La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el inicio de una investigación administrativa contra la empresa encargada de la operación de la Catedral de Sal de Zipaquirá, por la presunta implementación de prácticas anticompetitivas relacionadas con la figura de ventas atadas en la comercialización de su servicio de ingreso.
De acuerdo con el comunicado oficial conocido este 17 de marzo de 2026, la actuación busca establecer si la administración del complejo turístico estaría obligando a los visitantes a adquirir paquetes integrales, denominados “pasaportes”, como única vía para acceder al recinto.
En ese sentido, la SIC advierte que la empresa “habría implementado un esquema de comercialización mediante pasaportes en el que se obligaría a los consumidores a adquirir una serie de servicios adicionales para lograr acceder al recinto, esto es, no permitiendo la compra individualizada del ingreso a la Catedral”. Esta práctica, de confirmarse, configuraría una posible restricción a la libre competencia en el mercado de servicios turísticos.
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Estos paquetes no solo incluirían el acceso al templo subterráneo, sino también una serie de servicios complementarios que los visitantes no podrían excluir y de acuerdo con la SIC "no permitirían a los visitantes elegir libremente los servicios que desean adquirir”, señala el documento oficial.
Entre los servicios que, presuntamente, se estarían incorporando de manera obligatoria junto con la entrada a la Catedral se encuentran las visitas guiadas dentro del templo, el acceso a internet, el ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza, el acceso al Museo Arqueológico de Zipaquirá y el transporte mediante el tren de salida.
Para la autoridad, el punto central de la investigación radica en la imposibilidad de adquirir únicamente el tiquete de entrada sin asumir estos servicios adicionales. “ Esto constituye el núcleo de la posible práctica anticompetitiva bajo investigación”, indica la SIC, que además advierte un eventual “abuso de posición de dominio por venta atada”.
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El organismo también pone el foco en el impacto que esta práctica podría estar generando en los consumidores. Según el comunicado, la situación “podría estar afectando la libertad de elección de los consumidores, quienes se estarían viendo obligados a pagar por servicios que no necesariamente desean o requieren”.
Como parte del análisis preliminar, la entidad advirtió que cerca de la mitad de los turistas que compran estos pasaportes no hacen uso de los servicios adicionales incluidos, lo que sugiere que dichos beneficios no serían esenciales para la visita al complejo.
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La Superintendencia también indicó que, en la fase inicial del proceso, se llevaron a cabo solicitudes de información, inspecciones administrativas y recolección de testimonios, con el objetivo de reunir pruebas que respalden la investigación en curso.
Por último, la autoridad señaló que se trata de una actuación en etapa temprana, por lo que la empresa involucrada cuenta con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa. Además, destacó que este procedimiento hace parte de su labor de vigilancia para asegurar la libre competencia y proteger a los consumidores, en medio del crecimiento que viene registrando el sector turístico en el país.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
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