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El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves 4 de septiembre la medida de aseguramiento en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Carlos Ramón González. El hombre, quien estaría vinculado con el caso de corrupción de la UNGRD, se encuentra fuera del país.
El magistrado de este tribunal, en dicha decisión, señala que no hay ningún tipo de arraigo por parte de Carlos Ramón González en el país y tampoco se ha demostrado su comparecencia en este proceso. Y es que, acorde con las recientes investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, este sujeto se encontraría en Nicaragua desde hace varios meses, hecho que ha impedido el avance correspondiente de la investigación y el procedimiento judicial.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se concluyó que se mantenía la medida de aseguramiento en contra del exdirector del Dapre al considerarse que la libertad de González sí representaría un importante riesgo para la investigación y la comparecencia de este proceso.
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La Fiscalía señala al exfuncionario Carlos Ramón González de haber sido el cerebro de esta red de corrupción, a través de la cual, al parecer, se buscaba darle coimas a diferentes congresistas del país a cambio de la aprobación de reformas que adelantaba el Gobierno Nacional. Acorde con información de la Defensoría del Pueblo, "estos dineros habrían sido utilizados para la financiación ilegal de campañas políticas, a cambio de toma de decisiones en el legislativo".
Otra de las personas implicadas en este grave escándalo es Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien para entonces habría tenido la principal misión de entregarle una suma de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name. Se plantea que Carlos Ramón González habría sido la persona que dio la orden para hacer la respectiva transacción económica.
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En entrevista con Noticias Caracol, Ortiz dijo: "A mí me dieron una instrucción en Presidencia, me la dio Carlos Ramón. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, acercar la presidencia del senado al gobierno. Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo: vamos a hacer una tarea, tratemos de acercar al presidente del Senado".
Se supo que el exdirector del Dapre viajó a Nicaragua en noviembre de 2024, en un momento en que las consecuencias judiciales del caso UNGRD comenzaban a afectarlo y su nombre aparecía en los testimonios de los testigos como una figura clave en la estrategia para beneficiar a ciertos parlamentarios, con el fin de asegurar el éxito de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso.
Pero el punto central en torno al escándalo deriva en que, al parecer, el exfuncionario habría renovado su residencia en Nicaragua con la ayuda de la rama ejecutiva, pese a que ya había un proceso abierto en su contra. Tras haberse presentado esta situación, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, solicitó “formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector de Dapre desde Nicaragua". En respuesta, el presidente Gustavo Petro se pronunció y dijo que iba a solicitar la entrega del hombre, en caso de que fuera residente en el país centroamericano. "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", dijo Petro en su momento.
En respuesta, Nicaragua negó dicha solicitud y le concedió asilo político al exdirector, argumentando, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO