La decisión del Gobierno de establecer en el decreto de garantías a la protesta que los bloqueos son ilegales ha sido calificada de arbitraria e inconstitucional por integrantes de la Mesa Nacional de Garantías.
“Con esa nueva definición en la manifestación pacífica lo que hace es prohibir el derecho a la protesta, lo hacen inviable, completamente arbitrario, para que cualquier autoridad de Policía o autoridad municipal diga cuándo es un crimen o cuándo cabe en el Código Penal”, afirmó Camilo González Posso, director de Indepaz.
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Plataformas de derechos humanos aseguran que incluso el Gobierno, con esta decisión sobre el decreto de garantías a la protesta, lo que está buscando es restringir derechos y afectar movilizaciones pacíficas.
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“Lo que no queremos pensar es que el Gobierno colombiano esté por esta vía ilegalizando manifestaciones y produciendo un efecto que no tiene permitido producir y es que la Policía disuelva manifestaciones pacíficas”, dijo Franklin Castañeda, vocero de plataforma de derechos humanos.
Gobierno responde
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El ministro del Interior, Daniel Palacios, intentó hacer unas precisiones al decreto que, según dice, hay que mirarlo de manera integral.
“Hay que diferenciar lo que es la incomodidad que se pueda generar por la manifestación pacífica cuando es organizada, por dónde va a transitar, que va a interrumpir momentáneamente el tránsito, que va a haber una reunión durante unas horas en un sitio a las que vimos en el país, y en eso no nos podemos llamar al engaño, en este país vimos bloqueos permanentes, determinados en interrumpir la movilidad, en afectar los derechos al trabajo, afectar los derechos de la salud y eso ya está tipificado en el Código Penal colombiano”, señaló Palacios.
Para el profesor Rodrigo Uprimny, esta modificación solo puede hacerse por vía de una ley estatutaria y no mediante un decreto.
“Si quieren hacer eso tienen que decretar un estado de excepción, es decir un estado de conmoción y asumir el control constitucional de la corte y no por un decreto ordinario que es la manera como este Gobierno en los últimos meses ha restringido los derechos fundamentales”, indicó Uprimny.
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Por considerar que es autoritario y viola derechos fundamentales, el decreto sería demandado ante el Consejo de Estado.
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