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Fue presentada la primera apelación para impugnar la sentencia de 8 años de sanción restaurativa impuesta por la JEP a los siete integrantes del exsecretariado de las Farc. La radicó el abogado Camilo Sanclemente, representante de algunas de las familias de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla.
Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Jaime Parra, alias el Médico; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, y Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc, fueron sentenciados por primera vez a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por 21.396 secuestros en Colombia.
Tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas, como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las investigaciones "mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país", dijo uno de los magistrados de la JEP ante la prensa, en ausencia de los excomandantes de las Farc, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
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El exsecretariado de las Farc aseguró en un comunicado estar dispuesto a "cumplir" con "el propósito de reparar a la sociedad colombiana". "El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años", dijo. (Lea también: Exsecretariado de las Farc se pronuncia sobre fallo de la JEP, que víctimas calificaron de “burla”)
La extinta guerrilla tomó como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos, como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.
Según la JEP, las Farc sometieron a los secuestrados a "malos tratos y humillaciones" que "desconocían por completo su dignidad humana". Algunos eran obligados a trabajar "gratis" para la guerrilla, lo que el tribunal calificó como "esclavitud".
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La ONU calificó la sentencia como un "hito en los procesos de paz", pero Human Rights Watch cuestionó que aunque los rebeldes tendrán "dispositivos electrónicos durante 8 años", la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad".
El abogado Sanclemente, que representa a algunas de las familias de los diputados del Valle secuestrados y asesinados, informó que “desde la Fundación Defensa de Inocentes radicamos apelación en contra de la sentencia que condenó a los siete exintegrantes del secretariado de las Farc”.
“Esa sentencia por parte de la JEP no cumple con los estándares mínimos consagrados en el acuerdo de paz. Esencialmente viola el punto número 5 que tiene que ver con las víctimas y, además, no cumple con los estándares internacionales consagrados y que ha establecido la Corte Penal Internacional. En virtud de ello, solicitamos la revocatoria de la sentencia y que se emita un fallo acorde a estos parámetros”, dijo.
Asimismo, invitó “desde la Fundación Defensa de Inocentes a todas las víctimas y organizaciones de víctimas para que nos unamos y acudamos en conjunto a la Corte Penal Internacional con el fin de encontrar una verdad plena, detallada y exhaustiva, y además, encontrar justicia ante este caso que ha quedado lastimosamente en la impunidad por parte de la JEP”.
Solo uno de los diputados secuestrados en 2002 por las Farc sobrevivió: Sigifredo López. El exfuncionario expresó en Noticias Caracol en vivo su “total desacuerdo con la decisión de la JEP, porque me parece que es una sentencia que contiene total impunidad por dos razones”.
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“El régimen de condicionalidad que estableció el acuerdo de paz para los comparecientes los obligaba a decir la verdad plena y a restaurar el proyecto de vida de las víctimas con acciones verdaderamente reparadoras. Y la verdad plena no la han dicho. En el caso de los diputados del Valle nunca dijeron quién estuvo detrás del secuestro, quiénes fueron los políticos que al parecer pagaron para que ese secuestro se hiciera, tampoco dijeron quiénes dieron la información para que ellos pudieran entrar a la asamblea tal como entraron, como Pedro por su casa”, expresó.
Insistió en que “nunca han dicho la verdad. La poca verdad que se conoce es porque las mismas víctimas a través de memoriales, siete memoriales, presentamos. La JEP, teniendo un ejército de investigadores tan grande como el del CTI de la Fiscalía, nunca preguntó nada a los comparecientes, nunca investigó nada. Luego, una investigación mediocre produce sentencias mediocres como esta que acaba revictimizándonos a nosotros porque constituye una burla al sufrimiento y al dolor de las víctimas”. (Lea también: Víctimas de secuestro de las FARC expresan su decepción por las primeras condenas a responsables)
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POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP