Dos militares resultaron gravemente heridos luego de que un grupo de personas les rociara gasolina y les prendiera fuego durante de un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en el departamento del Putumayo, informaron este miércoles fuentes castrenses. La asonada ocurrió en una zona rural del municipio de Villagarzón, puntualmente en la vereda Siloé, según un comunicado de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, que indicó que supuestamente la construcción era de propiedad de los Comandos de Frontera, una disidencia de las extintas FARC.
Los ataques de la población civil contra uniformados en zonas remotas controladas por las guerrillas son cada vez más frecuentes en el país, que atraviesa una crisis de seguridad por la violencia de grupos criminales que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de más de un centenar de asonadas contra tropas militares en distintas regiones desde 2021, lo que, según esa cartera, ha obstaculizado operaciones de seguridad y debilitado la presencia estatal en zonas afectadas por la violencia armada.
En el caso de este miércoles las tropas del Ejército adelantaban una operación para destruir un laboratorio de pasta base de cocaína en ese municipio, una zona fronteriza con Ecuador. Durante la asonada un oficial y un soldado resultaron con quemaduras de gravedad "tras ser rociados con gasolina para interrumpir el procedimiento".
¿Quiénes están detrás de estos hechos?
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que "quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos", sino que "son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares". Las autoridades le atribuyeron la responsabilidad de estos hechos a los Comandos de Frontera, un grupo que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las extintas FARC que se apartó del histórico acuerdo de paz en 2016 y opera en Colombia y Ecuador. En la actualidad, ese grupo ilegal negocia la paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro sin mayores avances. En mayo, los Comandos de Frontera fueron señalados por autoridades de Ecuador como responsables de matar a 11 militares en un ataque con fusiles y granadas durante una operación contra la minería ilegal en ese país.
En febrero, la Fiscalía capturó a Andrés Rojas, alias Araña, líder del grupo armado y negociador de paz, en medio de una reunión con delegados del gobierno. El ente acusador asegura que Rojas está involucrado en el "envío reciente de cocaína a los Estados Unidos" y es solicitado en extradición por ese país.
¿Quiénes son los militares heridos?
El Ejército dio a conocer que el operativo estaba a cargo de la Brigada de Selva 27 y el Batallón de Infantería de Selva 25, que tenían como objetivo "neutralizar fuentes de financiamiento ilegal" de las estructuras criminales que operan en esa zona. Los soldados heridos fueron identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya. Ambos, según las autoridades, fueron trasladados a un centro médico en Florencia, en el departamento de Caquetá, y más tarde, ante la gravedad de sus heridas, llevados a Bogotá.
"Estas acciones constituyen una grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados y representan una flagrante violación a los Derechos Humanos, toda vez que los uniformados cumplían estrictamente con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad", señaló el Ejército, que agregó que denunciará "ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte del grupo armado organizado (GAO-r) Comandos de Frontera para obstaculizar la ejecución de las operaciones militares, así como las agresiones cometidas en contra de nuestros hombres al servicio de la patria", anunciaron las tropas".
Por estos hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de este acto criminal.
Este nuevo ataque contra miembros de la fuerza pública se da luego de la retención durante varios días de 33 soldados por parte de una comunidad en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, que exigía explicaciones a la muerte en extrañas circunstancias de un civil. También días después de un ataque con explosivos en Cali y el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, a finales de agosto, que dejaron al menos 6 civiles y 13 policías muertos respectivamente, según las autoridades.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL
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