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Uriel Alberto Amaya es el juez que hace 36 años llamó por primera vez a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Su histórico fallo, proferido el 31 de enero de 1989, señaló múltiples irregularidades y de delitos atroces que no se podían calificar como delitos políticos.
Amaya, que en ese momento era el juez 30 de instrucción criminal, explicó que para la época se delegaron a unos ocho juzgados, “que hacían una labor similar a la que hace la Fiscalía en el sistema acusatorio”, y recogieron las pruebas del holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985, en el que no solo se analizó el actuar de los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia, sino también el de los militares que recuperaron el edificio. (Lea también: Un recorrido por el Palacio de Justicia en medio del holocausto: reconstrucción virtual)
“Lo que se detectó desde el punto de vista del análisis judicial fue que lo único que interesaba allí era el proceso militar de recuperación del Palacio de Justicia y de sometimiento a la guerrilla que había tomado el palacio y a los rehenes. En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, alguna de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, a través de los videos que fueron transportados a la Casa del Florero y después desaparecieron; dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció; personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más el propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las Fuerzas Militares”, dijo el exjuez Amaya.
El exfuncionario habló de los “graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección, varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos, lo cual, por supuesto, generó un riesgo que finalmente tuvo la consecuencia de la muerte de muchos de ellos”.
Sobre cómo procedieron los criminales, el exjuez dijo que se basaron en los “expertos técnicos de todo tipo y por la propia reconstrucción de los testigos que lograron sobrevivir a dicha tragedia”, con lo que “fue posible determinar cómo se adelantó el operativo táctico por parte de la guerrilla en los diferentes escenarios y pisos del palacio, y allí se detectó que varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder a esa al edificio”.
“En varios de los casos se determinó que, estando los rehenes protegidos, entre comillas, por la guerrilla, fueron expuestos para efectos de protegerse ellos mismos y esa exposición al combate generó sus muertes y algunos sobrevivieron milagrosamente”, añadió, precisando que hubo “una clara violación del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, que era un régimen normativo vinculante para el actuar de la fuerza pública y por supuesto en un escenario político, entre comillas, por la propia guerrilla que estaba actuando a nombre de esos supuestos ideales en esa en esa toma del palacio”. (Lea también: La historia de Orlando Arrechea, quien sobrevivió dos veces al holocausto del Palacio de Justicia)
Aclaró que “como jueces lo que hicimos fue determinar responsabilidades penales en cabeza, tanto de las autoridades públicas que actuaron allí en condición de militares como de la guerrilla”, por lo que llamó “a juicio, tanto a los autores materiales de la guerrilla, ellos fallecieron, como los autores intelectuales de la organización guerrillera, que eran todos aquellos actores que promovieron, facilitaron, idearon el plan de la toma”.
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Pero que fue el “gobierno de turno, con el fin de facilitar un supuesto proceso político de paz con la guerrilla del M-19, (el que) promovió mecanismos que generaron la amnistía y el indulto de esta cúpula, de estos actores guerrilleros por los delitos que se cometieron en el pasado para efectos de facilitar ese proceso de paz. Es decir, que el tema de la amnistía y el indulto fue una decisión política totalmente ajena a las decisiones que tomamos como jueces, en las cuales establecimos, probamos, demostramos la existencia de graves delitos”.
Lamentó que “los rehenes, las víctimas civiles, la alta cúpula de la rama judicial del poder público, los jueces y todas las distintas personas que quedaron en ese fuego cruzado no tuvieron ningún valor desde el punto de vista de su condición humana frente al actuar de la guerrilla absolutamente criminal y la reacción que tuvo el ejército”. (Lea también: Toma y retoma del Palacio de Justicia: la petición de los seres queridos de los desaparecidos)
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“No ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nulo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna”, agregó.
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