El engaño detrás de los remates: supuestos abogados en Colombia estarían estafando a muchas familias

En Colombia, el sueño de muchas familias es lograr tener su casa propia, un proceso que para muchos puede parecer imposible por los altos precios de las viviendas. Sin embargo, existe un modelo que son los remates judiciales a través del cual muchas personas han podido encontrar propiedades a un precio mucho más asequible. Pero esto también se ha convertido en una oportunidad de estafa para personas inescrupulosas.Los remates judiciales son un mecanismo legal mediante el cual se venden bienes embargados o adjudicados por orden de un juez. Se trata de subastas públicas que pueden incluir desde viviendas hasta vehículos, oficinas o bodegas. Para muchos, representan una oportunidad de adquirir un inmueble por debajo de su precio comercial. Sin embargo, este sueño se ha convertido en una pesadilla para decenas de familias que aseguran haber sido víctimas de estafa.Seis víctimas en Barranquilla de una misma estafaSéptimo Día conoció los testimonios de seis personas que entregaron grandes sumas de dinero al Grupo Empresarial Confidesarrollo Express (GECE), un bufete de abogados con oficinas en Barranquilla que ofrecía muy buenas oportunidades de compra de viviendas en remates.Las víctimas coinciden en que la empresa, representada legalmente por Karla Alarcón y Raúl Cano, desplegaba una imagen de total credibilidad con sus oficinas bien montadas, en las que trabajaban entre 10 y 15 funcionarios, con listados de casas en distintas ciudades y supuestas asesorías jurídicas.Isaías Garavito, un obrero de 55 años y padre soltero, vio en GECE la posibilidad de asegurar un techo para sus dos hijos. "Una casa normalmente aquí en Barranquilla pasa de los 250 millones y yo no tenía para una casa de esas", señaló el hombre que inicio un proceso con el bufete. El bufete cobraba una membresía mensual de 400 mil pesos para tener acceso a su catálogo de casas en remate. Después de algún tiempo analizándolo, Garavito se decidió por una casa en un barrio cercano al colegio de sus hijos. "Les consigné 145 millones de pesos a nombre del grupo”, recuerda. Hoy, en lugar de vivienda, enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito, pues lo hicieron figurar como dueño de una propiedad desde 2013, mucho antes de que él supiera de su existencia.Laudy Montenegro, ama de casa barranquillera, también confió. Tras pagar la membresía, entregó 170 millones de pesos por una casa en el barrio San José. Aunque tras hacer la consignación los asesores le dijeron que tendría su casa en seis meses, "sin ningún problema", nunca recibió el inmueble. Como ellos, también aparecen los casos de Eliana Pereira, asistente contable, quien consignó 80 millones de pesos para adquirir una vivienda en Soledad y tres años después no ha recibido ni la casa ni la devolución de su dinero. También Vanessa Isa, Aleidis Rodríguez y Gloria Reyes consignaron grandes sumas de dinero con la idea de tener su casa propia en Barranquilla.Todos los casos revelan un patrón similar: pagos millonarios, promesas de entrega en pocos meses, excusas constantes y contratos ambiguos que terminan protegiendo más a la empresa que al comprador.¿Qué responden los responsables?Séptimo Día buscó en varias oportunidades entablar comunicación con Karla Alarcón y Raúl Cano, representantes legales del bufete de abogados Grupo Empresarial Confidesarrollo Express (GECE); pero solo consiguió respuesta de uno de ellos. A través de un correo electrónico, Raúl Caco respondió: "Nos reservamos el derecho de conceder o no entrevistas en ejercicios de nuestras prerrogativas constitucionales y empresariales". En sus oficinas en Barranquilla y por vía telefónica, ninguno de los dos quiso hablar ante las cámaras para responder por estas denuncias.El modus operandi de GECECon quien sí logró hablar el programa fue con un extrabajador de GECE, identificado como 'Luis', quien describió cómo funcionaba la estructura y que señaló que en un año dentro de la empresa nunca presenció la entrega de una sola vivienda, pese a que la publicidad de GECE aseguraba haber adjudicado cientos. "La dueña de la empresa Karla Alarcón, siendo abogada, tenía un eslogan bastante extraño diciendo que: el chicharrón entre más jugoso, más sabroso", señaló.Agregó que dentro del GECE existían dos figuras: los asesores, como él, que se encargaban de convencer a los clientes; y los abogados, encargados de los inconvenientes. "Ellos tienen un modus operandi en donde quieren garantizar las casas y a través de eso ellos captaban el dinero de las personas y simplemente si la persona se cansaba de esperar le ofrecían otra casa, luego otra, hasta que la persona finalmente se cansara y pidiera la devolución, ahí ellos le quitaban hasta el 28% del dinero que consignaban".Efectivamente, Eliana contó que en el bufete le dijeron que le iban a descontar el 20% de su inversión cuando fue a pedir la devolución de su dinero al ver que no recibía su casa. “Ellos decían que como yo desistí del proceso me iban a quitar el 20% de lo que les entregué”. Pero eso no es todo, además de la pérdida económica, algunas víctimas ahora enfrentan procesos legales en su contra, promovidos por el mismo bufete. Vanessa Isa, por ejemplo, fue demandada tras reclamar públicamente en redes sociales.Expertos alertan sobre los vacíos legalesDe acuerdo con Oscar Casas, especialista en remates, estas estafas prosperan por la falta de información. “La mayoría de personas acceden a un remate por medio de terceros, pero no intervienen en el proceso ni se educan para entender qué tipo de negocio están haciendo”, señaló.El abogado Jhon Villamil advirtió que en Colombia los remates judiciales son efectivos, pero no requieren intermediarios. “Lo primero es corroborar que efectivamente existe una diligencia de remate. Lo segundo, entender que en este tipo de procesos no existen terceros ni intermediarios. Hay páginas en internet que lo que hacen es recopilar la información a nivel nacional de todos esos archivos de remate”.Finalmente, el exfiscal general Mario Iguarán fue categórico en que lo que ocurre en estos casos constituye en el delito de estafa y estafa agravada.Recomendaciones para no caer en la trampaVerificar en la Rama Judicial: todo remate se publica en el sistema de información de la entidad. No hay listados privados ni exclusivos.Desconfiar de intermediarios: abogados o empresas que ofrecen “garantizar” un inmueble suelen ser un foco de fraude.Revisar los contratos con un abogado independiente antes de firmar. Muchos contienen cláusulas que favorecen únicamente al oferente.Confirmar la existencia real del proceso y del bien ofertado solicitando directamente el expediente judicial.Denunciar de inmediato: si se sospecha de estafa, la Fiscalía es la autoridad competente para recibir la denuncia.“Son personas que juegan con los sueños de todos nosotros”, concluye ahora Isaías Garavito. Mientras los procesos judiciales avanzan lentamente, las víctimas insisten en que no buscan otra cosa que justicia. El caso de GECE revela una realidad dolorosa: en Colombia, el desconocimiento de la ley y la desesperación por conseguir una casa propia siguen siendo el terreno fértil para que estafadores conviertan la esperanza en pesadilla.

El engaño detrás de los remates: supuestos abogados en Colombia estarían estafando a muchas familias

Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas en Barranquilla que dicen haber sido estafadas por un bufete de abogados que ofrece viviendas en remate.

Seis víctimas en Barranquilla de una misma estafa

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