La Procuraduría remitió a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría de la República el informe que evidencia supuestas irregularidades en el marco del proceso de compra de predios que adelanta el Gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras.
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Esta reforma agraria y rural es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro para fortalecer la actividad de los campesinos colombianos.
El informe de la Procuraduría evidencia que la ejecución presupuestal para la compra de tierras solo correspondió al 33%.
Las irregularidades podrían comprometer 136.000 millones de pesos. De 288 bienes adquiridos, únicamente 23 han sido entregados y el 62% de las compras presentan irregularidades.
En la compra de tierra se ha detectado predios sin vocación agrícola, lo que compromete recursos por 51.000 millones de pesos.
También se han adquirido terrenos invadidos, lo que comprometería recursos por 27.039 millones de pesos. Además, se han adquirido baldíos, lo que prometería recursos por 15.281 millones de pesos.
Habla el director de la ANT
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, se refirió a las denuncias de la Procuraduría. “Nosotros compartimos ciertas lecturas que tiene el informe de la Procuraduría y disentimos de otras”.
“Compartimos sustancialmente la necesidad de organizar mejor los procedimientos. Ya hay un reglamento único de compra, ya hay un mecanismo de control de precios de tierra y ya hemos revisado de forma detallada las condiciones agronómicas para evitar que se esté comprando tierra improductiva. Las irregularidades que existen, nosotros mismos las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía y nosotros tenemos una suma de alrededor de 90.000, de la que quiero darle conocimiento público al país que no se han pagado 60.000. Yo suspendí los pagos de esas tierras hasta que no se haga una revisión jurídica detallada de cuál es la condición en la cual se han recibido. O sea, no se ha perdido un peso. Nosotros hemos cuidado los recursos en mi dirección y en ese sentido estamos siendo sumamente responsables.
En lo que disentimos del informe de la Procuraduría es que nos plantee, por ejemplo, que hay que deslindar cada una de las fincas que tienen un cuerpo de agua. Eso así lo comprendemos, pero discrepamos completamente porque sería prácticamente acabar con la reforma agraria y con la posibilidad de este sistema de compras por varias razones: la primera de ellas es porque este país también tiene un enorme lío en materia catastral y eso generaría unos retrasos y unas demoras de hasta dos años para poder comprar unos predios. Ese es un elemento sustancial en el que disentimiento del informe de la Procuraduría. Consideramos que buscar una salida intermedia alrededor de estos elementos, que son discusiones técnicas, con toda la responsabilidad de lo que implica la implementación del acuerdo de paz y de un programa bandera para el presidente Petro, que es la reforma agraria.
Pero, en definitiva, coincidimos en algunos elementos. La agencia es la que ha tomado decisiones. Hoy nosotros podemos decir de forma clara y honesta al país, que ha sido la agencia la que ha interpuesto 22 denuncias ante la Fiscalía frente a este tipo de casos. Y lo más importante es que en lo que disentimos es la esencia misma de la reforma agraria. No podemos supeditar a que se hagan este tipo de apreciaciones técnicas para operativizar los sistemas de compra. Lo que sí es mejorar sustancialmente los procedimientos de compra. Estamos ante la población inmobiliaria más grande de la historia del Estado colombiano, así que en ese sentido lo hemos asumido con mucho rigor, con mucha responsabilidad y con mucho cuidado con los recursos de los colombianos”, explicó Harman.
¿Se compraron bienes invadidos o baldíos?
“Los casos que nosotros enumeramos en los temas de baldíos, por ejemplo, que son sumamente delicados, han sido en esta dirección. Yo asumí este cargo hace cuatro meses y los puse en conocimiento de la Fiscalía.
Es bien importante que nosotros, incluso en recuperación de baldíos, hemos tenido más resultados que en los sistemas de compras. O sea, el año pasado se tuvieron decisiones en la Agencia Nacional de Tierras por 120.000 hectáreas de recuperación de baldíos, o sea, tierra del Estado que de alguna manera particulares se habían venido apropiando ilegalmente.
Si bien nosotros hemos interpuesto las quejas correspondientes de lo que ocurrió, hemos tenido mucho más rigor a la hora de hacer la valoración efectiva de los predios y mucho más rigor aún a la hora de recuperarlos, que es importante con una cifra sin antecedentes en la historia de este país”, complementó Harman.
¿Hasta qué punto está en peligro la reforma agraria?
“Hay que decirles a los campesinos que vamos a seguir haciendo reforma agraria y que estamos ajustando todos los procedimientos correspondientes para mandarle un mensaje de tranquilidad al país y que la reforma agraria, lo ha dicho el presidente, no es un compromiso simplemente de este Gobierno sino es un compromiso del Estado colombiano a la hora de firmar los acuerdos de paz", aseguró el director de la ANT.
¿Quiénes son los responsables de que se compraran dos veces las mismas tierras?
“Lo más responsable que yo puedo decir es que son las autoridades de control las que tienen que determinar las responsabilidades individuales en esas denuncias.
Nosotros hemos venido haciendo que los casos que definitivamente hemos encontrado como críticos, establecimos un comité de casos críticos, valoramos las situaciones probatorias y lo ponemos en conocimiento de las autoridades y frenamos los pagos, que es otra cosa que es bien importante.
Hemos suspendido pagos hasta hacer una revisión detallada en los predios que se presentaron en el informe de la Procuraduría", garantizó.
¿Corren riesgo los campesinos de recibir terrenos improductivos?
“Nosotros hemos tomado las decisiones jurídicas correspondientes para evitar que se desembolse un solo peso de estos casos críticos.
Tenemos la defensa jurídica correspondiente y vamos a llegar hasta las últimas circunstancias, en lo que implica este tipo de negocios jurídicos consolidados para deshacerlo de la misma manera que los hicieron sin comprometer un solo peso de los colombianos”.
Ese es el sentido de la defensa jurídica nuestra. Así lo hemos venido orientando desde la Agencia Nacional de Tierras sin parar la compra ni sin parar la reforma agraria, sino, por el contrario, avanzar en mecanismos más transparentes con la SAE, con el Fondo de Reparación, con la estandarización mínima de compra, diseñando distintas otras alternativas que generen más tranquilidad para avanzar en el sistema de entrega de tierras a campesinos sin tierra”, finalizó Hraman.
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