
Una tensión diplomática y judicial crece por cuenta de las capturas de cuatro poderosos integrantes del Tren de Aragua que están presos en Colombia y cuya extradición se la disputan Chile y Venezuela. En el detrás de cámaras de esa pelea está un caso por el cual el régimen de Nicolás Maduro volvió a quedar en la mira de la Corte Penal Internacional.
Se trata del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, un crimen cometido por el Tren de Aragua en Chile a órdenes del regimen chavista, como lo ha señalado la Fiscalía chilena. Por su alto perfil delincuencial, los cuatro extraditables podrían ser testigos directos de una alianza entre ese gobierno y la organización criminal trasnacional.
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El teniente Ronald Ojeda fue un desertor del ejército venezolano al que integrantes del Tren de Aragua, disfrazados de policías, sacaron de su casa en Santiago de Chile en la madrugada del 21 de febrero de 2024. Su cuerpo fue enterrado debajo de una construcción y hallado con signos de asfixia y tortura.
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Los detalles de esta historia, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, desataron una crisis política y diplomática entre Chile y Venezuela, pues la investigación de la Fiscalía chilena confirmó que la orden para cometer este crimen provino del propio régimen de Nicolás Maduro y así lo denunciaron ante la propia Corte Penal Internacional.
Ángel Valencia, fiscal general de Chile, indicó que “tuvimos una reunión provechosa con el fiscal de la Corte Penal Internacional, el fiscal Kan, para transmitirle antecedentes generales del secuestro con homicidio del que fue víctima el teniente Ronald Ojeda, un refugiado político en Chile que habría sido secuestrado y asesinado con motivaciones de esta naturaleza, por motivaciones políticas”.

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¿Quiénes son los cuatro extraditables?
A raíz de las investigaciones de la Fiscalía chilena y en el marco de los convenios de cooperación, las autoridades capturaron en Colombia a cuatro integrantes de ese grupo criminal que buscaron escondite en el país: Dayonis Orozco, alias El Botija; Carlos Gómez, alias Bobby, Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, y Larry Álvarez, alias Larry Changa.
Están hoy detenidos en la cárcel La Picota, de Bogotá, y aunque sus nombres son desconocidos para la opinión pública, ellos son ahora los protagonistas de una pelea entre dos países que se disputan su extradición: Chile y Venezuela.
El conflicto tiene un solo trasfondo: por su alto perfil en la organización criminal, los cuatro extraditables podrían ser la clave para esclarecer la alianza descrita por la Fiscalía chilena entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua para cometer crímenes trasnacionales, como lo fue el asesinato de Ronald Ojeda.
En la mitad de esta disputa está el Gobierno de Colombia, que tiene la última palabra para decidir sobre su extradición. Noticias Caracol conoció que, uno de los casos, cuyo trámite ya estaba casi listo, está congelado en el Ministerio de Justicia y el Palacio de Nariño.
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Se trata de alias El Botija, quien fue capturado en una carretera cerca a Popayán, cuando intentaba pasar la frontera rumbo a Ecuador. ‘El Botija’ es catalogado como el segundo hombre más importante del Tren de Aragua en Chile y fue requerido por uno de los muchos homicidios que viene cometiendo la organización en ese país.
Al comienzo, el trámite en Colombia para su extradición a Chile avanzó sin tropiezos. La Corte Suprema rindió concepto favorable y hasta el mismo presidente Gustavo Petro firmó a comienzos de 2025 su extradición. Pero cinco meses después esta sigue sin ser ratificada, un paso obligado dado que la defensa de 'El Botija' interpuso recurso de reposición, el cual debe ser resuelto por el propio presidente de la República.
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Esta demora la aprovechó el régimen venezolano, que se le atravesó en el camino a Chile y también pidió la extradición del delincuente, lo que deja a Colombia en la encrucijada de elegir si entrega este peligroso delincuente a Chile o a Venezuela.
Este medio tuvo acceso a la solicitud tramitada por el polémico Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab. El asunto llama la atención por varias razones: en primer lugar, porque piden en extradición a alias El Botija por el crimen de Ronald Ojeda, un asesinato que ocurrió en Chile y no en Venezuela. Y lo más absurdo es que Venezuela abrió el proceso de extradición tomando como base las pruebas que la propia Fiscalía chilena pidió practicar a modo de asistencia mutua con ese país. Así consta en la petición:
El 9 de abril de 2024 se recibió solicitud de asistencia mutua requerida por la República de Chile (...) se pudo constatar la existencia de una banda criminal que opera dentro de la República de Venezuela y demás países de Latinoamérica, destacando el hecho ocurrido el 21 de febrero de 2024, donde sujetos identificados en la investigación como alias 'Bobby', alias 'Botija' y alias 'El Turco' ejecutaron acción de manera conjunta
Según el exfiscal venezolano Zair Mundaray, al reclamar competencia territorial en este caso, Venezuela incurre en una contradicción y en un acto de torpeza jurídica. “Acá hay varias anomalías. A partir del mecanismo de cooperación construir un expediente, ¿para qué? ¿Para luego ir a hacer una solicitud de extradición respecto de unos hechos respecto a los cuales no tienes competencia territorial para investigar?”, se preguntó.

Lo más grave para el exfiscal es que, con esta solicitud, Venezuela está reconociendo implícitamente que participó en la planificación del crimen, algo que ha negado el régimen. “Tendrías competencia territorial para investigarlo, primero, porque es un hecho que no ha ocurrido en territorio venezolano, pero solo si aceptas que se trata de un crimen que ha sido planificado en Venezuela y eso ya lo ha negado el Ministerio Público venezolano, entonces, si tú lo pides, si haces esa solicitud, de alguna manera estás aceptando que en Venezuela ha ocurrido algún acto del iter criminis. Es de una, desde el punto de vista jurídico, es de una torpeza enorme, ¿por qué? Porque entonces la planificación sí pudo haber ocurrido en Venezuela, de modo que sea la única razón por la cual tú tendrías que pedir al sujeto para tratar de aclarar cuáles fueron los actos concretos del llamado inter criminis. ¿Qué es inter criminis? Alguna de las fases de ejecución del hecho”, explicó.
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El exalto funcionario de la Fiscalía venezolana también dijo por qué esta solicitud viola las reglas en materia de asistencia judicial: “Si es a partir justamente del mecanismo de cooperación que has iniciado la investigación, es absolutamente una deslealtad y una falta a los mecanismos y de cumplimiento de la convención interamericana de asistencia mutua en materia penal. La información que obtengas de allí, debes remitirla al país requiriente, es decir, Venezuela debe enviar la información a Chile, pero no puede hacer uso de ella porque existen unas prohibiciones que están exactamente en la norma”.
El caso de ‘El Botija’ es idéntico al de otro extraditable del Tren de Aragua: Carlos Gómez, alias Bobby, también capturado en Colombia como jefe de esta organización criminal en Chile. La Corte Suprema de Justicia acaba de avalar su extradición a Chile; sin embargo, tendrán que pronunciarse sobre el repentino pedido de extradición que también llegó desde Venezuela y, de nuevo, el presidente Petro tiene la última palabra.
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Pero quizá el caso que mejor evidencia el afán que tiene Venezuela en atravesarse al caso de Ojeda es el de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, capturado en Boyacá como responsable de sepultar el cuerpo del militar desertor.
La Fiscalía chilena lo acusa de haber intentado desaparecer el cuerpo metiéndolo en una maleta con cal y después enterrándolo bajo cemento en una construcción en un barrio de Santiago de Chile. Fotografías, chats y múltiples testimonios demuestran que la orden era borrar cualquier huella y, en este episodio, ‘Gocho’ tiene toda la información. De ahí el evidente interés de Venezuela en impedir que estos extraditables pisen suelo chileno. Así también lo ratificó la Fiscalía de Chile al pronunciarse frente a la posibilidad de que sean enviados a Venezuela y no a su país.
“Como sabemos, Venezuela, por su propia Constitución, prohíbe la extradición de sus nacionales; por lo tanto, si esta hipótesis llegara a concretarse y estas personas fueran enviadas a Venezuela significaría que no las podríamos extraditar a Chile en concreto y tendrían que ser juzgadas en Venezuela, lo cual, desde la perspectiva de nuestras investigaciones y nuestros objetivos, no sería para nada positivo”, explicó Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile.
Para las autoridades chilenas no hay duda de que esta estrategia de Venezuela de pedir en extradición a los integrantes del Tren de Aragua capturados en Colombia solo busca ocultar la responsabilidad del régimen por crímenes ocurridos más allá de sus fronteras.
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