El abogado de la familia del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999) anunció este martes, 16 de abril de 2024, que buscará la extradición a Paraguay de Rodrigo Granda, integrante del último secretariado de las extintas FARC y quien está investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato, hace dos décadas, de Cecilia Cubas.Nicolás Maduro anuncia el cierre de la Embajada y consulados de Venezuela en EcuadorEl abogado Andrés Casati declaró a la radio ABC Cardinal que solicitarán al tribunal de sentencias a cargo de la causa "una reiteración de la orden de captura internacional con fines de extradición" contra Rodrigo Granda, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia comunicó que no tiene potestad para juzgar este hecho.Consultado sobre la posibilidad de que requieran la extradición, Casati anticipó que la madre de Cecilia Cubas, la exsenadora Mirta Gusinky, "se encuentra firme y con la intención de que todos y cada uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija enfrenten los tribunales".Señaló que buscan que los acusados "sean juzgados por jueces independientes y que los mismos, si tienen alguna deuda con la justicia, que la paguen"."Hasta el último responsable, es la intención de la señora Mirta. Sin rencores, sin odios, pero sí con sed de justicia", agregó.Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo y su cuerpo sin vida fue hallado en una casa en la ciudad de Ñemby el 16 de febrero de 2005, pese al pago de un cuantioso pago para su liberación.La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el Macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC".Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro.En octubre de 2022, la JEP le concedió a Rodrigo Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.Sin embargo, ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción... para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.En octubre de 2021, Granda fue retenido en México, adonde había viajado para participar en un seminario internacional del Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, retornó a su país sin que se hiciera efectiva la alerta roja de búsqueda y captura que pedía Paraguay para su extradición a ese país.Granda -según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC- había recibido autorización de la JEP para viajar a México y, por lo tanto, el Gobierno colombiano no podía pedir su detención a las autoridades de otro país.Israel dice que “hay que detener a Irán ahora”, al lanzar una “ofensiva diplomática”
En medio de la grave situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca, por cuenta de ataques perpetrados por las disidencias de las FARC, el negociador Camilo González Posso reveló cuál es el estado de la mesa de diálogos con el grupo criminal.Segmento de la vía Panamericana terminó destruido tras atentado con explosivos: videoAdemás, el funcionario se refirió a la propuesta de Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, gobernador del Cauca, de replantear las negociaciones con el grupo al margen de la ley, y dijo que le parece una propuesta interesante, pero que hay que ahondarla para avanzar en la perspectiva de paz en el territorio del departamento.¿Cuál es el estado de la mesa de negociación con las disidencias?“La mesa continúa con dos bloques, el de Norte de Santander, Magdalena medio, Antioquia y el bloque suroriente (Caquetá, Guaviare y hacia Putumayo). Estamos viendo qué sucede con algunos otros bloques que no se han manifestado. Hemos acordado transformaciones territoriales y vamos a hacer un recorrido por las zonas que influyen estos bloques”, manifestó González Posso.En cuanto a la propuesta del gobernador del Cauca, Posso aseguró que “me parece buena la iniciativa del gobernador y habría que ver cuál es el contenido que quiere darle al replanteamiento de la perspectiva de paz en el departamento del Cauca”.Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, desde su cuenta de X, se pronunció en torno a la ola de violencia que vive el departamento: “Hago un llamado firme a todos los grupos armados. Es momento de terminar con la violencia y buscar caminos hacia la paz. Expreso mi solidaridad completa con el pueblo de Piendamó y todo el Cauca, quienes merecen vivir en un ambiente de seguridad y dignidad. La justicia y la paz se tienen que lograr por el bienestar de nuestras comunidades garantizando un futuro mejor para todos”.El gobernador Guzmán y el jefe negociador Posso se reunirán para avanzar en las transformaciones territoriales para que por fin los grupos armados, especialmente el Estado Mayor Central, silencien los fusiles.Presidente Gustavo Petro mantiene mesa de diálogos con ELN: “Una negociación definitiva”
El exgeneral del Ejército de Venezuela Cliver Alcalá fue condenado este lunes, 8 de abril de 2024, en un tribunal de Nueva York a 21 años y 8 meses de prisión por proporcionar material y armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con propósitos de narcotráfico.El fallo determina que Cliver Alcalá, de 62 años, actuó como líder y gestor del Cartel de los Soles, "abusando del pueblo venezolano y corrompiendo las instituciones legítimas de Venezuela" para facilitar la importación de toneladas de cocaína en Estados Unidos en asociación con las FARC, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.Expulsan a militares venezolanos de la Fuerza Armada por presunta conspiración contra el GobiernoAdemás de su condena, Alcalá tendrá 3 años de liberación supervisada una vez cumpla su tiempo en la cárcel.En su momento, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aseguró que Clivel Alcalá, "junto con sus coacusados Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Hugo Armando Carvajal Barrios, era miembro del Cartel de los Soles. No sorprende que los acusados trabajaran con los líderes de las extintas FARC. El cartel no solo buscaba traficar cantidades masivas de cocaína para obtener ganancias financieras, sino también convertir la cocaína en un arma, 'inundando' a los Estados Unidos con ella".Clíver Alcalá se declaró culpable por haber proporcionado ayuda a la extinta guerrilla de las FARC. Él mismo en uno de los testimonios aceptó que dio armas, entre otros, a alias Timochenko. "Proporcionaban armas a las extintas FARC, incluidas aproximadamente 20 granadas y dos lanzadores de granadas destinados a dos altos jefes de este grupo criminal, Luciano Marín y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko", señaló la Fiscalía en un documento.Exfuncionario venezolano reafirma que régimen Maduro hace inteligencia en ColombiaLa defensa de Alcalá pidió que se le diera una pena de 72 meses de cárcel, es decir, 6 años, argumentando que "solo seguía órdenes". Sin embargo, la Fiscalía desestimó esos argumentos reiterando que se le capturó junto a 35 toneladas de cocaína en camiones en Venezuela y que aceptó millones de dólares en sobornos.
No cayeron nada bien las declaraciones del alto consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien calificó como un derecho de las disidencias de las FARC la creación de un nuevo bloque armado en al menos cuatro departamentos de Colombia. Gobernadores y alcaldes de Tolima, Huila, Valle del Cauca y Quindío se preparan para hacerle frente al Estado Mayor Central.Alarmante radiografía de la inseguridad en Tolima: "Tenemos un problema fuerte con disidencias"Al proyecto de paz total le llovieron críticas luego que las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC anunciara la creación de un nuevo bloque armado denominado Bloque Central comandante Isaías Pardo, en regiones como Valle del Cauca, Huila, Tolima y Quindío.Un anuncio que generó la inesperada y para mucho insólita reacción del alto consejero comisionado de Paz, Otty Patiño.En cuanto a la pregunta de si el Gobierno cree que las disidencias se están agrandando, Patiño dijo que “a veces hay que pensar bien que ellos están tratando de reorganizar para poder tener más responsabilidad en la mesa de negociación”.Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirmó que “en todo caso se distancia este pronunciamiento de lo que el propio presidente Gustavo Petro ha hecho, que es mandar una presión mucho más fuerte y una idea mucho más fuerte de que se va a combatir al Estado Mayor Central en aquellos lugares donde están incumpliendo al fuego”.Las críticas no se hicieron esperar de parte del Humberto de la Calle, senador y exjefe negociador del Gobierno con las extintas FARC, quien calificó de preocupante la visión de Otty Patiño y aseguró que “quienes gobiernan hoy fueron rebeldes de antaño. Es un histórico tiro en el pie”.¿Se están preparando los departamentos para combatir al Estado Mayor Central?En los departamentos que tendría influencia del nuevo bloque de las disidencias de las FARC ya están tomando medidas de seguridad.En el Valle del Cauca, la gobernación y las autoridades militares y de Policía ya tomaron medidas contra la nueva amenaza de las disidencias.“El ejército está en la cordillera central, está en Jamundí, está también en la cordillera occidental, o sea están todas partes, porque lógicamente está defendiendo los derechos de los ciudadanos y protegiendo a la vida y la seguridad de la gente”, informó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.En el Tolima se realizará un consejo de seguridad en el sur del departamento, que sería la zona más afectada. Los alcaldes están en alerta.Élber González, alcalde Chaparral, dijo que “nosotros lo que esperamos es que siga habiendo presencia de la fuerza pública. Yo creo que para nosotros como surtolimeses, que hemos vivido el conflicto, no queremos que regresen esas acciones nuevamente”.En el Huila, Germán Casagua, alcalde de Neiva, le pide medidas al gobierno nacional: “Supremamente preocupado porque este grupo nuevo de disidencias, que está haciendo presencia, ya reiteró que llegaría a nuestro municipio, nuestro departamento. Entonces, el llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta al departamento del Huila y decrete, como lo ha hecho en tres departamentos más, el levantamiento al cese y de esa manera poder confrontar y defender a nuestros ciudadanos".En el Quindío se realiza un consejo de seguridad, en el municipio de Génova, para tomar medidas.“De acuerdo con el coronel del Ejército, vamos a blindar nuestra cordillera para que no ingresen estos grupos al margen de la ley y así blindar nuestro territorio”, manifestó Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío.Los mandatarios están preocupados por eventuales casos de extorsión y ataques armados que se podrían registrar en sus regiones.Gobierno y disidencias de las FARC tendrán reunión extraordinaria en abril: ¿qué temas abordarán?
Después de 20 años, por primera vez en un acto público, comandantes de las extintas FARC pidieron perdón por hechos de secuestro y violencia en contra de líderes políticos y sociales en la provincia de Vélez, Santander.Niños indígenas se están quitando la vida en Colombia para no ser reclutados: ONUActo de perdón de las extintas FARC resalta en VélezEn 1997, Mario Suárez fue secuestrado por el Frente 23 de las FARC mientras se postulaba como candidato a la Alcaldía de Landázuri, Santander. Este hecho marcó la vida de Yeferson Mario Suárez, su hijo, quien estuvo presente en el evento donde el Bloque Magdalena Medio pidió perdón a las víctimas de los crímenes cometidos, entre los cuales se encontraba el asesinato de su padre.“A mi papá lo secuestra las FARC y fue asesinado por miembros del Ejército con cómplices de las autodefensas del Magdalena Medio”, contó Mario.La extinta guerrilla de las FARC pidió perdón públicamente a las víctimas por los crímenes cometidos contra líderes políticos y sociales en la década del 2000. Entre los que se disculparon estaba Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien destacó la falta de justificación política para privar a una persona de su libertad.“Con vergüenza debo reconocer que incurrimos en una práctica atroz, que laceró el alma y el cuerpo de las personas que estuvieron cautivas, pero también laceramos y afectamos gravemente a las familias de las personas secuestradas y a las comunidades que ellas representaban. Quiero pedirles perdón por todas las afectaciones que les produjo el secuestro”, expresó Timochenko.Monseñor colombiano Luis Manuel Alí Herrera liderará comisión contra la pederastia en la IglesiaPor su parte, Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio de las extintas FARC, también pidió perdón.“Entendemos que el perdón es una construcción a largo plazo en el que vamos todos aliviando el corazón”, manifestó.Sin embargo, el dolor en algunas víctimas no les permitió aceptar este perdón.“Yo no los puedo perdonar. Que a mí me digan ‘¿qué prefiere?, ¿una gota de verdad o un océano de mentiras? Para mí ustedes son el océano”, reclamó Juan Suárez, víctima.La falta de presencia de ministros y del mismo presidente de la República fue reclamada por las víctimas.“Hubiésemos querido ver a los ministros, al menos a los viceministros. Teníamos un mínimo derecho a que si ellos están comprometidos con la aplicación del acuerdo, con el cumplimiento del mismo, estuvieran aquí para las víctimas y para los firmantes del acuerdo y eso nos dolió”, señaló otra víctima.El evento culminó con la firma del manifiesto de paz y reconciliación. Las víctimas expresaron su esperanza de que este encuentro no se quede simplemente en un acto simbólico de reparación, sino que también impulse acciones concretas para evitar la repetición de tales atrocidades.Estos son los más buscados por asesinato de líderes sociales y firmantes de paz
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó en Antioquia los cuerpos de dos hermanos, cuyo rastro se perdió en 1998 cuando eran menores de edad y fueron reclutados por la extinta guerrilla de las FARC, informó este 27 de febrero la entidad.Gobierno y ELN continuarán con conversaciones de paz pese a crisis en mesa de diálogosLos cuerpos de Yolima y Felipe, nombres cambiados por petición de la familia, fueron recuperados en diciembre en zonas rurales de los municipios de Urrao y Frontino, en el departamento de Antioquia."Con la recuperación de los cuerpos contribuimos a aliviar el dolor de esta familia que los buscaba desde hace más de 20 años. La familia de Yolima y Felipe no tendrán más personas desaparecidas, pues los dos hijos han sido encontrados", afirmó la coordinadora de la UBPD en Antioquia, Gloria María Araque.El caso de YolimaEl cuerpo de Yolima, que murió por una explosión en septiembre de 2003, fue recuperado cerca del cerro El Plateado, un páramo ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en Urrao.El hallazgo del cuerpo era difícil, según la UBPD, porque el terreno tiene "alto riesgo de deslizamiento" por cuenta de fallas geológicas, lo que era una amenaza para la búsqueda.Cuando hacía parte del grupo armado, Yolima quedó embarazada y tuvo que entregarle a una familia a su hijo Bayron, pues "no podía permanecer con él en el monte".Cuando el niño cumplió dos años, la mujer murió y no se pudo despedir de él, que "ahora tiene 23 años y fue a la vereda de Urrao con la intención de conocer a su mamá", agregó la UBPD.Periodista que huyó de Segovia dice que en amenazas "mencionaron a mi hija y a mi madre"La historia de FelipeA Frontino, municipio ubicado a 200 kilómetros de Urrao, Antioquia, viajaron los familiares de estos hermanos a buscar el cuerpo de Felipe, que murió en una incursión armada en el 2000.El lugar en el que estaba el cuerpo fue encontrado gracias al testimonio de un excombatiente de las FARC, que firmó el acuerdo de paz y que acompañó a Yolima hasta el sitio de la inhumación cuando ella estaba viva.Pese a los cambios del paisaje, los familiares, la UPBD y la Corporación Reencuentros, conformada por excombatientes, identificaron, tras cinco horas de búsqueda, el lugar en el que estaba el cuerpo.El excombatiente de las FARC José Ignacio Sánchez Ramírez, que participó de la búsqueda, dijo que se demostró "que no es fácil encontrar un cuerpo que tiene más de veinte años de estar en un lugar"."Sin embargo, el compromiso y la tarea de nosotros, que está consignado en el punto 5 del Acuerdo de Paz, es tratar de hacer lo posible por rescatar esos cuerpos y entregarlos a sus familias", añadió.En Colombia hay 103.839 personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado y la UBPD tramita 26.481 solicitudes de ciudadanos que buscan a sus familiares.En Jamundí, ciclistas cayeron en un retén ilegal: "Tenían metralletas y pañuelos"
Después de 16 años de ser extraditado a los Estados Unidos y purgar una condena por narcotráfico, Salvatore Mancuso regresará a Colombia.Revelan diálogo inédito entre Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño sobre la pazMancuso saldrá desde un hangar, en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, a bordo de un avión del Gobierno estadounidense y se espera que en horas de la tarde del 27 de febrero llegue a la base militar Catam.Una vez el exjefe paramilitar y hoy gestor de paz pise suelo colombiano se activará un dispositivo de seguridad especial liderado por la Dijín, la cual incluye su inmediata detención, pues aún tiene dos condenas pendientes por cumplir.Mancuso no quedará en libertad y sería trasladado a una cárcel tras una orden emitida por la Sala de Justicia y Paz, por su presunta participación en más de un centenar de crímenes.Precisamente, a pocas horas de ser deportado a Colombia, Noticias Caracol conoció una conversación inédita que sostuvieron en el año 2020 el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y el exjefe de la extinta FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.En este diálogo, ambos hablaron del paso que dieron uno y otro para llenar el camino hacia la paz.“Nuestra participación junto con la de ustedes, dentro de este proceso, va a dar un panorama completo de la verdad real, de la verdad verdadera, de lo que ocurrió en el conflicto, para que esas semillas que usted acaba de nombrar no sigan siendo gérmenes que perpetúen el conflicto armado interno en Colombia”, dijo Salvatore Mancuso.Rodrigo Londoño le respondió: “Bueno, hombre, perfecto. Me parece muy bien, dejando la claridad, con otros hemos estado en escenarios hablando de estos temas. No se trata de demostrar quién fue el menos malo, o el más bueno, se trata de mostrar lo que no debemos seguir haciendo”.¿Quién es Amelia Pérez, la muy probable nueva fiscal? Mancuso y Castaño la amenazaron
Tras el nuevo escándalo de narcotráfico en las últimas horas que involucra a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a un firmante de la paz conocido como alias ‘Cucaracho’ o ‘Yesid Guevara’, esta persona y dos escoltas fueron enviados a la cárcel.Cocaína en camioneta de UNP: así fue operativo en el que cayó un firmante de la paz‘Cucaracho’, protegido de la UNP, y los dos escoltas, identificados como Jorge Tulio Góngora Belalcázar y Dairo Herney Yandi Liponce, fueron capturados el viernes 23 de febrero de 2024 en Sevilla, Valle del Cauca, luego de que la Policía hallara 74 kilos de cocaína en la camioneta en la que se movilizaban.''Jorge Góngora, quien conducía la camioneta en la que era transportado el alcaloide, aunque hace parte de la Subdirección Especializada de Protección de la UNP, no es firmante de paz, mientras que el escolta Dairo Yandi sí hizo parte del acuerdo de paz y estuvo en proceso de reincorporación'', precisó la entidad en un comunicado.A los tres les imputaron el delito de tráfico y porte de estupefacientes, mientras la UNP, en medio de la audiencia, se declaró como víctima en el proceso.¿Quién es alias ‘Cucaracho’?El firmante de paz capturado con la droga en el Valle del Cauca ocupó un lugar importante dentro de la estructura de la entonces guerrilla de las FARC.Arlez Porras Gómez era conocido en su pasado guerrillero con el alias de 'Yesid Guevara' o 'Cucaracho'. Militó por más de 20 años en las filas de las FARC, específicamente como comandante del Frente 8 y la temida Columna Daniel Aldana en Nariño y Cauca. Era, según inteligencia del Estado, la estructura encargada de la producción de cocaína y envío de droga.Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, alias ‘Yesid Guevara’ comenzó un nuevo camino como excombatiente. Pero se acogió a los beneficios del acuerdo firmado con el Gobierno nacional y, al parecer, los usaba como fachada para traficar drogas a grandes escalas.En su momento, desde las selvas de Nariño, habló de un compromiso con la paz.“Estamos comprometidos en la búsqueda de la paz con justicia social. No habido en el Frente Daniel Aldana ninguna disidencia ni algunos que hayan manifestado lo contrario. Estamos comprometidos con la paz nos la estamos jugando”, aseguró en aquel entonces.Estuvo al frente de uno de los espacios territoriales en Nariño, donde los guerrilleros se reunían para dar el paso a la legalidad.En su trayectoria posconflicto fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio de 2023, luego de rendir su versión por el caso de secuestro, junto a otros 52 exintegrantes de seis bloques de las extintas FARC.Noticias Caracol conoció que el tribunal de paz activará un incidente de incumplimiento contra alias ‘Cucaracho’, en el que magistrados de una de las salas de justicia evaluarán si en efecto incurrió en nuevos delitos después de la firma del acuerdo que implicarían su expulsión de la JEP y la pérdida de beneficios como la libertad condicionada.En ese sentido, las condenas de la justicia ordinaria que estaban suspendidas se reactivarían.Otros hechos: Supuestas disidencias de las FARC velaron a uno de sus miembros en plena calle de Teorama
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este jueves con el presidente colombiano, Gustavo Petro, al que felicitó por su "política de paz integral" y por apostar por las soluciones dialogadas a los conflictos ante un clima global "cambiante" donde arde la violencia.Luis Gilberto Murillo fue designado como canciller encargado, tras suspensión de Álvaro Leyva"Estamos en Colombia para ver el progreso que se ha hecho en ocho años en la implementación del acuerdo de paz y para demostrar el compromiso del Consejo por la paz en Colombia", aseguró en una declaración tras la reunión con Petro en la Casa de Nariño la representante de Guyana en la ONU, Carolyn Rodrigues Birkett.Los quince representantes del Consejo de Seguridad, que llegaron el miércoles a Bogotá, comenzaron el jueves su tercera visita a Colombia, que esta vez no solo tratará de ver los progresos en la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC, sino también los caminos abiertos con las negociaciones con otros grupos, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC. Apoyo a la paz total"Con su política de paz integral, Colombia está dando un ejemplo positivo y alentador para el mundo, así que no estamos solo aquí para animar y apoyar los esfuerzos, también para llevarnos de vuelta esperanza para otros conflictos en el mundo", destacó la embajadora de Suiza ante la ONU, Pascale Baeriswyl, en la declaración conjunta con Petro.En ese sentido, el Consejo destacó el compromiso del Gobierno para la implementación del acuerdo de paz, que es la "base de los esfuerzos de paz", pero también "los esfuerzos para buscar soluciones negociadas con otros grupos armados", en palabras de la representante suiza.En sus tres días de visita, el Consejo de Seguridad se reunirá con firmantes de paz, con comunidades afro e indígenas y con actores del acuerdo de paz, pero también hablarán "con los negociadores del Gobierno con el ELN y el EMC para tener un mejor entendimiento" de estos procesos.La ONU, a través de la Misión de Verificación en Colombia, es garante en los procesos de paz abiertos con estos grupos y también monitorea y supervisa el cese al fuego con el ELN que, con una nueva prórroga recientemente alcanzada, cumplirá en agosto un año."El Consejo también ha expresado anteriormente su esperanza en el progreso del diálogo y del cese al fuego entre el Gobierno y EMC, y su deseo de continuar expandiendo su mandato de la Misión de Verificación para incluir el monitoreo y verificación de este cese al fuego", explicó la embajadora suiza. Retrasos en la implementación de los acuerdos"Estamos muy motivados por el progreso que se ha realizado, pero somos muy conscientes de que hay mucho más que hacer", apuntó por su parte la representante permanente de Reino Unido, Dame Barbara Woodward.La diplomática incidió en que se enfocarán en la protección a los "firmantes del acuerdo de paz", ya que más de 400 excombatientes han sido asesinados desde noviembre de 2016, y también en "las mujeres, defensores de derechos humanos y grupos vulnerables que siguen experimentando violencia".En los siete años transcurridos desde la firma del acuerdo, de las 578 disposiciones contenidas en él, 181 han sido completadas (menos de un tercio) y casi la mitad están en estado de implementación mínimo o no iniciado, según el último informe de seguimiento del Instituto Kroc.El propio presidente se ha hecho eco de esos atrasos, asegurando que si bien los homicidios han bajado respecto a cuando las FARC seguían en armas, a estas alturas debería haberse obtenido ya la mitad de los avances en implementación para "poder afirmar con suficiencia" que en 12 años se va a cumplir el acuerdo de paz.Sin embargo, destacó retrasos en los tres millones de hectáreas que se prometieron para la reforma agraria, ya que apenas van 1,2 hectáreas compradas por el Gobierno para transferir a campesinos, y también una deuda con la justicia."Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad histórica que entregó su informe; pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir también que no se ha cumplido", añadió el presidente.Pero son el capítulo étnico -y el de género- los que tienen más retrasos, pues el 74 % de sus disposiciones llevan un avance mínimo o ni siquiera han empezado a implementarse, según el Instituto Kroc.JEP defiende decisiones frente a ex FARC: "No se han cambiado las reglas del juego"Y en ese sentido, el Consejo de Seguridad celebró las intenciones del Gobierno colombiano de "acelerar" la implementación del acuerdo, sobre todo de algunos aspectos como el capítulo étnico, destacando que el Ejecutivo ha firmado "un pacto nacional para completar el 60 % de la implementación para 2026".
La JEP explicó por qué está vinculando a procesos a mandos medios y bajos de la extinta guerrilla de las FARC, cuando, según ellos, eso no quedó plasmado en los acuerdos de La Habana. El asunto ha generado tal molestia entre los excombatientes que amenazaron con apartarse de algunas decisiones de la Jurisdicción Especial. Tras carta de quejas de ex FARC a Petro, JEP les recuerda que “todos deben cumplir sus compromisos”En una entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aclaró que los máximos responsables pueden ser los líderes de las extintas FARC, pero no solo ellos, sino también aquellos que estuvieron muy cerca de los hechos. "Los máximos responsables pueden ser los líderes de la antigua organización de las FARC, pero no son solo ellos, sino que también pueden incorporarse personas que estuvieron muy cerca de los hechos. Por ejemplo, cuando las víctimas formulaban preguntas específicas sobre cuál fue el destino de su familiar, por qué lo secuestraron, qué pasó con el dinero, por qué lo maltrataron, en qué condiciones estaban, ese tipo de información no la tenían los líderes del secretariado de las FARC, sino las personas que realizaron el secuestro", explicó.Vidal dejó claro que los responsables de conductas como secuestro, reclutamiento forzado o violencia sexual "no se reducen a los líderes o los miembros del secretariado, sino que implican un grupo de personas importante y específico de la guerrilla. Y eso es lo que estamos investigando en este momento".Roberto Vidal también recalcó que "aquí no ha habido ningún cambio de reglas del juego. Las reglas del juego quedaron claramente establecidas en los acuerdos y los acuerdos fueron incorporados a la Constitución. Eso es lo que obedece la Jurisdicción Especial para la Paz".Por atentado en el club El Nogal, la JEP citó a nueve exguerrilleros de las extintas FARCY es que varios firmantes de paz le enviaron al presidente Gustavo Petro una carta en la que reclamaron la decisión de la JEP de vincular a procesos a mandos medios y bajos de las FARC."Carta pública al señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Las decisiones judiciales que viene tomando la JEP la alejan del espíritu del acuerdo de paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz", trinó en la red social X Rodrigo Londoño, exguerrillero de las extintas FARC.
La primera persona a la que el Estado peruano le aprobó la eutanasia, Ana Estrada (47 años), quien padecía una enfermedad degenerativa progresiva, murió el domingo mediante este procedimiento médico, informó este lunes su abogada en un comunicado.Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera"El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", indicó la abogada Josefina Miró Quesada.El comunicado detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable a Estrada, que fue aprobado por el seguro social estatal EsSalud "en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022".Ana Estrada sufría desde los 12 años polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial.En los últimos años, fue el símbolo de la eutanasia en Perú, puesto que fue de las primeras personas en abrir su debate en la sociedad."Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía", compartió la familia en la información al agregar que agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron.Recordó que su caso permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia "que todos tenemos derecho a morir con dignidad", tras una batalla legal que empezó en 2019."La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derechos. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región", señaló.Añadió que Ana Estrada, psicóloga de profesión, "se convirtió en el rostro de esta justa causa que se propone defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos"."El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana", concluyó el comunicado.El 22 de enero pasado, Ana Estrada se mostró satisfecha de poder elegir al médico que la asistiera cuando decidiera someterse a la eutanasia, tras la resolución de las observaciones que hizo al protocolo del procedimiento el seguro social."Esto es para mí, exactamente, como me lo propuse desde el primer día… Yo sabía que esto era una garantía para mi vida. Yo necesitaba esta carta verde para que yo pueda vivir con plenitud en esta última etapa, que no sea dolorosa, ni con angustias de qué es lo que va a pasar", dijo entonces la paciente.Joven decide practicarse la eutanasia debido a graves problemas de salud mental
Un juez decidió enviar a la cárcel a un extranjero en Medellín que habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para tener relaciones sexuales en un apartamento del barrio El Poblado.La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad"De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la noche del pasado 18 de abril, el extranjero habría llevado con engaños, hasta su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, a la adolescente", señaló la Fiscalía en un comunicado.La menor se negó a las pretensiones del hombre de 57 años y denunció el hecho ante las autoridades, por lo que posteriormente el sujeto fue capturado."Ante la negativa de la víctima, el hombre, al parecer, la empujó y la saco del inmueble. La menor fue auxiliada por los vigilantes del edificio y, luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, el extranjero fue capturado", anotó el ente investigador.Este extranjero en Medellín fue imputado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y, según la Fiscalía, el hombre no se allanó a los cargos.Robaron un Rolex en Medellín y pidieron $75 millones para devolvérselo al dueño, pero los atraparon
El Sena lanzó una convocatoria del Fondo Emprender por 45.000 millones de pesos para financiar proyectos campesinos en todo Colombia.Más de 500 mujeres emprendedoras podrán recibir hasta $100 millones: ¿cómo postularse?Jorge Londoño, director del Sena, estuvo en Signo Pasos para explicar detalles de dicha convocatoria y cómo los interesados pueden acceder a estos recursos.Sena le certificará gratis habilidades en construcción, diseño y más: hay 5 mil cupos
El domingo 21 de abril de 2024, en varias ciudades de Colombia se registraron multitudinarias marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, lejos de escuchar el clamor de muchos ciudadanos, se ha dedicado a minimizar las movilizaciones.Iván Name le hizo una petición al presidente Petro tras las movilizaciones: “No invente problemas”Para analizar el impacto de estas marchas, a Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del diario español El País en Colombia, y Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional, estuvieron en Sala de Prensa.Andrés Calle sostuvo que las marchas del domingo “son un acto para reflexionar y llegar a acuerdos”
Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.Alejandro Arias, presunto homicida del veedor Jaime Vásquez, fue enviado a la cárcelHoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.Caen señalados traficantes que estarían enviando armas a disidencias de las FARC