonarias, desgaste emocional y, en algunos casos, demandas en su contra promovidas por los mismos abogados de GECE.
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“Es totalmente injusto. Hay personas que han perdido familias, se han divorciado, han muerto por la presión de estos engaños. Son personas soberbias que creen saberlo todo y juegan con los sueños de la gente”, denunció 'Luis'.
Especialistas en remates judiciales como Oscar Casas y el abogado Jhon Villamil coinciden en que este tipo de estafas prosperan porque la gente desconoce cómo funciona el proceso real. En Colombia, los remates son procesos públicos, registrados en la Rama Judicial, y no requieren intermediarios. “El error número uno es no verificar que el proceso exista en la vida real”, concluyó Casas.
Casas analizó, con ayuda de inteligencia artificial, los contratos firmados por los denunciantes y encontró varias incongruencias que constituyeron el engaño. Las personas pueden hacerlo con esta instrucción en la IA que decidan utilizar: "actúa como un abogado experto en remates en Colombia y revisa este contrato para saber qué vacíos legales tiene".
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El abogado Jhon Villamil advirtió que en Colombia los remates judiciales son efectivos, pero no requieren intermediarios. “Lo primero es corroborar que efectivamente existe una diligencia de remate. Lo segundo, entender que en este tipo de procesos no existen terceros ni intermediarios. Hay páginas en internet que lo que hacen es recopilar la información a nivel nacional de todos esos archivos de remate”.