Son 50 páginas en las que se condensan las denuncias de acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional y que fueron recopiladas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo.
La mayoría de las víctimas, según el informe, son mujeres.
En total fueron 240 personas entrevistadas por la agencia norteamericana USAID, de las cuales 25 hacen parte del área de presidencia de la Corte Constitucional.
Según el informe, “los ascensos y el asumir más responsabilidades parecen tener un alto costo para las mujeres. Crecer profesionalmente implica renunciar a la posibilidad de tener una familia y, en caso de no renunciar a ello, implica asumir dobles jornadas, incluso, a costa de su salud y de su estabilidad emocional; o asumir tareas que no les corresponde o que se alienan a la división sexual del trabajo”.
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Agrega el texto que “los jefes son más duros con las mujeres, especialmente con las que están embarazadas o que tienen hijos”.
Sin embargo, algunos hombres también contaron que las posibilidades de ascender al interior del alto tribunal son escasas, pues “quienes entran a las áreas de apoyo se quedan ahí, los magistrados/as no dan oportunidades, traen a su gente”.
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El capítulo más sensible del informe comienza con la identificación de prácticas de hostigamiento y acoso sexual que van desde comentarios inapropiados hasta tocamientos e intimidaciones.
“Cinco funcionarias de la corte dicen haberse sentido presionadas para aceptar citas o encuentros por fuera de las relaciones laborales. Además, dicen que dichas presiones han venido en su mayoría de hombres que tienen un cargo más alto, seguido por compañeros de trabajo. Cabe anotar que ningún hombre reportó este tipo de presión”, precisa el documento.
Doce de los entrevistados aseguraron haber recibido propuestas directas para tener relaciones sexuales y muchos de estos acosos empezaron en espacios como las fiestas de fin de año.
De los encuestados, el 52,4% de las personas violentadas decidió ignorar lo que pasaba, ya que, según ellos, denunciar no era lo más apropiado.
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Los testimonios involucraron a personas de alto rango, como magistrados.
Pero el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, dijo que en el informe de la USAID “no hay señalamiento concreto contra ningún magistrado”.
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El togado dijo que el informe llegó al alto tribunal el 12 de julio y el 15 de julio se decidió que debía “hacerse una labor de socialización” con los 280 funcionarios sobre este documento.
“Estamos frente a un diagnóstico, es la fase I (…) No tenemos los complementos que produzcan certeza de circunstancias concretas, personas denunciantes”, precisó Rojas Ríos al advertir que aún no se ha iniciado proceso alguno contra los trabajadores de la Corte Constitucional.
Asimismo, ofreció “excusas a las mujeres que están rindiendo testimonio de las circunstancias que denuncian”.
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