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Este lunes 15 de diciembre se cumple una jornada decisiva en la mesa de concertación del salario mínimo en Colombia para 2026. Representantes del Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales se reúnen para intentar cerrar la negociación del incremento que regirá a partir del 1 de enero de 2026. Se trata del último plazo formal para lograr un consenso; de no alcanzarse, el Ejecutivo quedaría habilitado para definir el aumento mediante decreto.
Aunque el salario mínimo es una referencia directa para los ingresos de cerca de dos millones de trabajadores formales, su reajuste tiene un alcance mucho mayor. Cada año, el incremento termina influyendo en el costo de varios bienes y servicios que están indexados a este indicador, lo que amplía el efecto del ajuste sobre la economía y sobre el presupuesto de los hogares.
Entre los rubros más sensibles se encuentran las pensiones que están atadas al salario mínimo. Analistas económicos han advertido que un aumento por encima de la inflación generaría presiones adicionales sobre el sistema pensional, especialmente en Colpensiones. Según estimaciones técnicas del presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, un punto porcentual real de incremento puede representar un costo superior a los $200 mil millones para las finanzas públicas, lo que explica por qué este tema es seguido con atención por el Ministerio de Hacienda.
"Hay dos mecanismos por los cuales un aumento del salario mínimo afecta las finanzas públicas. Uno, en la medida en que el gobierno es un gran contratador y obviamente un aumento importante del salario mínimo genera unas expectativas, una presión de que luego se den incrementos de la nómina estatal; y dos, en el tema pensional, nosotros hemos calculado que un aumento en un punto real, es decir, descuento de inflación del salario mínimo presiona las finanzas públicas en más de $200 mil millones", indicó en Noticias Caracol José Ignacio López, presidente de la Anif.
Otro de los servicios que suele ajustarse con el salario mínimo es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). El valor de esta póliza, indispensable para circular en el país, se calcula con base en variables que incluyen el salario mínimo, por lo que un aumento significativo puede traducirse en un mayor desembolso para los propietarios de vehículos, tanto particulares como de servicio público.
Las cuotas de administración en conjuntos residenciales y edificios también aparecen en la lista de posibles impactos. Aunque no existe una obligación legal de ajustar estas tarifas con el salario mínimo, en la práctica muchas copropiedades utilizan este indicador como referencia para actualizar los pagos mensuales, argumentando el aumento de los costos laborales del personal de vigilancia, aseo y mantenimiento.
El sector educativo tampoco es ajeno a esta dinámica. En el caso de la educación superior, especialmente en algunos programas de posgrado, las matrículas pueden registrar incrementos relacionados con el salario mínimo, ya sea de forma directa o indirecta, al reflejar mayores costos operativos para las instituciones.
A esto se suman otros conceptos como las multas de tránsito, los copagos y cuotas moderadoras en el sistema de salud, y la vivienda de interés social y prioritario. En este último caso, los topes de precios y los subsidios están definidos en salarios mínimos, lo que implica que un ajuste al alza modifica automáticamente los valores de referencia para compradores y beneficiarios.
Aunque el encargado de las negociaciones es Sanguino, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien entregó una cifra de lo que pretende el Gobierno Nacional, situando que el aumento debería llegar a un doble dígito; es decir, el 10 por ciento. Así las cosas, con esa cifra, el incremento pasaría de 1.423.500 pesos a 1.565.850 pesos, lo que representaría un aumento de 142.350 pesos.
Los sindicatos han manifestado que la base para la negociación debe plantearse en el doble dígito, situación que consideran que debe ser asumida por los empresarios para negociar. Para los trabajadores, el aumento tiene que ser del 16 por ciento. Esto significaría un aumento de 227.760 pesos.
Algunos de los gremios de los empresarios han señalado que la negociación debe ser "muy responsable con las cifras” y que se mantiene la "voluntad de la concertación". La cifra que han manejado es de 7.2 por ciento.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co