Las tiendas Lili Pink fueron allanadas desde el pasado 27 de abril en toda Colombia después de que la Fiscalía General de la Nación destapara un presunto entramado empresarial que estaría ingresando productos de origen ilícito y de contrabando al país. Mientras la empresa Fast Moda S.A.S. hizo un llamado para “proteger a la marca colombiana”, el ente judicial ya tenía reunido el material probatorio para adelantar la diligencia ya mencionada. Alrededor de 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad fueron ocupados.
Cabe recordar que Fast Moda S.A.S. es la empresa dueña de Lili Pink y YOI, que cuentan con tiendas especializadas en la venta de ropa interior femenina y otros accesorios. La marca Lili Pink cuenta con cerca de 20 años de trayectoria.
¿Cuáles son las pruebas en contra?
Ahora el ente judicial señala que precisamente estas tiendas habrían funcionado como una fachada para un conglomerado que, presuntamente, ingresó mercancía que fue distribuida en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a actos que pretendían pasar por encima de la ley. La Fiscalía sostiene que el entramado estaría compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.
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Al parecer, la Fiscalía detectó que el conglomerado habría empleado maniobras para evadir el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Cabe decir que esto se ve registrado en documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), por lo que allí estaría reflejada la presunta evasión.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, desarrolló una investigación con la que lograron documentar distintas conductas delictivas como:
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- Lavado de activos, en cuantía de 730.000 millones de pesos
- Enriquecimiento ilícito, de más de 430.000 millones de pesos
Además, la DIAN aprehendió y decomisó mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos. La entidad confirmó a Noticias Caracol que la información recaudada por la Dirección está en manos de la Fiscalía para su respectivo proceso.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los bienes ocupados. Posteriormente, serán objeto de avalúo. Unos jueces especializados asumirán ahora el trámite de extinción de dominio.
Paula Rozo
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