Los cuatro policías implicados en la muerte de Donovan Balanta fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías en Bogotá. La decisión fue tomada en el marco de la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento que inició desde el pasado 21 de octubre. En la diligencia, el fiscal encargado dio un relato pormenorizado de lo que vivió Balanta hasta su último minuto de vida. Noticias Caracol incluso reveló las imágenes grabadas por cámaras de seguridad con las que se comprueba, segundo por segundo, lo que le ocurrió a Balanta.
La medida de aseguramiento le fue impuesta al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años. Ninguno de los cuatro había aceptado los cargos. De hecho, uno de ellos fue visto en el búnker de la Fiscalía vistiendo una parte de la indumentaria de su uniforme como policía, de acuerdo con las imágenes conocidas por la opinión pública.
Donovan Balanta perdió la vida el pasado 20 de septiembre cuando fue detenido durante un procedimiento del barrio Caracolí, de Ciudad Bolívar. Posteriormente fue trasladado a la estación de policía de Cazucá, en Soacha. La captura de Balanta habría estado marcada por varias agresiones. Al parecer, recibió puños, patadas y descargas eléctricas con el dispositivo taser cuando estaba reducido en el suelo. De acuerdo con el informe de Medicina Legal que certifica el examen forense tras su muerte, Balanta falleció a raíz de una arritmia que fue desembocada por las numerosas descargas. Algunos policías habrían puesto en el documento donde registran cada movimiento en la estación información que no coincide con los registros audiovisuales obtenidos durante la investigación. (Conozca más detalles aquí: Cronología de la muerte de Donovan Balanta tras su captura: "Ahí te lo dejo tirado")
¿Qué cargos imputaron en el caso de Donovan Balanta?
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía le imputó a los uniformados tres delitos diferentes (dos en otros casos) de acuerdo con su grado de presunta responsabilidad:
- Jonathan Alexander Giraldo Torres, patrullero: homicidio agravado a título de dolo eventual, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público.
- Henar Tapiero Tique, subintendente: homicidio agravado a título de dolo eventual, bajo la figura de comisión por omisión, y tortura agravada.
- Santiago Vargas Romero, patrullero: homicidio agravado a título de dolo eventual, bajo la figura de comisión por omisión, y tortura agravada.
- Roque Correa Yáñez, mayor: homicidio agravado y tortura agravada, ambos bajo la figura de comisión por omisión, y falsedad ideológica en documento público.
Hay que tener en cuenta que, con los agravantes, el ente judicial tuvo en cuenta un enfoque diferencial y atribuyó a los cuatro las circunstancias de mayor punibilidad, al estar frente a hechos relacionados con la intolerancia y discriminación por motivos raciales o étnicos, los cuales quedaron demostrados de acuerdo con el testimonio que expuso el fiscal.
María Paula Rodríguez Rozo
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