El panorama para las víctimas del conflicto armado, según el informe de la Procuraduría, la Contraloría y Defensoría del Pueblo no es el mejor.
A ocho años de la promulgación de la ley de víctimas, solo se ha logrado reparar económicamente a un millón de personas de los nueve millones registrados.
Aunque los gobiernos han destinado 118 billones de pesos, se requiere tres veces más recursos para cumplir el compromiso.
“Se espera que el cumplimiento de la ley por los 10 años de extensión se dé hacia el 2030 y los cálculos que tenemos es que se requiere un esfuerzo fiscal cercano a los 357,4 billones de pesos”, afirma Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto.
Publicidad
Y la falta se siente en las regiones, donde representantes de las víctimas aseguran que en ocho años solo han recibido promesas y no acciones.
“Este informe evidencia que la demanda de las víctimas ha superado lo propuesto y por lo tanto existe una deficiente atención a todas nuestras necesidades”, dice Ludirlena Pérez Carvajal, vocera de la mesa de participación de víctimas.
Publicidad
Además, los organismos de control expresaron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia.
“Es un escenario lamentable, un escenario de aumento de la vulneración a los derechos de los líderes sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos y no es un secreto para nadie”, señaló el procurador Fernando Carrillo.
Según el informe de seguimiento de la ley de víctimas, las regiones con mayor inversión en reparación de víctimas han sido Antioquia, Bogotá, Barranquilla y Bolívar.
Mientras que las de menor son: San Andrés, Córdoba, Vaupés, Sucre Boyacá y Chocó.
Publicidad