Una guerra se ha desatado por el control de la tierra y el río San Juan, uno de los ríos más importantes de Colombia, que desemboca en el Océano Pacífico y que conecta al noroeste con el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y con numerosas islas que lo rodean.
El río era la autopista que daba vida a las comunidades indígenas y afro del Chocó, ahora vuelve a llevar muertos y desplazados sobre sus aguas, mientras los dos grupos armados, AGC y ELN, van tras el botín de guerra.
Estas son las razones por las cuales se presentan los enfrentamientos:
- La cadena del narcotráfico y su salida al mar
- El cultivo de la hoja de coca y los laboratorios de procesamiento
- La extracción ilícita de recursos naturales, minería y madera
- Tráfico de armas
“El primer día, hasta las cinco de la tarde, y ya en la noche se cogían y calmaban y el otro día seguían. Por dos días y ya, subimos para acá y siguieron", explicó un desplazado.
"Estamos en medio del fuego cruzado y cuando se incrementa la guerra las comunidades quedamos en situación de afectación a cualquier situación que atente con nuestra vida, nos desplazan, nos confinan", expresó la lideresa social Elizabeth Moreno.
Pero no siempre ha sido así, cuenta Elizabeth Moreno, lideresa de San Juan, que lograron vivir cuatro años en calma por un pacto que en 2017 presionó la comunidad, entre las AGC y el ELN.
“Las comunidades citaron a ambas partes de los grupos armados y se dio un espacio de diálogo, donde la comunidad expuso de querer vivir en paz, de que no se agredieran entre ellos en medio de las comunidades", agregó Elizabeth Moreno.
Todo fue posterior a la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC, que dominaba gran parte de la región.
Son cuatro las comunidades más afectadas por los grupos ilegales: Dipurú del Guácimo, La Unión, Isla de la Cruz, y San Miguel. La mayoría están confinadas.
El padre Albeiro Parra ha hecho su apostolado de servicio en estos territorios y los conoce como las palmas de sus manos.
“Para nadie es un secreto que estos grupos armados están allí dentro de las comunidades. Eso es lo que a uno le duele porque casi que uno sabe dónde va a ser el próximo evento, el próximo enfrentamiento. Y es la preocupación en la zona, es como el efecto dominó. Cuando no es San Juan, es Baudó; cuando no es Baudó, es Bojayá; y cuando no es López de Micay o Timbiquí, o Roberto Payan o el Charco, es algo muy grave que está ocurriendo en estos territorios étnicos".”, dijo el padre Albeiro, coordinador regional del Pacífico.
Asegura que ya corren vientos de guerra en la zona de la costa caucana que apuntan a Guapi y Timbiquí.
“Ya uno empieza a sentir los reportes de la zona de los sacerdotes, de los líderes diciendo 'padre Albeiro, ojo que ya hay comentarios y miren a ver si generan una alerta, hable con los señores Obispos, hable con la Defensoría del Pueblo con la ONU, con el gobierno a ver qué hacemos'", agregó el padre Albeiro.
En el Chocó, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo no han dejado de sonar por estos días, son 16 alertas emitidas advirtiendo que más de la mitad de los municipios del departamento están en peligro.
"Abarca el 72% de la población, estamos hablando de un aproximado de 396 mil personas de un total de 550 mil que es la población del departamento del Chocó, nos preocupa de manera significativa la situación de DDHH y los posibles riesgos que se pueden derivar de esto”, afirmó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Los desplazamientos no paran y los confinamientos de comunidades enteras son preocupantes.
"Las personas que quedan confinadas quedan con doble vulneración a las afectaciones teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los grupos armados regresan al territorio. Es muy urgente para nosotros como procesos organizativos que se brinde una atención a estas personas que se quedan haciendo resistencia en los territorios defendiendo la vida" dijo Elizabeth Moreno.
“Las comunidades no aguantan más, no aguantan más y es muy triste uno ver las comunidades en unas situaciones tan duras y difíciles”, expresó el padre Albeiro.
La Coordinación Regional del Pacífico, una alianza entre la Iglesia y las comunidades étnicas, sigue de cerca la situación, y mientras emiten comunicados clamando soluciones, plantean una hoja de ruta al Estado.
“Estamos pidiendo al Estado colombiano , al Gobierno, es que sea garante de los derechos, es decir que haya una presencia real del Estado es el tema grave que está ahí, de salud, de educación, de seguridad alimentaria", dijo el padre Albeiro
Pero van más allá y hablan de soluciones efectivas e inmediatas de pacificación:
"Corredores de paz y la firma de un proceso que nosotros lo hemos llamado ‘Pacto por la Vida y Pacto por la Paz’, donde los actores hoy involucrados en al guerra las AGC, los paramilitares, la guerrilla del ELN, si hay disidencias de las FARC y la fuerza pública, busquen o busquemos la estrategia de un diálogo que nos lleve a una salida de paz territorial que son las que necesitamos", declaró la lideresa del Consejo Mayor del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), Elizabeth Moreno.
"La reanudación de la mesa de diálogos con el ELN y para los otro unos diálogos de sometimiento a la justicia de estos otros grupos que están allí. Por favor, no sigan reclutando más niños, por favor no sigan colocando mas minas, por favor no sigan cooptando todos los procesos de las comunidades, que se respete el derecho internacional humanitario. Un cese al fuego bilateral o unilateral que se pueda hacer unos mínimos humanitarios", solicitó el director de la Coordinación Regional del Pacifico, el padre Albeiro Parra.
Hasta ahora, Noticias Caracol no ha recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno, ni por parte del ELN y de ningún grupo armado
La Iglesia, las comunidades Y las organizaciones piden que salga del papel para calmar esta guerra ajena que los chocoanos están volviendo a padecer sin que nadie haga algo.
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