El poder criminal e intimidación de las disidencias de las FARC no solo se extiende al suroccidente del país. Como en los años 90, el Caquetá otra vez está inmerso en una espiral de violencia y miedo.
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Estos grupos terroristas siembran miedo de una insólita manera y se han convertido de nuevo en "autoridad" en esa región de Colombia. Ahora definen desde qué deben cultivar los campesinos hasta los horarios de movilización de la población.
Como si verlos pasar a plena luz del día por los cascos urbanos y armados no fuera suficiente, las disidencias imponen un estricto control sobre la población a través de unos instructivos o manuales de convivencia.
Han decidido la cotidianidad de la población e imponen horarios de apertura y cierre de comercios, el volumen de la música y hasta una especie de toque de queda que rige en medio de la mirada atónita de las autoridades.
Así lo describe uno de los líderes del departamento de Caquetá: “Ellos retienen a las personas o les retienen sus vehículos. A quien sorprendan después de cierta hora lo hacen amanecer ahí en el sitio donde ha sido la detención. Ya usted, donde le cogió la noche, allí ojalá haya una casa por ahí cerca donde pueda pernoctar y no siga”.
En las cartillas se ordena la carnetización de la población, se obliga a cultivar determinados alimentos, dictan órdenes de cómo cazar y pescar y hasta se le notifica a la población que quien no tenga limpio su lote pasará a manos de un tercero. Además, cualquier visitante deberá tramitar un permiso de permanencia temporal.
Según el gobernador de Caquetá, esos manuales se distribuyen en veredas, juntas de acción comunal y colegios. Y lo más grave son los castigos para quienes incumplan.
“Son horas de trabajo comunitario, multas económicas o tener que irse del departamento del Caquetá”, sostuvo Luis Francisco Ruiz, gobernador del departamento.
Mientras la vida de los civiles la deciden estos grupos ilegales, se suma otro drama: “La gente no tiene prácticamente ni qué comer y esta gente les exige una vacuna, por casa, por persona tienen que dar 50 mil pesos. Si son cuatro, son 200 mil pesos”.
Ante esta grave denuncia, así respondió el general Helder Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares: “Hacer caso omiso porque estos grupos terroristas no representan ninguna autoridad”.
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