UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no aceptan cargos imputados por Fiscalía

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exmnistro de Hacienda y uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, fueron imputados por tres delitos dentro del escándalo de corrupción la UNGRD. Para la fiscalía, los exfuncionarios deben responder por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interes indebido en celebración de contratos. Según el ente investigador, Velasco y Bonilla serían los cerebros del entramado criminal que habría sobornado a varios congresistas a cambio de impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso. Los exministros, contra quienes se pidió casa por cárcel, no aceptaron cargos este lunes.

Mientras en Bogotá Bonilla llegó en taxi al Tribunal Superior, Velasco se conectó virtualmente a la audiencia desde Cali. Una vez instalada la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño detalló cómo en más de un año de investigación concluyó que los exministros serían los lideres de un plan criminal con el propósito de comprar congresistas.

"Ustedes, Luis Fernando Velasco y Bonilla González lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas", afirmó la fiscal, quien explicó que los dos exministros gestionaron roles de personas como Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides para corromper al Congreso.

"Corrompió a Olmedo, a Sneyder, simplemente con la evaluación de contratos de preventas contractuales, sino que también como el mismo defensor lo declara se extendió al presidente del Senado, se extendió al presidente de la Cámara de Representantes. En realidad lo que revela es que sí había una apuesta común para corromper el Legislativo", dijo la fiscal Patiño.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía hay conversaciones de WhatsApp, correos electronicos, videos de camaras de seguridad del Ministerio de Hacienda -lugar donde se habrían realizado las reuniones para concretar los beneficios para los congresistas- e incluso grabaciones de las plenarias donde se debatían en su momento las reformas pensional y de salud y por las cuales se habría ofrecido contratos a aforados. Tambien testimonios claves, para la Fiscalía, fue determinante el de la exasesora Alejandra Benavides, quien manifestó que el ministro Bonilla la había usado.

"Plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República o de su concurrencia, quórum, deliberación y votación a los proyectos de endeudamiento de la nación que cursaban en la comisión interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público", señalan desde la Fiscalía.

Según la fiscal, la investigación arrojó que otras entidades del Gobierno habrían sido usadas para conseguir el favor de los congresistas atraves de la asignación de contratos a dedo.

Los exministros no aceptaron los cargos, y rechazaron los señalamientos de la Fiscalía. "Yo llevo medio siglo trabajando en entidades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. Eso lo conocen en la Fiscalía, lo tiene que conocer porque ya me esculcó. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias", manifestó el exministro Bonilla.

"En el momento en el que escuchen mis palabras, mis pruebas, mis argumentos muy seguramentela visión del país era otra, no acepto cargas, no tengo nada que negociar con la Fiscalía", dijo, por su parte, el ministro Velasco.

La Fiscalía, por lo pronto, pidió para los dos exministros una detención domiciliaria preventiva. Hacia las 7 p.m. se suspendió la audiencia. La solicitud de medida de aseguramiento seguirá el 15 de diciembre a las 9 a.m.

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