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Más de diez archivos fílmicos fueron hallados en dispositivos electrónicos pertenecientes a una mujer procesada por graves delitos en contra de su propia hija en Cali, Valle del Cauca. Las imágenes revelaban una serie de agresiones sufridas por una niña de tan solo seis años.
La Fiscalía General de la Nación informó que logró reconstruir el patrón de abuso que, presuntamente, se extendió desde el año 2024 hasta junio de 2025. Los hechos ocurrieron en la residencia familiar donde, según las investigaciones de las aurotidades, la menor habría sido sometida a reiterados vejámenes sexuales por parte de su madre.
El caso salió a la luz gracias a la intervención del padre de la niña, quien al revisar un teléfono celular encontró material explícito que mostraba las agresiones. de las que fue objeto su pequeña.
Este hallazgo fue el detonante que permitió a las autoridades incautar varios dispositivos, en los que se identificaron al menos trece grabaciones que documentaban los abusos.
Lo más alarmante fue que este material audiovisual no solo registraba los hechos, sino que habría sido comercializado, según la Fiscalía, lo que agravó aún más la situación judicial de la mujer.
Ante la contundencia de las pruebas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), con sede en Cali, le imputó a la mujer los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.
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Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial y se define su respondabilidad en estos terribles hechos.
En Colombia, una persona acusada de actos sexuales agravados con menor de 14 años enfrenta penas de 9 a 13 años de prisión, que pueden aumentar si hay circunstancias agravantes como parentesco o autoridad sobre la víctima. Este delito no requiere penetración para configurarse; basta con cualquier conducta sexual en presencia del menor. Por otro lado, el delito de pornografía con persona menor de 18 años conlleva penas de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 1.500 salarios mínimos, agravándose si el autor es familiar de la víctima. Ambos delitos son considerados graves violaciones a la integridad sexual infantil.
En Colombia, denunciar el maltrato infantil y la violencia sexual contra menores es un acto de protección y responsabilidad social. Existen canales oficiales que permiten hacerlo de forma segura, gratuita y, si se desea, anónima.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrece la línea nacional 141, donde profesionales capacitados atienden casos de maltrato físico, psicológico, negligencia, abuso sexual y otras formas de vulneración. También se puede denunciar a través de la plataforma virtual de Te Protejo, que permite reportar situaciones que afecten los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea 122 y su sitio web, donde se puede presentar la denuncia verbal o escrita. También es posible acudir presencialmente a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o Casas de Justicia. En casos urgentes, la Policía Nacional responde a través de la línea 123.
Los centros médicos también juegan un papel clave: si un menor llega con signos de violencia o abuso, el personal de salud está obligado a activar la ruta de atención y notificar a las autoridades competentes.
Al denunciar, es importante brindar información clara: ubicación, descripción de los hechos, y si es posible, datos de los involucrados. No es necesario ser familiar de la víctima para reportar. La denuncia permite activar medidas de protección, restablecer derechos y judicializar al agresor.
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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias