El Gobierno nacional, bajo la administración de De la Espriella, radicó formalmente ante el Congreso de la República el proyecto de la Ley de Rescate Económico. Esta iniciativa busca transformar las finanzas del país a través de tres ejes estructurales: aumentar los ingresos de la Nación, recortar el gasto público e incentivar la inversión de las empresas. Sin embargo, la propuesta ya desató un amplio debate por las implicaciones inmediatas que tendrá en el consumo cotidiano de los ciudadanos y en los ingresos de la clase media.
IVA y compras en plataformas: los productos que subirán de precio
Uno de los puntos más sensibles del articulado tributario es la unificación y eliminación de las tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De aprobarse la medida, productos de consumo diario como el café y la avena, así como los servicios de aseo y vigilancia, pasarán de tener una tarifa reducida del 5% al cobro general del 19%.
La reforma también impacta a la movilidad limpia y al sector del entretenimiento. Los vehículos híbridos y eléctricos, al igual que los juegos de suerte y azar y las apuestas en línea, quedarán gravados con la tarifa del 19%. Por su parte, el comercio electrónico internacional registrará un cambio directo: las compras menores a 200 dólares en plataformas populares como Temu o Shein, que anteriormente contaban con una tarifa del 0%, pasarán a pagar un IVA del 19%. A este panorama se suma un incremento en los impuestos al consumo dirigidos a la cerveza, otros licores y el tabaco, junto con una mayor tarifa en el impuesto saludable aplicado a la comida chatarra y las bebidas gaseosas.
Devolución del IVA y la postura del Banco de la República sobre la inflación
Ante el impacto sobre el consumo, el proyecto contempla un esquema de compensación social orientado a proteger a los hogares de menores ingresos. Según lo expuesto por el Gobierno, a cerca de 19 millones de personas en condición de pobreza se les devolvería el IVA abonado en sus compras, estimado en aproximadamente 138.000 pesos mensuales por hogar, entregados incluso de manera anticipada. Para los hogares de ingresos medios-bajos, el proyecto prevé un reembolso de al menos el 50% de ese valor.
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En el frente macroeconómico, el gerente del Banco de la República analizó los efectos de la iniciativa. Aunque reconoció que el alza del IVA puede generar un impacto inmediato sobre los precios de los bienes, enfatizó que este efecto debe sopesarse contra la reducción del déficit fiscal. Desde la perspectiva del emisor, un ajuste ordenado en las finanzas públicas contribuye a reducir las presiones económicas y ayuda a controlar la inflación en el mediano plazo.
La clase media colombiana enfrentará dos modificaciones relevantes en sus finanzas personales. En primer lugar, se establece la reducción de la base gravable para el impuesto de renta de personas naturales. Con este ajuste, los ciudadanos con ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales deberán presentar su declaración ante la Dian. Aunque las autoridades señalan que en diversos casos esto no implicará un pago del impuesto, sí exigirá informar los ingresos y el patrimonio acumulado.
En segundo lugar, la propuesta sobre los aportes al sistema de salud plantea un cambio considerable para los trabajadores con ingresos superiores a dos salarios mínimos. Para este grupo, la cotización individual a la salud, que actualmente equivale al 4% descontado por nómina, se incrementará de manera gradual según el nivel salarial, pudiendo alcanzar hasta un 8%, lo que significa prácticamente duplicar el descuento actual.
Impuesto de renta a empresas y la advertencia de las pymes
En contraste con las personas naturales, la tarifa del impuesto de renta aplicable a las empresas experimentará una reducción progresiva. La norma busca bajar el tributo corporativo del 35% actual al 33% para el próximo año, fijando una meta del 31% hacia el año 2028 para estimular la inversión empresarial.
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Desde el sector gremial, la dirección de Acopi Bogotá advirtió que, si bien la reducción retorna a niveles tarifarios anteriores, resulta indispensable incluir una tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el gremio, una pyme soporta hoy una tributación efectiva superior a la de una gran corporación. Asimismo, Acopi manifestó preocupación por el impacto del impuesto al consumo sobre las ventas y por los mayores costos formales en la cotización de los trabajadores independientes.
El capítulo referente a la austeridad estatal contempla metas de reducción en el funcionamiento del Gobierno. Para el año 2027 se proyecta una disminución del 50% en los contratos de prestación de servicios, mientras que para 2028 se fija un recorte del 20% en la nómina estatal. Adicionalmente, el texto incluye facultades extraordinarias para el Presidente de la República durante un lapso de seis meses, con el propósito de suprimir o fusionar ministerios y entidades públicas.
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La iniciativa queda ahora bajo la discusión del Congreso de la República, que evaluará la aprobación total o parcial de sus artículos. Con el objetivo de lograr su expedición antes del 15 de diciembre, el Gobierno nacional contempla solicitar un mensaje de urgencia para priorizar el debate legislativo en las semanas restantes.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.
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